Conocer el pasado,

explicar el presente y

visualizar el futuro

He decidido referirme hoy --y mejor si es sólo por esta vez--, a cuatro de los doce comentarios a mi columna del pasado 22 de agosto que llegaron al Diario La Hora. Carlos Morán es de la opinión que “hablar del siglo pasado y compararlo con el presente es querer regresar a los conflictos pasados”.  Para Gilberto A. Molina B., “en tiempos de la guerra hubo guerra de guerrillas, enfrentamientos en las montañas, tácticas de ambos bandos”.

Erick Cruz --refiriéndose a lo que escribo y publico semanalmente--,  considera que me quedé viviendo en el siglo pasado y mi mentalidad no ha cambiado y que, así como yo, hay varios que están muy mal, hacen daño… y hay que cuidarse de ellos.

Por lo visto hay quienes todavía se resisten a que se hable del pasado. Quien no quiere que se conozca el pasado, ignora que con ello se corre el riesgo de que se repitan los errores que se hayan cometido y desestimar lo que se hizo bien.  Se corre el riesgo, además, de no interpretar y explicar lo que está aconteciendo ahora y, menos, prever el futuro probable.

En cuanto a que haya quienes que consideran que me he quedado viviendo en el pasado --y este es el caso del señor Cruz-- y que mi mentalidad no ha cambiado, puedo decir que a lo largo de mi vida, y de la lucha con la que sigo y estoy comprometido, he tenido claro que no hay que hablar u opinar sobre el pasado como se quisiera que hubiera ocurrido. Hay que abordar el pasado tal como fue, examinar la situación y condiciones del momento en que los acontecimientos se dieron, su contexto y entorno.

Respecto a lo que sostiene el señor Molina, hay que decir que la oposición, resistencia y lucha contra los regímenes impuestos a partir del 27 de junio de 1954 y la insurgencia armada que se inicia en 1960, fueron, en ambos casos y en su momento, las formas y vías de lucha y organización adoptadas a fin de enfrentarse a quienes entregaron el país a una potencia extranjera y a los regímenes militares que reprimieron al pueblo y le negaron su derecho a organizarse libremente y manifestar su descontento e inconformidad.

Se trata, entonces, de profundizar y explicar las causas que dieron origen al enfrentamiento armado, los objetivos, formas, métodos de lucha y organización del movimiento social y popular y del movimiento revolucionario en armas y, además, a cómo el Estado reprimió y aterrorizó a la población civil y se enfrentó y trató de combatir a los frentes guerrilleros y la lucha clandestina.

En cuanto a que el señor Cruz diga que hay que cuidarse de quienes, según él, estamos mal, ello supone volver al siglo pasado y reavivar un conflicto que fue posible ponerle fin por medios políticos, el diálogo y las conversaciones.

Dejo al final lo que dice quien se apellida Roosevelt. Según él, soy un ejemplo de quinta columnista, no periodista ni historiador. Soy un columnista de opinión que se refiere a lo acontecido y a los hechos del pasado tal como se dieron, la situación y condiciones en que ocurrieron, su entorno y contexto internacional. 

En ese propósito, mal haría si para condescender con quienes no les parece mi modo de pensar y decir las cosas y cómo actúo y procedo, me dedicara a descontextualizar nuestra historia, lo que está ocurriendo actualmente y lo que pueda pasar más adelante. 

Lo que se hace y cómo se hace, lo que se dice y cómo se dice, en mi opinión, ha de corresponder a lo que se piensa y cómo se piensa. Lo que se piensa y cómo se piensa, a su vez, ha de guiar y fundamentar lo que se hace y cómo se hace así como lo que se dice y cómo se dice. Es la manera de ser consecuente en un momento dado y a lo largo de toda la vida.

A media semana

Terror, contrainsurgencia,

militarización y Estado policíaco


La represión y terror gubernamental, la contrainsurgencia y militarización del país y el Estado policíaco, son tres etapas del prolongado proceso que se institucionaliza a partir de la intervención norteamericana en junio de 1954, prosigue durante los gobiernos militares de fuerza (1963 - 1986) y, en el momento actual, continúa como un eslabón más de la llamada transición democrática.

Los sucesivos gobernantes que detentan el poder de 1954 a 1963, institucionalizan y desatan la represión y terror contra el pueblo, el ilegalizado movimiento obrero, sindical y campesino, contra los jóvenes y los estudiantes, los maestros democráticos y revolucionarios, los profesionales universitarios progresistas, los cancelados partidos de la Revolución y contra los dirigentes y la militancia en la clandestinidad del partido de la clase obrera guatemalteca, PGT, y su organización juvenil, la Juventud Patriótica del Trabajo, JPT.

En cuanto a la contrainsurgencia como política de Estado, el compañero Antonio García (+) era de la opinión que durante el gobierno de Castillo Armas (1954 – 1957) la camarilla militar gobernante, sentó sus bases no sólo ante el auge y ascenso de la lucha popular --amplia y clandestina, legal e ilegal--, sino, además, en previsión del surgimiento de un movimiento armado revolucionario.

Lo que entonces conversamos, me permitió disponer de más elementos para, en efecto, caracterizar la contrainsurgencia como política de Estado y en cuya concepción, táctica y estrategia el gobierno de facto de Peralta Azurdia (1963 – 1966), avanzó mucho más y, al igual que durante la “liberación” en el poder, con el apoyo, capacitación, adiestramiento y asesoría del gobierno de Estados Unidos; cuando ya es puesta en práctica, además, con el de militares taiwaneses, israelitas y del Cono Sur.

Con quienes he conversado en estos días al respecto, me han expresado sus dudas acerca de una caracterización como la expuesta, y hay a quienes interesa conocer en qué la fundamento. En forma breve, trataré de abordar esta cuestión, a la luz de lo que consta en las Constituciones de 1956 y 1965 y la vigente.

Según el Artículo 5° de los Artículos transitorios de la Constitución de 1956, “Se reconoce la validez jurídica de las facultades legislativas ejercidas por las Juntas de Gobierno y por el Presidente de la República, a partir del 29 de junio de 1954”.

De la misma manera, en el segundo párrafo del artículo 10 del capítulo único de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución de 1965, se “reconoce la validez jurídica de los Decretos-Leyes emanados del Gobierno de la República, así como a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley, a partir del treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y tres, inclusive”.

En la Constitución vigente, se reconoce la validez jurídica de los decretos-leyes y todos los actos administrativos y de gobierno emanados a partir del 23 de marzo de 1982 (Artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales).

Es así como los constituyentes de 1956, 1965 y 1985 reconocen, le dan validez jurídica y legitiman disposiciones y actos administrativos y de gobierno realizados por gobernantes de facto durante los que, en un primer momento, se institucionaliza la represión y terror gubernamental; enseguida, se sientan las bases de la contrainsurgencia como política de Estado para, después, ponerla en práctica.

La contrainsurgencia como política de Estado, además de operaciones ofensivas de gran envergadura contra los frentes guerrilleros, la resistencia urbana, la lucha clandestina y la población civil, incluye las aldeas modelo, polos de desarrollo, Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), tierra arrasada, poblaciones exterminadas y genocidio.

La “transición a la democracia” que, según sus apologistas, se iniciaría a partir de la sustitución de los gobernantes militares por gobiernos civiles “electos” (1986), en la práctica, es la continuidad del terror y represión gubernamental y la contrainsurgencia como política de Estado, a través de otros medios y otras formas. En el momento actual, pasa por la militarización del país y el Estado policíaco.

A media semana

Del origen de las Constituciones de

1945, 1956, 1965 y 1985, y su vigencia

A partir de 1945, han sido emitidas cuatro Constituciones, y derogadas cinco. Las Constituciones o son abolidas y decretadas después de un movimiento revolucionario triunfante o por golpes de Estado militares. Una Constitución emitida por un movimiento revolucionario en el poder, legitima los cambios en lo económico, social, político e institucional, en interés del pueblo y el país. Las decretadas después de un golpe de Estado militar, por el contrario, legitiman el sistema económico, social, político e institucional en interés del poder oligárquico y patronal y cierran toda posibilidad de cambios a favor de las mayorías. Es lo que ha acontecido en Guatemala en estos 67 años.

La Constitución y sus reformas y modificaciones vigentes al 20 de Octubre de 1944, fue derogada por La Junta Cívico Militar que en la madrugada de aquél día derrocó al general Federico Ponce Vaides (1 de julio de 1944 – 20 de octubre de 1944). La Asamblea Nacional Constituyente --electa popular y democráticamente a finales de 1944--, decretó el 11 de marzo de 1945 la Constitución de la República de Guatemala que, a su vez, fue derogada inmediatamente después de la intervención norteamericana al país. Se abolieron, además, las conquistas revolucionarias de la Primavera Democrática iniciada en 1944 y violentamente interrumpida diez años después.

Durante el gobierno de Castillo Armas, “electo” mediante  plebiscito emitido a viva voz, se emitió la Constitución de 1956. En sus diez años de vigencia, gobernó el propio Castillo Armas (1954 – 1957), además de un mandatario interino que sólo estuvo tres meses en el poder, un designado que lo ocupó cinco meses y el general Miguel Ydígoras Fuentes, que asumió la presidencia el 2 de marzo de 1958. Castillo Armas fue asesinado en la Casa Presidencial el 26 de julio de 1957.

La conservadora, reaccionaria y anticomunista Constitución de 1956, fue derogada por el golpe de Estado militar del 30 de marzo de 1963 y que, encabezado por el ministro de la Defensa, coronel Carlos Enrique Peralta Azurdia,  depuso al corrupto gobierno ydigorista. La Asamblea Nacional Constituyente, “electa” bajo ese régimen de facto, decretó la Constitución de 1965 que institucionalizó el terrorismo y la contrainsurgencia como política de Estado. El 1 de julio de 1966, Peralta Azurdia entregó el gobierno al licenciado Julio César Méndez Montenegro (1966 – 1970).

La Constitución de 1956, fue derogada luego del golpe de Estado que derrocó al régimen militar, represivo y terrorista del general Romeo Lucas García. A Lucas García (1978 – 1982), le correspondió asegurar la continuidad de los impuestos gobiernos militares de fuerza de los generales Carlos Manuel Arana Osorio (1970 – 1974) y Kjell Eugenio Laugerud García  (1974 – 1978), respectivamente. 

Por su parte, el 23 de marzo de 1982 fue derrocado Lucas García. El general José Efraín Ríos Montt  se hizo cargo de la jefatura del Estado. Gobernó hasta el 8 de agosto de 1983. Fue depuesto por su ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores durante cuyo gobierno (1983 – 1986) se emitió la Constitución actualmente vigente. Como la de 1965, fue decretada por una Asamblea Nacional Constituyente “electa” durante un gobierno de facto.

En consecuencia, de las cuatro Constituciones emitidas, tres tuvieron una vigencia de alrededor de diez años. La actual, hace 27 años que está vigente. En tanto continuación de la de 1956 y de la de 1965,  prolonga el sistema económico, social, político e institucional impuesto a raíz de la intervención norteamericana. Ni por su contenido y naturaleza, ha viabilizado la “transición democrática” como se dijo que se inauguraría en el país con su entrada en vigor y que a los regímenes militares los sucedieran gobernante civiles “popularmente electos”. 

Además, corresponde a los intereses de la ahora cada vez más enriquecida y excluyente élite oligárquica, el sector empresarial organizado, ejecutivos y tecnócratas a su servicio, grupos paralelos y poderes fácticos y de las multinacionales y el imperialismo en su actual fase neoliberal y globalización, guerras de ocupación y conquista y los nenúfares, sus nuevas bases repartidas por el globo, como lo asegura el Profesor David Vine.

A media semana

El poder pone a prueba,

corrompe y desgasta

Parafraseando a quien hizo de la política un arte y una ciencia, una teoría y una práctica para la toma del poder político, se puede decir que, para el caso de nuestro país, es más fácil tomar el poder, que saberlo defender y sostener. Sucede, además, que quien lo ejerce suele  marearse, envanecerse, corromperse y desgastarse. Lo común es que fracase y sucumba y no logre salir bien de semejante prueba. 

En Guatemala lo que ha ocurrido durante los ocho últimos períodos de gobierno, es así. Uno de ellos fue designado por una legislatura que después fue depurada. Los otros, resultaron “electos”  sin contar con el respaldo mayoritario de la ciudadanía y, menos, de la población. Lo cierto es que al final de su período gubernamental, ninguno ha logrado pasar exitosamente tan desafiante prueba. 

Los liderazgos en el país se improvisan, son de momento y ocasionales. Tampoco se cuenta con estadistas a quienes se les pueda confiar la dirección y conducción ejecutiva del Estado, la función de legislar y la impartición de justicia. Esto, en mi opinión, es a causa de que, como el sistema está inmerso en una prolongada crisis por agotamiento y caducidad, los sucesivos gobernantes, autoridades e instituciones, a su vez, tienden a debilitarse y desgastarse, en unos casos, más aceleradamente que en otros. 

A cien días de que el actual gobierno asumió el poder, son muchas las dudas que se tienen respecto a que la gestión pública esté siendo manejada y conducida competentemente. En los medios de difusión son muchos los señalamientos que se hacen con relación a la corrupción, aunque hasta ahora nada se haya comprobado. 

Tampoco resultan siendo meras conjeturas lo que se dice y opina respecto a las pugnas al interior del gabinete y en otras dependencias por el control del poder, la probable sucesión --pese a que todavía está lejos-- y a qué sectores al servicio del poder oligárquico y patronal y de los poderes paralelos, habrá que compensar su financiamiento de campaña con los negocios a cargo del Estado y a cuáles desplazar. 

            Todo indica que los campos están configurándose en medio de no pocas dificultades y que nada está definido. En esas disputas, es sintomático lo que se supo ayer. En el Congreso de la República, la bancada oficial se habría dividido en dos bloques y, un tercero, declarado neutral.

Por aparte, es muy poco el margen de que dispone el gobernante para convencer y dar certeza de que, al menos, en siete ministerios (Finanzas, Economía, Relaciones Exteriores, Educación, Trabajo, Agricultura y Salud), la gestión y conducción sea competente, eficiente y eficaz o que más de alguna Secretaría logre despegar. 

Para el titular de la de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), junto a los pocos avances que se reconoce que ha habido en la ejecución del Programa Hambre Cero, hay que esperar “que la respuesta de los ministros” se haga sentir, previo a finalizar el año. En la reunión de gabinete del domingo el presidente Pérez Molina se dice que reconoció problemas en la ejecución del programa y “que las principales metas que acompañan al proyecto… siguen sin arrancar”. En la misma situación y condiciones podrían estar otras de las Secretarias que no parece que marchan en la dirección para las que fueron creadas.

Además, son muchos los indicios y elementos que ponen en duda la competencia e idoneidad de quienes tienen a su cargo aconsejar al mandatario en qué dirección encaminar las reformas a la Constitución, sus reales y verdaderos objetivos así como los pasos a seguir. 

 De quienes se conoce su opinión son muchas las dudas y cuestionamientos que motivan y muy pobre la sustentación en que las fundamentan a lo que cabe agregar la falta de una consistente y explicativa exposición de motivos que sirviera de base para darle credibilidad y certeza y fijar posición respecto a lo que se pretende que la población apruebe.