A media semana

El ordenamiento constitucional vigente
y las reformas propuestas (y 9)

Las condiciones objetivas están dadas para los cambios de fondo que es necesario institucionalizar en el país. Las subjetivas, todavía no. En consecuencia, procede emprender la articulación de un amplio, participativo, incluyente y protagónico movimiento ciudadano, social y popular por un nuevo país, una nueva Nación, una nueva República y un nuevo Estado y que, como sujeto y actor político organizado, asuma la lucha a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la emisión de una nueva Constitución de la República, el Estado y la Nación.

En el momento actual y en perspectiva es éste el esfuerzo más importante encaminado, por un lado, a restablecer la unidad ciudadana, social y popular y superar la dispersión de la izquierda, el movimiento obrero y sindical, el campesinado y los pueblos indígenas y, por el otro, institucionalizar un nuevo ordenamiento constitucional que ponga al país en condiciones para avanzar hacia una etapa superior de desarrollo, progreso, equidad, justicia e inclusión.

Ello supone la participación en la elaboración, discusión y aprobación de la Nueva Carta Magna y cuyo gran objetivo estratégico nacional y social habrá de estar encaminado a superar, corregir y poner fin a los privilegios, exclusión e inequidad propias de la estructura de poder institucionalizado a partir de 1954, legitime la democracia real, funcional y participativa, la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, la República libre y soberana, real y verdaderamente independiente, y el Estado institucional y financieramente fuerte.

No me inmuto ni vacilo al afirmar que si se procede así se estaría dando el primer paso hacia la concertación de un gran programa nacional, democrático, social y popular en interés del pueblo, el país y la nación guatemalteca.

Constitucionalmente se trata de caracterizar, interpretar y darle proyección y perspectiva a la época en que se está así como convenir los cambios que aseguren el desarrollo, el progreso, el bienestar y la prosperidad. De lo contrario, significaría quedarse en lo meramente formal, excluyente y antidemocrático de las reformas propuestas. La alternativa a que por esa vía se trate de mantener y dar continuidad al debilitado, caduco y agotado ordenamiento constitucional, pasa por la emisión de la nueva Carta Magna que la realidad impone, el pueblo exige y la nación demanda. Enfatizo e insisto, en el marco del ordenamiento constitucional.

A manera de anexo.- Nuestra institucionalidad más reciente es parte de la historia y manifestación de la lucha de clases. El Estado y sus instituciones representan y se sustentan en los intereses de la oligarquía local y las grandes transnacionales.

La excepción lo constituye el período que va de octubre de 1944 a junio de 1954. La Junta Revolucionaria y los dos gobiernos mayoritaria y democráticamente electos institucionalizaron los cambios que, por su profundo contenido social y popular, beneficiaban a la mayoría de la población de la ciudad y el campo. Conforme los cambios se fueron profundizando, la derecha conservadora local, el anticomunismo y la reacción internacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las cuatro grandes compañías estadounidenses que dominaban el país y la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la intervención extranjera, lograron violentamente interrumpir el proceso revolucionario.

De 1954 a 1985 Guatemala fue gobernada por regímenes de corte militar, el terrorismo y la contrainsurgencia. Los ricos del país, el capital extranjero y sucesivas camarillas castrenses, retoman el poder político e imponen las reglas de su dominación y hegemonía. Toda manifestación de oposición fue acallada mediante la fuerza y la represión, se acentuó el atraso, la injusticia y exclusión, el racismo y discriminación. En 1960 y ante el violento cierre y prohibición a la libre participación política y ciudadana, se desencadena la lucha armada revolucionaria. El conflicto armado interno de 36 años se resolvió por medios políticos y culminó con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

La diferencia con aquellos 31 años y lo que empieza a darse en 1986, es que la institucionalidad --legitimada después de dos golpes militares (1982 y 1983)--, desencadena las pugnas por el control del poder político y la gestión gubernamental al interior de la oligarquía, los poderes paralelos y los grupos de presión. Es en ese marco que cabe situar las reformas a la Constitución planteadas. A ello y a las propuestas en concreto estará dedicada la segunda parte de lo ya elaborado y cuya reproducción en el diario La Hora, y en mi blog, concluyo con la publicación de la columna de hoy.