A media semana

De cómo también el gobierno

distrae la atención de la población

No sé si quienes lean esta columna estén enterados, o se hayan dado cuenta, de que en las semanas más recientes, en los medios escritos de comunicación y en los canales de televisión, se satura a la población con una engañosa y perversa campaña publicitaria mediante la cual las multinacionales de la alimentación chatarra tratan de cautivar aún más a sus reales y potenciales clientes. Se trata de la guerra de las hamburguesas, y cuya publicidad es de lo más costosa, insultante y tramposa.

 McD, asegura que las suyas son de 5.5 onzas de jugosa carne de res --de la mejor-- a la que se le agrega queso, cebolla morada, pepinillos y tocino y si el glotón comensal --en riesgo de obesidad o ya con sobrepeso-- quiere, le puede poner barbacoa con un toque de chile chipotle. W’s, publicita que sus hamburguesas son de carne más gruesa y fresca, no congelada y acabada de cocinar a la parrilla. Vaya usted a saber si lo uno y lo otro es cierto o no.

Lo cierto es que de esa manera es como se distrae la atención de la población con algo de lo que se puede prescindir, no alimenta ni nutre. La publicidad es --por su objetivo y propósitos-- un instrumento que en una sociedad globalizada magnifica la competitividad, el consumismo, el lucro, moldea el comportamiento y modo de ser de las personas, oferta la ilusión de que se está en el reino de la abundancia, la opulencia, el boato y, como tal, distrae.

Con la administración pública sucede otro tanto igual. En estos primeros seis meses de gobierno, el presidente Pérez ha optado por lanzar dos o tres iniciativas con las que se trata de distraer la atención de la opinión pública, que ésta no sepa ni esté al tanto de cómo está realmente el país y las contradicciones, dificultades y problemas que no permiten que los asuntos de Gobierno y del Estado marchen como se ofreció durante la campaña electoral.

La iniciativa a favor de la despenalización de las drogas, nació muerta. En lugar de prestigiar al gobierno, lo aisló internacionalmente. En lo nacional, no tuvo eco ni apoyo. Todo indica que la diplomacia guatemalteca no midió los alcances y consecuencias de una tan precipitada iniciativa, no bien fundamentada ni pensada ni suficientemente cabildeada.

Tampoco alcanzó a medir o pasó por alto que para la Casa Blanca el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo internacional no tiene otra solución que no sea la que pasa por la guerra y el control de la población. Y no es porque un gobierno militar como el del Partido Patriota no esté viendo y no esté haciéndolo así.

Washington, en cuestiones de su seguridad nacional, no tolera ni admite la más mínima disidencia o una imprudente e inexplicable desalineación o que se le diga cómo proceder en asuntos que considera de su única y exclusiva incumbencia y, menos, si es por parte de un gobierno al que ve y tiene como uno más de los pocos incondicionales aliados que le quedan en el Continente.

En el caso de las reformas a la Constitución pasa lo mismo. Es una iniciativa que en lugar de fortalecer al gobierno lo debilita, aísla y no es con ella que se va a resolver la prolongada y cada vez más agravada crisis económica, social, política e institucional y los conflictos sociales en el campo y la ciudad.

Ya lo decía la semana pasada y lo insisto ahora. En lo institucional, el Estado guatemalteco es un Estado débil, subsidiario y, en consecuencia, limitado en su capacidad de gestión y ejecución. A ello agrego que el neoliberalismo lo asume como un Estado administrado gerencialmente; es decir, como si se tratara de una empresa, un consorcio, una corporación o algo parecido.

Téngase presente que en el pasado reciente hubo gobernantes que procedieron como si se tratara de administrar una finca (2004 – 2008) o una empresa (1996 – 2000) de su propiedad o de jefear un cuartel bajo su mando (1954 – 1966 y 1970 – 1986). Por supuesto, no faltan los que estén deseando que así fuera y muchos los que opinan que así está siendo ya.

Las hasta ahora conocidas propuestas del gobierno no permiten ni hacen posible institucionalizar un Estado fuerte, financieramente solvente, moderno, incluyente, en condiciones de cumplir sus atribuciones en interés del pueblo y la nación, lograr el desarrollo y el progreso, el bienestar, la equidad y la justicia social.

Se está muy lejos, además, de reconocer los derechos e identidad de los pueblos indígenas y legitimar a la nación guatemalteca como una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, fortalecer el poder civil, redefinir el papel del Ejército e instaurar una democracia real, funcional y participativa, como corresponde al contenido sustantivo e integral, el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz.

En todo caso, no está claro lo que en realidad hay detrás de lo que formalmente se propone reformar. De lo que no se duda es que con ello no se beneficia al país, al pueblo, a la nación.

A media semana

Naturaleza y carácter
del Estado guatemalteco


El recién pasado 14, el Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República arribaron a sus primeros seis meses de gestión: el Ejecutivo, como encargado de los asuntos de la administración pública; el Congreso, en su función de legislar y fiscalizar los actos de Gobierno. El Organismo Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial conforman los tres Poderes del Estado.

Según la Constitución Política, “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo” (Artículo 140). El Presidente de la República “es el jefe del Estado”; como tal, “ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo” (Artículo 182).

Lo anteriormente transcrito define, formalmente, la naturaleza y carácter del Estado guatemalteco. Su real y verdadera naturaleza y carácter, es otro. Que yo sepa, no hay en ningún país del mundo un solo Estado que no corresponda a determinados intereses de clase, los salvaguarde y tutele, defienda y represente. Históricamente, es así. Guatemala, no es la excepción.

El Estado guatemalteco es, por su naturaleza y carácter, un Estado al servicio de las tradicionales clases dominantes. El proceso revolucionario iniciado el 20 de octubre de 1944 --violentamente interrumpido por la intervención norteamericana el 27 de junio de 1954--, no alcanzó a modificar esa naturaleza y carácter, aunque algo avanzó, muy significativamente, para ir configurando un Estado al servicio del pueblo y la nación, el desarrollo y el progreso económico y social, la independencia y soberanía nacional.

En lo institucional, el Estado guatemalteco tiende a ser un Estado cada vez más débil y, en lo económico, en tanto que sólo se le asigna la atribución de orientar la economía nacional y que “cuando sea necesario… actúe complementando la iniciativa y la actividad privada”, no le permite estar en capacidad y condiciones de “lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional”, como está consignado en el Artículo 118 constitucional.

Resulta siendo, en consecuencia, un Estado subsidiario e, institucionalmente, débil, además de limitado en su gestión y ejecución.

Un enunciado como el descrito se queda, entonces, en eso: un mero enunciado que, además, no permite ni hace posible que el Estado sea un Estado institucional y financieramente fuerte y, repito, en condiciones y capacidad de ejercer sus funciones y atribuciones en interés del pueblo y la nación e impulsar e institucionalizar el desarrollo económico y social, el progreso y bienestar de la población, la equidad y justicia social.

El fracaso e incapacidad gubernamental, la corrupción y tráfico de influencias, la violencia e impunidad, son consustanciales al sistema económico y social, electoral y de partidos, institucional y de gobierno y, como ya queda dicho, al de un Estado que representa y salvaguarda los intereses de clase de la élite oligárquica y patronal local, las grandes multinacionales y la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.

En tales condiciones, la tendencia hasta ahora más acentuada es que a un gobierno como el que se inauguró en 1986 le suceda uno igual o peor y así, sucesivamente, hasta el actual. Es en la naturaleza y carácter de clase del Estado en que está la causa de la cada vez más grave y prolongada crisis económica y social, institucional y política, electoral y de partidos, de gobierno y gestión pública.

De ahí que, después de seis meses de gobierno del Partido Patriota (PP) y de una legislatura que está resultando peor que la anterior, no cabe esperar sino el cada vez mayor agravamiento de la situación nacional y de las condiciones del país, el pueblo y la nación. No es que se sea pesimista. El desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos así lo indica y sería demasiado ilusorio no ver que así es.

En tanto en lo institucional se siga estando como se está, no podrá haber un solo Gobierno ni un Congreso de la República que puedan avanzar en la dirección correcta; es decir, de los cambios institucionales y estructurales de fondo que el país necesita. Por ahora, sobre esto, me quedo aquí.

En lo familiar y personal, es muy grato y motivo de alegría, para Ana María y para mí, felicitar y abrazar a nuestro hijo, Pedro, el mayor, en el día de su cumpleaños. Él sabe cuánto lo queremos y valoramos su trabajo, dedicación, estudios y logros.

A media semana

Que se les eduque para

pensar, no para obedecer


El próximo sábado el Partido Patriota (PP), sus aliados y financistas, estarán arribando a los primeros seis meses de estar en el gobierno. La élite oligárquica y patronal del país, en tanto, presionan para controlar el poder, como lo llegaron a tener cuando gobernó el presidente Berger y el presidente Arzú. Al día de hoy, todo indica que un buen número de quienes les “favorecieron” con su voto, ya estarán arrepentidos de haberlo hecho, aunque no hay que dejar de considerar que la situación podría estar igual o peor si hubiese sido el candidato del partido Libertad Democrática Renovada (LDR), quien estuviera gobernando.

Lo que el candidato de la derecha conservadora y militarista ofreció durante su anticipada, prolongada y millonaria campaña electoral, ahora, como gobernante, está muy lejos de concretarse y, quizá, sólo en materia de seguridad, algo esté logrando. Sus incondicionales partidarios y más furibundos adversarios, tendrán en cuenta que después de dos campañas por llegar a gobernar, el PP, sus cuadros y dirigentes se suponía que tendrían que haber estado preparados para, en el momento de asumir el poder, desempeñar sus cargos y responsabilidades con suficiente competencia y eficacia, eficiencia y capacidad.

Las cosas, en todo caso, no están así y no son así. Ello, tiene sus causas y consecuencias, raíces y efectos. Una es la debilidad principal del gobierno actual y cuatro los componentes en que se expresa y manifiesta.

Su debilidad principal está en la composición e integración del gabinete y la deficiente e incompetente gestión pública. Esta debilidad principal se expresa y pone de manifiesto en: 1) las contradicciones y disputas por el control del poder y el reparto de los grandes negocios; 2) las precipitadas, improvisadas y no bien fundamentadas, inconsistentes y distractoras propuestas e iniciativas; 3) las limitaciones e incapacidad para enfrentar y darle una salida aceptable y razonable a los conflictos sociales; y, 4) el poco apoyo con que cuenta

En política, se considera como debilidad principal lo que a un gobierno lo hace vulnerable y le impide y dificulta concretar lo que se propone. En cuanto al poco e insuficiente apoyo con que pueda contar, en nuestro caso, a partir de la llamada transición democrática, no ha habido un solo gobernante que cuente con el respaldo y apoyo de una fuerza política consistente, respetable.

En general, los resultados de las votaciones habidas desde entonces, son un indicador válido a tener en cuenta, sobre todo, por el significado e importancia de los votos nulos, los votos en blanco, la abstención y el alto porcentaje de quienes no han votado por el candidato “ganador”.

El partido y los aliados de última hora así como los financistas del actual mandatario, durante la segunda vuelta apenas si contaron con el voto del 31 por ciento de los ciudadanos empadronados. El restante 69 por ciento se abstuvo, anuló su voto, votó en blanco o por el otro candidato. Una lectura rigurosa de lo descrito, explica el limitado respaldo ciudadano al gobierno y la poca consistencia y prestigio del partido que lo postuló y de sus oportunistas y acomodaticios aliados de último momento.

Una situación así, en su conjunto, determina e incide en que la gobernabilidad y estabilidad continúen estando en alto riesgo y que los conflictos sociales no resueltos se ahonden y agraven y se profundice, aún más, la ya tan de por si agravada y profunda crisis económica, política e institucional.

Tanto en el campo como en las ciudades, los conflictos sociales tienden a expandirse y generalizarse. La lucha contra la minería a cielo abierto y otros recursos no renovables, por el derecho a la tierra y contra los desalojos y asesinatos de campesinos y activistas sociales en el área rural y contra la reforma en el pensum de estudios de magisterio, es apenas la punta del iceberg.

Después de haber logrado concluir por medios políticos un enfrentamiento armado de más de 36 años, resultaría intransigente e incomprensible oponerse y cuestionar la vía del diálogo y las conversaciones a fin de darle salida y resolver los actuales conflictos sociales. Lo que no resulta aceptable es que se hable de conversar y dialogar para darle largas a los asuntos y tratar de confundir y dividir. Recurrir a la amenaza, la intimidación y la represión policial, es reprobable.

Los adolecentes y jóvenes estudiantes de las escuelas normales del país tienen razón cuando exigen que se les eduque para pensar, no para obedecer. Es el reclamo que los une, organiza y moviliza y expresa a lo que nuestro pueblo más anhela y aspira y por lo que lucha: que las cosas cambien a fondo y el país avance hacia una etapa superior de desarrollo y progreso, equidad y justicia social, democracia y libertad, soberanía e independencia.

Retorno al pasado

Durante la década revolucionaria del siglo pasado y ante los cambios y transformaciones que estaban teniendo lugar en Guatemala, entre la clase media y los entonces ricos y potentados terratenientes semifeudales y en las esferas gubernamentales estadounidenses, se añoraba el “orden y tranquilidad” de la dictadura ubiquista. Se fue incubando, de esa manera, una oposición y resistencia al arevalismo y el arbencismo, a los sindicatos y el movimiento campesino, a los partidos de la revolución y a la clase obrera. Y, lo más grave, se inculcaba la idea y propósito de volver a aquél funesto pasado. Lo demás, es de sobra conocido.

Políticamente hablando, ante los cambios, por mínimos o profundos que sean y que tienen lugar en varios países y regiones del mundo, es ése añorar el pasado conservador e impulsar su retorno, lo que caracteriza el proceder de los gobernantes estadounidenses y los sectores reaccionarios y conservadores de todo el mundo.

Al imperio estadounidense y a los reaccionarios y conservadores, les es incómodo, irrita y estorba lo que, aún con sus limitaciones, contradicciones y debilidades, ha estado ocurriendo en el Medio Oriente y lo que representa el movimiento de los indignados en Europa y en el propio Estados Unidos. Les incomoda, irrita y estorba, la vigorosa y ejemplar lucha de los estudiantes chilenos.

Su irritación y belicosidad es aún mayor contra la Revolución cubana, sus avances y conquistas económicas, políticas, institucionales y sociales. No lo es menos ante las transformaciones que están teniendo lugar en la República Bolivariana de Venezuela, en el Estado plurinacional de Bolivia y con la Revolución Ciudadana en Ecuador, tanto como lo que acontece en Brasil, Argentina y Uruguay.

En Centro América, hace tres años, no le fue difícil a la CIA estadounidense y demás oficinas de inteligencia a su servicio, establecer que Honduras era el eslabón más débil de la nueva situación que se empieza a crear a partir del retorno al poder del sandinismo en Nicaragua en 2006 y de la victoria electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, el 15 de marzo de 2009.

Con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se interceptó violentamente en Honduras un proceso de cambio en ciernes y se regresó al país al pasado autoritario, dictatorial y represivo.

Es, en cierta forma, lo que acaba de suceder en Paraguay. Suficientemente documentado está, además de comprobado, que detrás del derrocamiento del presidente Fernando Lugo está la mano del imperio y de la reacción y el conservadurismo paraguayo y que lo que consiguen con ello es interceptar y contener por la fuerza un igualmente incipiente proceso de cambio, y tratar de retornar al Paraguay al oprobioso pasado de los 34 años en que gobernó Stroessner. 

La experiencia enseña, y los hechos confirman, que los procesos de cambio que soberanamente se deciden impulsar en un país, son más vulnerables cuando se están iniciando y sus enemigos y adversarios empiezan a darse cuenta y advertir que tienden a avanzar, profundizarse y consolidar. Es lo que con sus diferencias, rasgos y características propias de cada país, tiene en común el golpe de Estado en Honduras y el de Paraguay. Hay una coincidencia más. En Honduras se derroca al presidente Zelaya cuando más cerca se está de las elecciones y el derrocamiento del presidente Lugo, ocurre en parecidas circunstancias.

Con la situación y condiciones que se crean en Honduras a partir del golpe de Estado y la “elección” del presidente Lobo, se modifica la correlación de fuerzas a favor de lo más reaccionario y conservador del área y esta correlación se refuerza el pasado 14 de enero en Guatemala, con el arribo al gobierno del conservador, reaccionario y derechista Partido Patriota (PP).

La gran tarea solidaria y fraternal en cada pueblo y país de nuestro Continente pasa, ahora, por la lucha a favor de la democracia, el desarrollo, el progreso, la justicia social, la verdadera y real independencia nacional y el apoyo a los cambios estructurales en América Latina y el Caribe, contribuir a desbaratar las maniobras golpistas contra el presidente Evo Morales y lograr la derrota de los planes de Washington y la reacción conservadora por el retorno al pasado. 

De alguna manera, el todavía no resuelto retorno del PRI al gobierno en México, puede que tenga esa connotación y marche, simultáneamente, en dirección de castigar el fracaso gubernamental del ultra conservadurismo panista y cerrarle el paso a la alternativa social y popular, democrática e incluyente, participativa y transformadora de López Obrador. 

A lo anterior, me permito agregar. ¿El proceder de las autoridades de educación y de la policía contra el estudiantado de secundaria del país, en el momento actual, no es, acaso, práctica propia del pasado autoritario y represivo? Sin duda, que sí.