Por dónde empezar y qué hacer para
reunificar a la izquierda
La desideologización y corrimiento hacia el centro no es una desviación ideológica y política exclusiva de la otrora izquierda guatemalteca. Lo mismo sucede con los llamados intelectuales no orgánicos. El movimiento sindical, por su parte, se ha desclasado, lo caracteriza el abandono de la lucha política y una dirigencia carente de prestigio y autoridad. El movimiento social y popular, a su vez, se ha gremializado y dispersado, en tanto que la sociedad civil pierde cada vez más su independencia y su orientación general no corresponde ya al papel que debería estar jugando.
No sucede lo mismo con la clase obrera, el campesinado, los pueblos indígenas, las capas medias empobrecidas, la población en situación de pobreza y pobreza extrema y los demás sectores trabajadores de la ciudad y el campo. Potencialmente y por sus antecedentes y consecuencia social y popular, estos contingentes siguen siendo y constituyen --teóricamente y en la práctica--, la fuerza principal de la Revolución democrática, social y popular en nuestro país.
En ese marco, dos son los factores que no permiten el fortalecimiento de la izquierda y su reunificación y que afectan, por igual --con sus particulares características y desiguales niveles de profundidad-- a los distintos sectores y fuerzas del movimiento social y popular.
El primero, lo constituye el olvido y pérdida de la identidad y consecuencia y del momento histórico, sus antecedentes, perspectiva y probable desenvolvimiento y desarrollo.
En una prolongada y tan agravada crisis económica, social, política e institucional como en la que está el país, no sólo es contradictorio sino absurdo e inaceptable ese corrimiento hacia el centro y la sucesiva desideologización de la izquierda, su dispersión y fragmentación. No se trata de que --como contrapartida-- haya que radicalizar el discurso político. No. No es cuestión de palabras sino de concepción y práctica revolucionaria
De lo que se trata es de poner el énfasis en lo fundamental y que en el momento actual debería seguir siendo el trabajo interno de organización, educación, formación, preparación y capacitación política --desde la base a la dirección-- dado que es el eslabón principal a aferrarse para asegurar el avance, desarrollo, fortalecimiento y ampliación de la lucha por la democracia, la independencia y soberanía nacional, las transformaciones estructurales de fondo que el país necesita así como para sentar las bases de una etapa superior de desarrollo y progreso, justicia y equidad, inclusión y participación social y popular.
Un segundo factor lo constituye la falta de una discusión amplia, abierta, respetuosa y sin exclusiones, de las principales cuestiones de la lucha revolucionaria en la legalidad y, en lo fundamental, de las causas, manifestaciones y consecuencias de la desideologización, el corrimiento hacia el centro y el aislamiento y marginación política.
Si esta discusión ya se hubiera sacado de los cenáculos en que se da y que para lo único que sirve es para acentuar la dispersión y criticar a terceros por todo lo malo que ha estado pasando --sin asumir la responsabilidad que se tiene sea por omisión, protagonismos personales o liderazgo mal entendido y peor practicado--, otra sería la situación. Para decirlo coloquialmente, nadie quiere dar su brazo a torcer. Ello es parte de viejas prácticas de un pasado izquierdizante que ahora se reproducen con creces desde el centro izquierda.
En consecuencia, el fortalecimiento de la izquierda y la vía a seguir a fin de empezar seriamente a trabajar a favor de su reunificación, tendría que empezar por el debate y tratamiento crítico y autocrítico de las desviaciones ideológicas y políticas --tanto de derecha como de izquierda-- y la irrelevancia electoral e institucional de los reagrupamientos y expresiones de izquierda así como el debilitamiento, desgaste y anquilosamiento del movimiento social y popular.
Por donde no hay que empezar es en afirmar que son más las diferencias que se tienen --lo que por cierto es así y no hay que ignorar--, y que, al ponerlas por delante y magnificar, se constituyen en el obstáculo mayor para convenir las bases iniciales de la reunificación.
En todo caso y como quiera que sea, el esfuerzo principal hay que centrarlo en encontrar lo mínimo en que se coincida y que por mínimo que sea --si es en algo de lo fundamental-- ya es un buen punto de partida para el qué hacer unitario en lo organizativo, ideológico, político e institucional, subrayo, en lo organizativo, ideológico, político, institucional y unitario, revolucionario, participativo, democrático, protagónico, social y popular.
miércoles, 31 de marzo de 2010
miércoles, 24 de marzo de 2010
A media semana
Desde el centro izquierda,
se dificulta más la reunificación
Uno es el antecedente inmediato y varios los factores a considerar al momento de abordar lo referente a la dispersión y atomización de la izquierda guatemalteca y las posibilidades reales de su reunificación. La dispersión y atomización es un proceso que se desencadena casi inmediatamente después de la firma de la paz y se hace evidente a partir de las votaciones de 1999. Es resultado, además, de manifestaciones de oportunismo, protagonismos personales y ausencia de liderazgo real.
Durante los trámites para la inscripción de URNG como partido político, fue más notoria la existencia de corrientes y tendencias en sordas disputas por la hegemonía al interior de la dirección. Lo predominante era, por un lado, el corrimiento hacia el centro, desideologización y subestimación de lo organizativo y, por el otro, un radicalismo verbal de izquierda con el que se justificó la ruptura en que terminó la segunda Asamblea Nacional.
Como resultado de la sucesiva renuncia a los principios, planteamientos fundamentales y consecuencia revolucionaria, la unidad de las cuatro organizaciones político militares, forjada durante el conflicto armado interno y en el curso del proceso para la búsqueda de la paz por medios políticos, se tornó cada vez más en aparente que real.
En la práctica, no se acató la decisión de disolverlas. Cada una, por su lado, trató de conservar su espacio, mantener el control de sus bases y, al final de cuentas, las cosas quedaron como si nada se hubiera acordado a principios de 1997. Las mayoritarias, pero hasta entonces no declaradas corrientes de centro izquierda, fueron copando los órganos de dirección.
En tales condiciones, URNG deja sucesivamente de ser lo que había sido en sus mejores momentos, que sí los tuvo. El radicalismo izquierdizante, como respuesta al corrimiento hacia el centro, en lugar de favorecer y afianzar las posiciones revolucionarias, acentuó la división que se prolonga hasta hoy.
La marginal participación y pobres resultados en las votaciones de 2007 --mucho más adversos que los de 2003--, dejan en claro que desde el centro izquierda no es posible convertirse en alternativa real al corrupto sistema electoral y de partidos ni constituirse en la fuerza que políticamente asuma y encabece la lucha por las demandas y reivindicaciones de la clase obrera, el campesinado, los pueblos indígenas, las capas medias empobrecidas, el movimiento social y popular, la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema y demás capas trabajadoras de la ciudad y el campo.
En condiciones muy concretas, no sólo es posible sino necesario utilizar la vía institucional para la toma del poder político. Pero supone no pocos riesgos, el principal de los cuales es que lo electoral se absolutice y se abandone el trabajo interno de organización, educación, capacitación y formación política de las bases, la militancia, los afiliados, amigos, simpatizantes y votantes a ganar para la Revolución.
A mí me parece que esto es lo que ha estado ocurriéndole a URNG y a ANN, a Encuentro por Guatemala y a Winaq e, igualmente, le podría pasar al Movimiento Nueva República (MNR), de reciente formación. El Frente Popular (FP – SDS), podría no caer en esta desviación si mantiene la decisión adoptada al momento de su constitución en cuanto al trabajo de organización, formación y capacitación política e ideológica de sus bases y cuadros de dirección.
Para el caso del país, la vía electoral no hay que desestimarla a sabiendas de que el sistema económico social está sumido en una crisis de lo más profunda. Siendo ésta su debilidad principal, la fortaleza y perspectiva de una alternativa democrática y popular pasa por la corrección y superación de los errores del 2003 y 2007 y tener siempre presente que la acumulación de fuerzas para derrotar a los electoralmente adversarios de la derecha y del centro y obtener una votación mayoritaria, democrática, popular, conscientemente avanzada y progresista, depende del trabajo entre el electorado a ganar, movilizar, organizar, unir y cohesionar para la toma del poder político pero, jamás, a costa de abandonar las posiciones revolucionarias de las bases, militantes y afiliados y la lucha por las transformaciones estructurales de fondo que el país necesita.
A los factores que están en la base de la dispersión y atomización de la izquierda guatemalteca, a los que obstaculizan el restablecimiento de su unidad y a los que lo favorecen, así como a por dónde empezar y qué hacer para tratar de alcanzar la reunificación, me referiré la semana entrante.
se dificulta más la reunificación
Uno es el antecedente inmediato y varios los factores a considerar al momento de abordar lo referente a la dispersión y atomización de la izquierda guatemalteca y las posibilidades reales de su reunificación. La dispersión y atomización es un proceso que se desencadena casi inmediatamente después de la firma de la paz y se hace evidente a partir de las votaciones de 1999. Es resultado, además, de manifestaciones de oportunismo, protagonismos personales y ausencia de liderazgo real.
Durante los trámites para la inscripción de URNG como partido político, fue más notoria la existencia de corrientes y tendencias en sordas disputas por la hegemonía al interior de la dirección. Lo predominante era, por un lado, el corrimiento hacia el centro, desideologización y subestimación de lo organizativo y, por el otro, un radicalismo verbal de izquierda con el que se justificó la ruptura en que terminó la segunda Asamblea Nacional.
Como resultado de la sucesiva renuncia a los principios, planteamientos fundamentales y consecuencia revolucionaria, la unidad de las cuatro organizaciones político militares, forjada durante el conflicto armado interno y en el curso del proceso para la búsqueda de la paz por medios políticos, se tornó cada vez más en aparente que real.
En la práctica, no se acató la decisión de disolverlas. Cada una, por su lado, trató de conservar su espacio, mantener el control de sus bases y, al final de cuentas, las cosas quedaron como si nada se hubiera acordado a principios de 1997. Las mayoritarias, pero hasta entonces no declaradas corrientes de centro izquierda, fueron copando los órganos de dirección.
En tales condiciones, URNG deja sucesivamente de ser lo que había sido en sus mejores momentos, que sí los tuvo. El radicalismo izquierdizante, como respuesta al corrimiento hacia el centro, en lugar de favorecer y afianzar las posiciones revolucionarias, acentuó la división que se prolonga hasta hoy.
La marginal participación y pobres resultados en las votaciones de 2007 --mucho más adversos que los de 2003--, dejan en claro que desde el centro izquierda no es posible convertirse en alternativa real al corrupto sistema electoral y de partidos ni constituirse en la fuerza que políticamente asuma y encabece la lucha por las demandas y reivindicaciones de la clase obrera, el campesinado, los pueblos indígenas, las capas medias empobrecidas, el movimiento social y popular, la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema y demás capas trabajadoras de la ciudad y el campo.
En condiciones muy concretas, no sólo es posible sino necesario utilizar la vía institucional para la toma del poder político. Pero supone no pocos riesgos, el principal de los cuales es que lo electoral se absolutice y se abandone el trabajo interno de organización, educación, capacitación y formación política de las bases, la militancia, los afiliados, amigos, simpatizantes y votantes a ganar para la Revolución.
A mí me parece que esto es lo que ha estado ocurriéndole a URNG y a ANN, a Encuentro por Guatemala y a Winaq e, igualmente, le podría pasar al Movimiento Nueva República (MNR), de reciente formación. El Frente Popular (FP – SDS), podría no caer en esta desviación si mantiene la decisión adoptada al momento de su constitución en cuanto al trabajo de organización, formación y capacitación política e ideológica de sus bases y cuadros de dirección.
Para el caso del país, la vía electoral no hay que desestimarla a sabiendas de que el sistema económico social está sumido en una crisis de lo más profunda. Siendo ésta su debilidad principal, la fortaleza y perspectiva de una alternativa democrática y popular pasa por la corrección y superación de los errores del 2003 y 2007 y tener siempre presente que la acumulación de fuerzas para derrotar a los electoralmente adversarios de la derecha y del centro y obtener una votación mayoritaria, democrática, popular, conscientemente avanzada y progresista, depende del trabajo entre el electorado a ganar, movilizar, organizar, unir y cohesionar para la toma del poder político pero, jamás, a costa de abandonar las posiciones revolucionarias de las bases, militantes y afiliados y la lucha por las transformaciones estructurales de fondo que el país necesita.
A los factores que están en la base de la dispersión y atomización de la izquierda guatemalteca, a los que obstaculizan el restablecimiento de su unidad y a los que lo favorecen, así como a por dónde empezar y qué hacer para tratar de alcanzar la reunificación, me referiré la semana entrante.
jueves, 18 de marzo de 2010
A media semana
Las pugnas por el control
del poder político
En respetuoso y fraternal homenaje al amigo y
compañero Carlos Enrique Wer, fallecido en Cuba
el fin de semana, y en solidaridad y con sentidas
muestras de pesar a su señora madre, su compañera e
hija y a todos quienes se identifican con sus ideales
y continúan en la lucha por una Guatemala
emancipada y un mundo mejor
Hay quien asegura que la política es de lo más corrupta y detestable. A fuerza de repetirlo, no son pocos los que así lo crean. Lo mismo sucede con la realidad. En algunos casos, se dice que ésta supera a la ficción. Lo cierto es que la política, cuando está en manos de corruptos, acaba convirtiéndose en un qué hacer perverso. La política la corrompen quienes la utilizan con aviesos propósitos.
Lo que acontece en un momento dado no es que supere a la ficción. Por exagerado que parezca, si se le ve así, termina distorsionándose, se le exagera y al exagerársele se le descontextualiza, supone quedarse en lo superficial y externo, y no permite ahondar en sus causas, manifestaciones y consecuencias ni explicarlo e interpretar con objetividad.
La realidad, en todo caso, depende del sistema y modelo adoptado. La nuestra, corresponde a un sistema económico y social injusto y un modelo en prolongada crisis. Su característica principal está determinada por el atraso, la dependencia, el subdesarrollo, la discriminación y exclusión social. La política, por su parte, ni está al margen de esa realidad ni del sistema imperante y el modelo institucionalizado.
Sin ninguna exageración se puede decir que en nuestro país el poder político ha devenido en lo más nefasto y corrupto. No otra cosa sucede con el sistema de partidos. Tanto el poder político como el sistema de partidos, a partir de 1954, se han institucionalizado en interés de los distintos sectores y facciones de las clases dominantes. Es en el marco de esa realidad, que tienen lugar las pugnas por el control del poder político y la gestión pública.
No se necesita hilar muy fino para desentrañar lo que en realidad está detrás de lo que ha estado ocurriendo en el país últimamente. Al respecto, es mucho lo que se podría decir. Y como por algo hay que empezar, por ahora me circunscribo a la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial.
De entrada, advierto que en ningún momento pongo en duda la urgencia, necesidad y procedencia de la lucha contra la impunidad, sus causas, manifestaciones y secuelas, el crimen organizado, los poderes paralelos, la corrupción y el tráfico de influencias.
Sin embargo, las referidas elecciones --efectuadas de conformidad a las disposiciones aprobadas respecto a las comisiones de postulación, su elección e integración, el proceso de selección de candidatos y las votaciones en el Organismo Legislativo--, han puesto al descubierto las disputas entre los que trataron de mantener en los cargos a sus escogidos o asegurar que los que les sucedieran no afectaran sus privilegios, y quienes los enfrentaron mediante una campaña concertada y publicitada como noticia e información cuando no a manera de opinión de columnistas “independientes”.
Los que resultaron electos y los que trataron de ocupar su lugar --aunque no son parte de los tradicionalmente sectores conservadores de la rancia oligarquía y los potentados locales-- representan sus intereses, y se identifican y apuntalan con sus decisiones el sistema económico y social institucionalizado y su modelo impuesto. Puede que haya más de una excepción.
Lo cuestionable es la deslegitimación de más de alguno de los candidatos propuestos y que no fue suficientemente comprobada, así como las presiones abiertas y subrepticias. Lo uno y lo otro acabó por contaminar más un proceso ya de por si afectado por falta de transparencia.
Unas elecciones, en tales condiciones, no permite hacerse a la idea de que garanticen la independencia del Organismo Judicial, la depuración del sistema de justicia, la lucha contra la impunidad y lo que se ha dado en llamar el debido proceso. En mi opinión, no pueden dejar de verse al margen de las pugnas por el control del poder político.
En cuanto a mucho más de lo ocurrido en estos dos primeros meses y medio del 2010, en su complejidad y gravedad, lo importante es que permite disponer de suficientes elementos para analizar, caracterizar y opinar acerca de tan crítico, complicado y relativamente corto período de nuestra historia más reciente.
del poder político
En respetuoso y fraternal homenaje al amigo y
compañero Carlos Enrique Wer, fallecido en Cuba
el fin de semana, y en solidaridad y con sentidas
muestras de pesar a su señora madre, su compañera e
hija y a todos quienes se identifican con sus ideales
y continúan en la lucha por una Guatemala
emancipada y un mundo mejor
Hay quien asegura que la política es de lo más corrupta y detestable. A fuerza de repetirlo, no son pocos los que así lo crean. Lo mismo sucede con la realidad. En algunos casos, se dice que ésta supera a la ficción. Lo cierto es que la política, cuando está en manos de corruptos, acaba convirtiéndose en un qué hacer perverso. La política la corrompen quienes la utilizan con aviesos propósitos.
Lo que acontece en un momento dado no es que supere a la ficción. Por exagerado que parezca, si se le ve así, termina distorsionándose, se le exagera y al exagerársele se le descontextualiza, supone quedarse en lo superficial y externo, y no permite ahondar en sus causas, manifestaciones y consecuencias ni explicarlo e interpretar con objetividad.
La realidad, en todo caso, depende del sistema y modelo adoptado. La nuestra, corresponde a un sistema económico y social injusto y un modelo en prolongada crisis. Su característica principal está determinada por el atraso, la dependencia, el subdesarrollo, la discriminación y exclusión social. La política, por su parte, ni está al margen de esa realidad ni del sistema imperante y el modelo institucionalizado.
Sin ninguna exageración se puede decir que en nuestro país el poder político ha devenido en lo más nefasto y corrupto. No otra cosa sucede con el sistema de partidos. Tanto el poder político como el sistema de partidos, a partir de 1954, se han institucionalizado en interés de los distintos sectores y facciones de las clases dominantes. Es en el marco de esa realidad, que tienen lugar las pugnas por el control del poder político y la gestión pública.
No se necesita hilar muy fino para desentrañar lo que en realidad está detrás de lo que ha estado ocurriendo en el país últimamente. Al respecto, es mucho lo que se podría decir. Y como por algo hay que empezar, por ahora me circunscribo a la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial.
De entrada, advierto que en ningún momento pongo en duda la urgencia, necesidad y procedencia de la lucha contra la impunidad, sus causas, manifestaciones y secuelas, el crimen organizado, los poderes paralelos, la corrupción y el tráfico de influencias.
Sin embargo, las referidas elecciones --efectuadas de conformidad a las disposiciones aprobadas respecto a las comisiones de postulación, su elección e integración, el proceso de selección de candidatos y las votaciones en el Organismo Legislativo--, han puesto al descubierto las disputas entre los que trataron de mantener en los cargos a sus escogidos o asegurar que los que les sucedieran no afectaran sus privilegios, y quienes los enfrentaron mediante una campaña concertada y publicitada como noticia e información cuando no a manera de opinión de columnistas “independientes”.
Los que resultaron electos y los que trataron de ocupar su lugar --aunque no son parte de los tradicionalmente sectores conservadores de la rancia oligarquía y los potentados locales-- representan sus intereses, y se identifican y apuntalan con sus decisiones el sistema económico y social institucionalizado y su modelo impuesto. Puede que haya más de una excepción.
Lo cuestionable es la deslegitimación de más de alguno de los candidatos propuestos y que no fue suficientemente comprobada, así como las presiones abiertas y subrepticias. Lo uno y lo otro acabó por contaminar más un proceso ya de por si afectado por falta de transparencia.
Unas elecciones, en tales condiciones, no permite hacerse a la idea de que garanticen la independencia del Organismo Judicial, la depuración del sistema de justicia, la lucha contra la impunidad y lo que se ha dado en llamar el debido proceso. En mi opinión, no pueden dejar de verse al margen de las pugnas por el control del poder político.
En cuanto a mucho más de lo ocurrido en estos dos primeros meses y medio del 2010, en su complejidad y gravedad, lo importante es que permite disponer de suficientes elementos para analizar, caracterizar y opinar acerca de tan crítico, complicado y relativamente corto período de nuestra historia más reciente.
viernes, 12 de marzo de 2010
A media semana
Las diez primeras semanas
de este año
Mis más recientes nueve columnas las dediqué a reproducir el documento sobre El ordenamiento constitucional guatemalteco y las reformas propuestas que entregué a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República luego de mi intervención durante la audiencia del 28 de septiembre último en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo. En tan relativamente corto período, lo que ha estado ocurriendo en el país y en lo internacional debe ser objeto de sistematización, análisis, explicación e interpretación en tanto antecedente y continuidad de lo que ya sucedió y referente de lo que pueda acontecer en el corto, mediano y largo plazo.
Lo que sucedió hoy o ayer o días atrás y no se informa de inmediato, no deja de ser noticia. Lo importante es que la información se de tal y como fue y no como se quisiera que lo informado hubiera ocurrido. En la mayoría de los medios impresos, en la televisión y en las radios del país, la noticia se sesga, los hechos se tergiversan y lo que se informa más parece ser la posición del medio ante lo que pasa y no lo que en realidad está sucediendo.
Y si inaceptable es lo que así se informa, mucho más es lo que deja de informarse. No es de extrañar que en algunos medios se diga que lo que no se informa es porque no ocurrió.
Como quiera que sea, para utilizar bien la información, la noticia hay que desbrozarla de lo que la contamina y la desobjetiva. Es lo que corresponde a quien opina, explica e interpreta lo acontecido en un momento dado, sus antecedentes y probable desenvolvimiento, desde la posición que asume y que corresponde y depende de cómo ve e interpreta o explica lo que analiza o comenta y según el lado en que esté.
Pues bien. La manera como se ha estado informando, opinando o comentando sobre lo que va del año, tiene similitudes y diferencias a como se informó y opinó durante la crisis de mayo salvo que ahora no están “los camisas blancas” en las calles. Son otras formas y otros medios los que se estarían utilizando con iguales o parecidos propósitos.
Además, lo que se informa y comenta en el momento actual se parece y, al mismo tiempo, tiene sus diferencias con lo que se informó y comentaba en circunstancias concretas como por las que se atravesó durante la administración del presidente Cerezo Arévalo (1986 – 1991), la de Serrano Elías (1991 – 1993), y la de Portillo Cabrera (2000 – 2004), aunque las condiciones no hayan sido las mismas. Esto, por un lado. Por el otro, actualmente los hechos se notician y comentan de manera diferenciada a como se hacía, por ejemplo, durante la administración del presidente De León Carpio (1993 – 1996) o la de Arzú (1996 – 2000) o la de Berger (2004 – 2008), pese a que la corrupción y dilapidación y privatización de los bienes del Estado, la impunidad e inseguridad ciudadana era lo predominante. Y qué del silencio cómplice durante los regímenes militares (1954 – 1986).
Lo que dije en mi columna de la semana anterior lo confirma. Hace ocho días decía que lo que pasa en el país se explica a la luz de las pugnas que tienen lugar al interior de los sectores de la oligarquía local, los poderes paralelos y los grupos de presión de la sociedad civil por el control del poder político y la gestión gubernamental. La mayoría de medios de comunicación no es ajena a esa rebatiña y ya tiene fijada posición.
Lo peligroso del momento es lo informado por la diputada Montenegro. Lo denunciado constituye una seria amenaza a su integridad y seguridad personal y por su extrema gravedad, habrá que esclarecerlo de inmediato y rodearla a ella de la solidaridad que merece y a la que me adhiero como corresponde.
Más, a mi me parece que en este caso la CICIG se precipitó. Por la gravedad y alto impacto de lo denunciado, lo que se debió hacer es desbaratar la conspiración contra la vida de la parlamentaria, detener a los responsables y a quienes estén detrás, ponerlos a disposición de los tribunales y, después, informarlo. Todo indica que se operó al revés. El fantasma de mayo asecha de nuevo. Por ahora, me quedo aquí.
Sin embargo, algo muy personal quiero agregar. La víspera ha sido de particular importancia en nuestro hogar. Ana María, la madre de mis hijos, abuela de mi nieta y mis dos nietos y, sobre todo, mi compañera de toda la vida, felizmente arribó a sus 75 años de edad rodeada del cariño y amor de quienes estamos cerca de ella y valoramos y exaltamos su condición de esposa, de madre, de abuela, de hija, de hermana, de amiga y, sobre todo, de mujer, mujer admirable, ejemplar, excepcional.
de este año
Mis más recientes nueve columnas las dediqué a reproducir el documento sobre El ordenamiento constitucional guatemalteco y las reformas propuestas que entregué a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República luego de mi intervención durante la audiencia del 28 de septiembre último en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo. En tan relativamente corto período, lo que ha estado ocurriendo en el país y en lo internacional debe ser objeto de sistematización, análisis, explicación e interpretación en tanto antecedente y continuidad de lo que ya sucedió y referente de lo que pueda acontecer en el corto, mediano y largo plazo.
Lo que sucedió hoy o ayer o días atrás y no se informa de inmediato, no deja de ser noticia. Lo importante es que la información se de tal y como fue y no como se quisiera que lo informado hubiera ocurrido. En la mayoría de los medios impresos, en la televisión y en las radios del país, la noticia se sesga, los hechos se tergiversan y lo que se informa más parece ser la posición del medio ante lo que pasa y no lo que en realidad está sucediendo.
Y si inaceptable es lo que así se informa, mucho más es lo que deja de informarse. No es de extrañar que en algunos medios se diga que lo que no se informa es porque no ocurrió.
Como quiera que sea, para utilizar bien la información, la noticia hay que desbrozarla de lo que la contamina y la desobjetiva. Es lo que corresponde a quien opina, explica e interpreta lo acontecido en un momento dado, sus antecedentes y probable desenvolvimiento, desde la posición que asume y que corresponde y depende de cómo ve e interpreta o explica lo que analiza o comenta y según el lado en que esté.
Pues bien. La manera como se ha estado informando, opinando o comentando sobre lo que va del año, tiene similitudes y diferencias a como se informó y opinó durante la crisis de mayo salvo que ahora no están “los camisas blancas” en las calles. Son otras formas y otros medios los que se estarían utilizando con iguales o parecidos propósitos.
Además, lo que se informa y comenta en el momento actual se parece y, al mismo tiempo, tiene sus diferencias con lo que se informó y comentaba en circunstancias concretas como por las que se atravesó durante la administración del presidente Cerezo Arévalo (1986 – 1991), la de Serrano Elías (1991 – 1993), y la de Portillo Cabrera (2000 – 2004), aunque las condiciones no hayan sido las mismas. Esto, por un lado. Por el otro, actualmente los hechos se notician y comentan de manera diferenciada a como se hacía, por ejemplo, durante la administración del presidente De León Carpio (1993 – 1996) o la de Arzú (1996 – 2000) o la de Berger (2004 – 2008), pese a que la corrupción y dilapidación y privatización de los bienes del Estado, la impunidad e inseguridad ciudadana era lo predominante. Y qué del silencio cómplice durante los regímenes militares (1954 – 1986).
Lo que dije en mi columna de la semana anterior lo confirma. Hace ocho días decía que lo que pasa en el país se explica a la luz de las pugnas que tienen lugar al interior de los sectores de la oligarquía local, los poderes paralelos y los grupos de presión de la sociedad civil por el control del poder político y la gestión gubernamental. La mayoría de medios de comunicación no es ajena a esa rebatiña y ya tiene fijada posición.
Lo peligroso del momento es lo informado por la diputada Montenegro. Lo denunciado constituye una seria amenaza a su integridad y seguridad personal y por su extrema gravedad, habrá que esclarecerlo de inmediato y rodearla a ella de la solidaridad que merece y a la que me adhiero como corresponde.
Más, a mi me parece que en este caso la CICIG se precipitó. Por la gravedad y alto impacto de lo denunciado, lo que se debió hacer es desbaratar la conspiración contra la vida de la parlamentaria, detener a los responsables y a quienes estén detrás, ponerlos a disposición de los tribunales y, después, informarlo. Todo indica que se operó al revés. El fantasma de mayo asecha de nuevo. Por ahora, me quedo aquí.
Sin embargo, algo muy personal quiero agregar. La víspera ha sido de particular importancia en nuestro hogar. Ana María, la madre de mis hijos, abuela de mi nieta y mis dos nietos y, sobre todo, mi compañera de toda la vida, felizmente arribó a sus 75 años de edad rodeada del cariño y amor de quienes estamos cerca de ella y valoramos y exaltamos su condición de esposa, de madre, de abuela, de hija, de hermana, de amiga y, sobre todo, de mujer, mujer admirable, ejemplar, excepcional.
jueves, 4 de marzo de 2010
A media semana
El ordenamiento constitucional vigente
y las reformas propuestas (y 9)
Las condiciones objetivas están dadas para los cambios de fondo que es necesario institucionalizar en el país. Las subjetivas, todavía no. En consecuencia, procede emprender la articulación de un amplio, participativo, incluyente y protagónico movimiento ciudadano, social y popular por un nuevo país, una nueva Nación, una nueva República y un nuevo Estado y que, como sujeto y actor político organizado, asuma la lucha a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la emisión de una nueva Constitución de la República, el Estado y la Nación.
En el momento actual y en perspectiva es éste el esfuerzo más importante encaminado, por un lado, a restablecer la unidad ciudadana, social y popular y superar la dispersión de la izquierda, el movimiento obrero y sindical, el campesinado y los pueblos indígenas y, por el otro, institucionalizar un nuevo ordenamiento constitucional que ponga al país en condiciones para avanzar hacia una etapa superior de desarrollo, progreso, equidad, justicia e inclusión.
Ello supone la participación en la elaboración, discusión y aprobación de la Nueva Carta Magna y cuyo gran objetivo estratégico nacional y social habrá de estar encaminado a superar, corregir y poner fin a los privilegios, exclusión e inequidad propias de la estructura de poder institucionalizado a partir de 1954, legitime la democracia real, funcional y participativa, la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, la República libre y soberana, real y verdaderamente independiente, y el Estado institucional y financieramente fuerte.
No me inmuto ni vacilo al afirmar que si se procede así se estaría dando el primer paso hacia la concertación de un gran programa nacional, democrático, social y popular en interés del pueblo, el país y la nación guatemalteca.
Constitucionalmente se trata de caracterizar, interpretar y darle proyección y perspectiva a la época en que se está así como convenir los cambios que aseguren el desarrollo, el progreso, el bienestar y la prosperidad. De lo contrario, significaría quedarse en lo meramente formal, excluyente y antidemocrático de las reformas propuestas. La alternativa a que por esa vía se trate de mantener y dar continuidad al debilitado, caduco y agotado ordenamiento constitucional, pasa por la emisión de la nueva Carta Magna que la realidad impone, el pueblo exige y la nación demanda. Enfatizo e insisto, en el marco del ordenamiento constitucional.
A manera de anexo.- Nuestra institucionalidad más reciente es parte de la historia y manifestación de la lucha de clases. El Estado y sus instituciones representan y se sustentan en los intereses de la oligarquía local y las grandes transnacionales.
La excepción lo constituye el período que va de octubre de 1944 a junio de 1954. La Junta Revolucionaria y los dos gobiernos mayoritaria y democráticamente electos institucionalizaron los cambios que, por su profundo contenido social y popular, beneficiaban a la mayoría de la población de la ciudad y el campo. Conforme los cambios se fueron profundizando, la derecha conservadora local, el anticomunismo y la reacción internacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las cuatro grandes compañías estadounidenses que dominaban el país y la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la intervención extranjera, lograron violentamente interrumpir el proceso revolucionario.
De 1954 a 1985 Guatemala fue gobernada por regímenes de corte militar, el terrorismo y la contrainsurgencia. Los ricos del país, el capital extranjero y sucesivas camarillas castrenses, retoman el poder político e imponen las reglas de su dominación y hegemonía. Toda manifestación de oposición fue acallada mediante la fuerza y la represión, se acentuó el atraso, la injusticia y exclusión, el racismo y discriminación. En 1960 y ante el violento cierre y prohibición a la libre participación política y ciudadana, se desencadena la lucha armada revolucionaria. El conflicto armado interno de 36 años se resolvió por medios políticos y culminó con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
La diferencia con aquellos 31 años y lo que empieza a darse en 1986, es que la institucionalidad --legitimada después de dos golpes militares (1982 y 1983)--, desencadena las pugnas por el control del poder político y la gestión gubernamental al interior de la oligarquía, los poderes paralelos y los grupos de presión. Es en ese marco que cabe situar las reformas a la Constitución planteadas. A ello y a las propuestas en concreto estará dedicada la segunda parte de lo ya elaborado y cuya reproducción en el diario La Hora, y en mi blog, concluyo con la publicación de la columna de hoy.
y las reformas propuestas (y 9)
Las condiciones objetivas están dadas para los cambios de fondo que es necesario institucionalizar en el país. Las subjetivas, todavía no. En consecuencia, procede emprender la articulación de un amplio, participativo, incluyente y protagónico movimiento ciudadano, social y popular por un nuevo país, una nueva Nación, una nueva República y un nuevo Estado y que, como sujeto y actor político organizado, asuma la lucha a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la emisión de una nueva Constitución de la República, el Estado y la Nación.
En el momento actual y en perspectiva es éste el esfuerzo más importante encaminado, por un lado, a restablecer la unidad ciudadana, social y popular y superar la dispersión de la izquierda, el movimiento obrero y sindical, el campesinado y los pueblos indígenas y, por el otro, institucionalizar un nuevo ordenamiento constitucional que ponga al país en condiciones para avanzar hacia una etapa superior de desarrollo, progreso, equidad, justicia e inclusión.
Ello supone la participación en la elaboración, discusión y aprobación de la Nueva Carta Magna y cuyo gran objetivo estratégico nacional y social habrá de estar encaminado a superar, corregir y poner fin a los privilegios, exclusión e inequidad propias de la estructura de poder institucionalizado a partir de 1954, legitime la democracia real, funcional y participativa, la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, la República libre y soberana, real y verdaderamente independiente, y el Estado institucional y financieramente fuerte.
No me inmuto ni vacilo al afirmar que si se procede así se estaría dando el primer paso hacia la concertación de un gran programa nacional, democrático, social y popular en interés del pueblo, el país y la nación guatemalteca.
Constitucionalmente se trata de caracterizar, interpretar y darle proyección y perspectiva a la época en que se está así como convenir los cambios que aseguren el desarrollo, el progreso, el bienestar y la prosperidad. De lo contrario, significaría quedarse en lo meramente formal, excluyente y antidemocrático de las reformas propuestas. La alternativa a que por esa vía se trate de mantener y dar continuidad al debilitado, caduco y agotado ordenamiento constitucional, pasa por la emisión de la nueva Carta Magna que la realidad impone, el pueblo exige y la nación demanda. Enfatizo e insisto, en el marco del ordenamiento constitucional.
A manera de anexo.- Nuestra institucionalidad más reciente es parte de la historia y manifestación de la lucha de clases. El Estado y sus instituciones representan y se sustentan en los intereses de la oligarquía local y las grandes transnacionales.
La excepción lo constituye el período que va de octubre de 1944 a junio de 1954. La Junta Revolucionaria y los dos gobiernos mayoritaria y democráticamente electos institucionalizaron los cambios que, por su profundo contenido social y popular, beneficiaban a la mayoría de la población de la ciudad y el campo. Conforme los cambios se fueron profundizando, la derecha conservadora local, el anticomunismo y la reacción internacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las cuatro grandes compañías estadounidenses que dominaban el país y la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la intervención extranjera, lograron violentamente interrumpir el proceso revolucionario.
De 1954 a 1985 Guatemala fue gobernada por regímenes de corte militar, el terrorismo y la contrainsurgencia. Los ricos del país, el capital extranjero y sucesivas camarillas castrenses, retoman el poder político e imponen las reglas de su dominación y hegemonía. Toda manifestación de oposición fue acallada mediante la fuerza y la represión, se acentuó el atraso, la injusticia y exclusión, el racismo y discriminación. En 1960 y ante el violento cierre y prohibición a la libre participación política y ciudadana, se desencadena la lucha armada revolucionaria. El conflicto armado interno de 36 años se resolvió por medios políticos y culminó con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
La diferencia con aquellos 31 años y lo que empieza a darse en 1986, es que la institucionalidad --legitimada después de dos golpes militares (1982 y 1983)--, desencadena las pugnas por el control del poder político y la gestión gubernamental al interior de la oligarquía, los poderes paralelos y los grupos de presión. Es en ese marco que cabe situar las reformas a la Constitución planteadas. A ello y a las propuestas en concreto estará dedicada la segunda parte de lo ya elaborado y cuya reproducción en el diario La Hora, y en mi blog, concluyo con la publicación de la columna de hoy.
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