A media semana

De cómo también el gobierno

distrae la atención de la población

No sé si quienes lean esta columna estén enterados, o se hayan dado cuenta, de que en las semanas más recientes, en los medios escritos de comunicación y en los canales de televisión, se satura a la población con una engañosa y perversa campaña publicitaria mediante la cual las multinacionales de la alimentación chatarra tratan de cautivar aún más a sus reales y potenciales clientes. Se trata de la guerra de las hamburguesas, y cuya publicidad es de lo más costosa, insultante y tramposa.

 McD, asegura que las suyas son de 5.5 onzas de jugosa carne de res --de la mejor-- a la que se le agrega queso, cebolla morada, pepinillos y tocino y si el glotón comensal --en riesgo de obesidad o ya con sobrepeso-- quiere, le puede poner barbacoa con un toque de chile chipotle. W’s, publicita que sus hamburguesas son de carne más gruesa y fresca, no congelada y acabada de cocinar a la parrilla. Vaya usted a saber si lo uno y lo otro es cierto o no.

Lo cierto es que de esa manera es como se distrae la atención de la población con algo de lo que se puede prescindir, no alimenta ni nutre. La publicidad es --por su objetivo y propósitos-- un instrumento que en una sociedad globalizada magnifica la competitividad, el consumismo, el lucro, moldea el comportamiento y modo de ser de las personas, oferta la ilusión de que se está en el reino de la abundancia, la opulencia, el boato y, como tal, distrae.

Con la administración pública sucede otro tanto igual. En estos primeros seis meses de gobierno, el presidente Pérez ha optado por lanzar dos o tres iniciativas con las que se trata de distraer la atención de la opinión pública, que ésta no sepa ni esté al tanto de cómo está realmente el país y las contradicciones, dificultades y problemas que no permiten que los asuntos de Gobierno y del Estado marchen como se ofreció durante la campaña electoral.

La iniciativa a favor de la despenalización de las drogas, nació muerta. En lugar de prestigiar al gobierno, lo aisló internacionalmente. En lo nacional, no tuvo eco ni apoyo. Todo indica que la diplomacia guatemalteca no midió los alcances y consecuencias de una tan precipitada iniciativa, no bien fundamentada ni pensada ni suficientemente cabildeada.

Tampoco alcanzó a medir o pasó por alto que para la Casa Blanca el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo internacional no tiene otra solución que no sea la que pasa por la guerra y el control de la población. Y no es porque un gobierno militar como el del Partido Patriota no esté viendo y no esté haciéndolo así.

Washington, en cuestiones de su seguridad nacional, no tolera ni admite la más mínima disidencia o una imprudente e inexplicable desalineación o que se le diga cómo proceder en asuntos que considera de su única y exclusiva incumbencia y, menos, si es por parte de un gobierno al que ve y tiene como uno más de los pocos incondicionales aliados que le quedan en el Continente.

En el caso de las reformas a la Constitución pasa lo mismo. Es una iniciativa que en lugar de fortalecer al gobierno lo debilita, aísla y no es con ella que se va a resolver la prolongada y cada vez más agravada crisis económica, social, política e institucional y los conflictos sociales en el campo y la ciudad.

Ya lo decía la semana pasada y lo insisto ahora. En lo institucional, el Estado guatemalteco es un Estado débil, subsidiario y, en consecuencia, limitado en su capacidad de gestión y ejecución. A ello agrego que el neoliberalismo lo asume como un Estado administrado gerencialmente; es decir, como si se tratara de una empresa, un consorcio, una corporación o algo parecido.

Téngase presente que en el pasado reciente hubo gobernantes que procedieron como si se tratara de administrar una finca (2004 – 2008) o una empresa (1996 – 2000) de su propiedad o de jefear un cuartel bajo su mando (1954 – 1966 y 1970 – 1986). Por supuesto, no faltan los que estén deseando que así fuera y muchos los que opinan que así está siendo ya.

Las hasta ahora conocidas propuestas del gobierno no permiten ni hacen posible institucionalizar un Estado fuerte, financieramente solvente, moderno, incluyente, en condiciones de cumplir sus atribuciones en interés del pueblo y la nación, lograr el desarrollo y el progreso, el bienestar, la equidad y la justicia social.

Se está muy lejos, además, de reconocer los derechos e identidad de los pueblos indígenas y legitimar a la nación guatemalteca como una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, fortalecer el poder civil, redefinir el papel del Ejército e instaurar una democracia real, funcional y participativa, como corresponde al contenido sustantivo e integral, el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz.

En todo caso, no está claro lo que en realidad hay detrás de lo que formalmente se propone reformar. De lo que no se duda es que con ello no se beneficia al país, al pueblo, a la nación.