miércoles, 27 de mayo de 2015



La crisis política,
institucional y gubernamental (y 4)



El miércoles pasado, luego de enviar mi colaboración semanal para su publicación, me enteré del escandaloso fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de la captura de los más altos directivos y varios empleados de la Institución y dos de los representantes de la Farmacéutica Pisa, S.A., así como de lo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el  Ministerio Público (MP) informaron a medio día y en detalle, en conferencia de prensa. 

El mismo miércoles por la mañana, cinco columnas de comunidades indígenas y de campesinos llegados del interior del país y organizadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), marcharon por las principales calles y avenidas de la capital hasta desembocar en la Plaza de la Constitución.

Frente al Palacio Nacional de la Cultura, exigieron la renuncia de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre, su derecho a acceder a los servicios públicos de salud y educación, llamaron a la unidad del pueblo para salvar al país, la libertad de presos políticos, el cese de la represión y persecución de líderes comunitarios y campesinos, la nacionalización de la energía eléctrica y la convocatoria a una Asamblea constituyente plurinacional e incluyente a fin de refundar políticamente el Estado. (La Hora, 20 de mayo de 2015).

En otros medios, sospechosamente se ninguneó esta pacífica y masiva demostración o no se destacó e ignoró la importancia de sus demandas, sus exigencias y pancartas. Lo que no se puede ningunear o ignorar es que con las exigencias y demandas planteadas, se cuenta con más elementos para empezar a responder a lo que, con razón, Ollantay Itzamná planteaba respecto a "¿por qué y para quién suenan las cornetas indignadas en las ciudades?" (Rebelión, 18/05/2015).

Entre tanto y al parecer, el Embajador Robinson opta porque Pérez Molina, por el momento, continúe en la Presidencia y, por su parte, la dirigencia del CACIF, apresuradamente, se encarama a lo que se "recomienda" desde la Casa de la Avenida de la Reforma con el deliberado propósito de que a algunos de sus agremiados no se les investigue y deduzcan las responsabilidades que pudieran tener en la defraudación aduanera en la SAT, de los que están siendo investigados y ligados a proceso por el escandaloso fraude en el IGSS y las de quienes resultaran implicados en lo que podría salir a luz en estos días.

Es mucho el significado y más la importancia que tiene la marcha de las comunidades indígenas y de campesinos del 20 de mayo en la ciudad capital y lo que, en perspectiva y proyección, incidirá en el contenido, carácter, avance, desarrollo y profundización de lo planteado y logrado por las clases medias y otros sectores de la población urbana.

Son los vientos reconfortantes de la oleada antigubernamental que conmociona al país y que une, moviliza y organiza la lucha social y popular en torno a: 1) el repudio a la corrupción y la impunidad; 2) la renuncia de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre; 3) el cambio radical del sistema político e institucional, el modelo neoliberal y globalizador, egoísta y depredador; 4) contra las votaciones convocadas para el 6 de septiembre, los partidos electoreros tradicionales, las corruptas dirigencias y mafiosos financistas y sus candidatos nominados a dedo ; 5) la refundación política e institucional del Estado, sus organismos e instituciones; 6) la legitimación de la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe; 7) la convocatoria a una Asamblea Constituyente plurinacional e incluyente; y, 8) la instalación de un gobierno de transición, unidad multiétnica y pluricultural y concertación democrática, social y popular.

En estos ocho puntos se fundamenta y sustenta el legítimo, supremo y soberano derecho del pueblo a refundar y restaurar, institucionalmente, el orden constitucional.

viernes, 22 de mayo de 2015



La crisis política, institucional
y gubernamental actual (1)



 A manera de introducción a lo que ofrecí que empezaría a tratar el día de hoy, me parece necesario traer a cuenta algunas de las crisis políticas, institucionales y de gobierno que en el siglo pasado y en lo que va del actual han conmocionado al país.
 
La crisis institucional y de gobierno en las postrimerías de la prolongada dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), da paso al repudio y rechazo al tirano que --llegado el momento-- lo obliga a dimitir sin que con su caída nada cambie en el país, a no ser lo meramente formal.

No sucede lo mismo 24 años después.

En 1944, en 92 días (de1 de marzo al 1 de julio)--, culmina lo que hasta entonces parecía "imposible": la renuncia de Ubico después de 14 años de dictadura (1931-1944) y que se viera obligado a "confiar" la continuidad del régimen a un triunvirato de generales que, 112 días después, el 20 de octubre de 1944, sería depuesto por la gesta cívico militar que abre el camino a una década de trascendentales cambios en lo institucional, gubernamental, social, político y económico, sin precedentes.

En el caso de las crisis políticas, institucionales y de gobierno de 1963, 1982 y 1993 éstas se dan en condiciones muy concretas, tienen sus propias causas y su "diferenciado" desenlace.

La "solución" que los militares tratan de imponer con el derrocamiento de Ydígoras Fuentes (1963) y la que también se intenta con el de Lucas García (1982), tienen, en común, el golpe de Estado castrense.

Tampoco sucede lo mismo en 1993. La entente económica-militar, secundada por la sociedad civil, creyó "solventarla" con la defenestración de Serrano Elías y llamar a De León Carpio para que concluyera el período presidencial.

Lo hasta aquí resumido son los antecedentes que la historia registra y que muy bien pueden contribuir a entender, explicar e interpretar lo que está aconteciendo actualmente. La semana pasada decía que tres son las direcciones del posible desenvolvimiento de los acontecimientos y tres los probables desenlaces de la crisis. Lo predominante es la indignación social y popular que en forma tan acelerada y en un período tan corto (del jueves 16 de abril al día de hoy), agita y conmociona al país.

En ese marco, la manifestación de los trabajadores del primero de mayo es una demostración más del ya ahora generalizado rechazo a la corrupción gubernamental, a la impunidad y a la demanda de renuncia de Pérez Molina y Baldetti Elías.

Especial significación tiene, además, lo acontecido la mañana del lunes. En efecto, pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán y vecinos de Sololá bloquearon la Ruta Interamericana en la emblemática Cumbre de Alaska, en Santa Catarina Ixtahuacán, en Cuatro Caminos y en San Francisco El Alto. Simultáneamente, sus representantes acudieron al Congreso de la República a solicitar que se le retire la inmunidad a Pérez Molina y Baldetti Elías para que sean investigados por las denuncias de malos manejos de fondos públicos. (La Hora y elPeriódico, 4 y 5 de mayo de 2015, respectivamente).

En tales condiciones, los asesores del gobernante y la inteligencia civil y militar, no parecen saber qué hacer para administrar la crisis y, menos, para resolverla. Cada distractor y maniobra a que recurren, se les revierte. No otro significado tiene lo de la "comisión de notables" para "reformar la SAT" que anunció el mandatario. Tres de ellos, habían aceptado el encargo; uno, lo rechazó. Ahora resulta que ya no será conformada y que, por su lado, "los notables" definirán una propuesta.

En todo caso, se engañan y equivocan quienes piensan y quisieran que el tiempo estuviera a favor del gobierno, que el cansancio acabe por agotar a los manifestantes y que la indignación y repudio social y popular no pase de ser más que una llamarada de tuzas.

Ya se verá si esto resulta siendo así y qué es lo que pasará de aquí al 16 de mayo, del 16 de mayo al 6 de septiembre y... después del 6 de septiembre.
 

 La crisis política, institucional
y gubernamental actual (2)


La crisis actual es parte y continuación de la acumulada y prolongada crisis política, institucional y gubernamental de las tres décadas más recientes. En lo que va de este siglo, al igual que la de 2003 y de la de 2009, es de carácter político, institucional y gubernamental. Lo que la diferencia es que podría ser, como en reiteradas oportunidades lo he dicho, el último eslabón de "la transición a la democracia".

Lo que todavía no es posible prever es hasta dónde puede llegar, cuál puede ser el posible curso y desenvolvimiento de los acontecimientos y su probable desenlace. De lo que sí se puede estar seguro es que las cosas ya no podrán seguir siendo como estaban hasta antes del jueves 16 de abril. Esto, por un lado.

Por el otro, con la información y opiniones con que se cuenta y, sobre todo, lo que ocurre a partir del 16 de abril, es posible caracterizar lo que sucede y se decide en "las alturas" del miércoles pasado al día de hoy, lo que hay detrás y lo que se trata de conseguir.

Uno, el empresariado organizado, por encargo de la élite del poder (el G1+8+4 y la ultra castrense), el pasado miércoles 6, asegura "secundar" el rechazo a la corrupción y "exige" la renuncia de la vice presidenta; dos, ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia decide darle trámite a la solicitud de antejuicio contra la señora Baldetti Elías; tres, al día siguiente, el Congreso procede a integrar la comisión pesquisidora; cuatro, el viernes 8, en horas de la tarde, se da a conocer la renuncia de la vice presidenta; cinco, el sábado 9 el Congreso la acepta; y, seis, el día de ayer, el presidente Pérez Molina modifica la propuesta de terna que había enviado el lunes, para que el Congreso designe a quien habrá de ocupar la vicepresidencia.

¿Qué es lo que hay detrás de todo ello y qué es lo que se persigue?

Lo que está detrás y el gobierno trata de "conseguir" es primero, distraer la atención de lo principal a resolver; segundo, ganar tiempo; y, tercero, que nada cambie y todo siga igual, como en 1993. Es resultado, a la vez, de perversas  componendas urdidas con el deliberado propósito de que el descontento e indignación social y popular se aplaque, diluya y desvanezca. Corresponde, además, a lo que "se recomienda" desde la casa de la Avenida de la Reforma.

En tales condiciones, la renuncia de la vice presidenta le da un vuelco a la situación en general y al momento en particular, acelera y profundiza el debilitamiento, desprestigio, acorralamiento y desesperación del gobierno, las contradicciones en el gabinete y el desmoronamiento y debacle del partido oficial.

En efecto, a partir de la tarde del viernes 8, lo que comienza el 25 de abril en la Plaza de la Constitución como una demostración de indignación y repudio a la corrupción gubernamental, da un salto de calidad y contenido: pasa a ser un movimiento de lucha política, cívico-ciudadana, antigubernamental, contra la corrupción, el despilfarro de bienes y recursos del Estado, las mafias y grupos ilegales paralelos, el sistema político, económico, social, "electoral" y de partidos, las votaciones convocadas para el 6 de septiembre y por la depuración del Congreso de la República y el Organismo Judicial.

Lo que probablemente ya haya decidido el Congreso respecto a quién habrá de ocupar la vice presidencia, ni resuelve la crisis gubernamental e institucional ni garantiza el retorno a la estabilidad, la gobernabilidad y el llamado estado de derecho.

No son las componendas "en las alturas" lo que va a decidir el curso de los acontecimientos ni la solución de la crisis. Lo decisivo y determinante, es la voluntad, conciencia, disposición y decisión de lucha de los indignados en las calles, avenidas y carreteras del país.

La experiencia enseña que al fragor de la lucha el liderazgo se gesta, surge y le corresponde encabezar la hazaña de empezar a construir el otro país posible y garantizar al pueblo su derecho a una vida mejor, a vivir bien.


La crisis política, institucional
y gubernamental (3)



La semana pasada decía que a partir del viernes 8 de mayo, la situación en general y el momento en particular, dio un vuelco, que las cosas ya no podían estar como hasta el jueves 16 de abril y que lo que empezó como una manifestación de indignación y repudio a la corrupción gubernamental pasó a convertirse en demostraciones masivas de carácter y contenido anti gubernamental.

Es esta la tendencia que tiende a acentuarse. Lo confirma la impresionante Marcha del 16 de mayo en la Plaza de la Constitución y las que tuvieron lugar en doce de las cabeceras departamentales más importantes del país.

Se trata de movilizaciones espontáneas, masivas, pacíficas y, en su diversidad, unitarias, incluyentes. En ellas participan las clases medias, mujeres, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, sectores sociales y populares del campo y la ciudad, comunidades campesinas y pueblos indígenas que, unánimemente, exigen la renuncia de Pérez Molina y, como una sola voz, repudian al Organismo Legislativo y la corrupción en el Poder Judicial, rechazan a candidatos presidenciales, a los partidos electoreros y a las votaciones convocadas para septiembre.

Esta indignación social y popular es un movimiento inédito que tiende a ampliarse y la exigencia más sentida a centrarse en lo fundamental: el cambio profundo del sistema.

No resulta extraño ni sorprende que, en tales condiciones, mediante maniobras disfrazadas de propuestas haya quienes planteen la reforma de algunas leyes y aseguren que es así como se "garantiza" el retorno a la gobernabilidad y a la institucionalidad, la "depuración" de las instituciones y poderes del Estado y el restablecimiento y consolidación de "la democracia".

Para quienes así lo proponen, esto "permitiría" darle una salida "institucional" a la crisis y quienes los secunden no parecen darse cuenta que es, además de una propuesta inviable, tramposa.

Cómo no percatarse de su inviabilidad si las reformas de las leyes en cuestión quedarían en manos de una de las legislaturas más corruptas de estos 30 años. Figuradamente puede decirse que equivale a darle la llave al saqueador y encargarle que "legisle" en favor del manejo probo, honesto y solvente de los bienes del Estado y que un puñado de tránsfugas "reforme" la Ley Electoral y de Partidos. Precipitadamente y sin pensarlo dos veces, los de la bancada Lider, los de la del PP y los de la UNE, aseguran que cuentan con los votos suficientes para hacerlo.

Está de lo más claro y es de lo más evidente el deliberado y desfasado propósito de preservar, darle continuidad y oxigenar el colapsado sistema político, institucional y gubernamental y que lo así planteado es sólo una parte de la hoja de ruta trazada en la Casa de la Avenida de la Reforma para paliar la crisis.

Esta hoja de ruta arranca con la obligada renuncia de la vice presidente, continúa con la cuestionada designación de Alejandro Maldonado Aguirre como vice presidente, prosigue con lo informado por la encargada de prensa de la Embajada estadounidense acerca de la cancelación de visa a algunos funcionarios y ex funcionarios, da paso al tardío reconocimiento de Pérez Molina de que "es el sistema lo que está mal y que es lo que hay que cambiar", a su igualmente tardía "decisión" de rescindir algunos de los contratos lesivos para el país y que continuará con lo que el CACIF proponga como "suyo"... y aparecer así como los que están "decidiendo" el curso de los acontecimientos.

Entre tanto, la situación para el gobierno es insostenible, mayor su desprestigio, debilidad y aislamiento. Para el partido oficial, la Asamblea General del domingo, lo pone al borde del colapso, de su desaparición y ante la imposibilidad real de seguir gobernando.

Cuando los acontecimientos están en desarrollo, nada se puede dar por definitivo. En nuestro caso, los acontecimientos registrados hasta hoy y lo que ocurra de aquí en adelante, ayudará a definir --para decirlo con palabras de Raúl Zibechi--, lo que realmente está sucediendo "ante nuestros ojos" y si se está ante "una crisis mayor" o ante el colapso del sistema. (Continuará)