Que se les eduque para
pensar, no para obedecer
El próximo sábado el Partido Patriota (PP), sus aliados y financistas, estarán arribando a los primeros seis meses de estar en el gobierno. La élite oligárquica y patronal del país, en tanto, presionan para controlar el poder, como lo llegaron a tener cuando gobernó el presidente Berger y el presidente Arzú. Al día de hoy, todo indica que un buen número de quienes les “favorecieron” con su voto, ya estarán arrepentidos de haberlo hecho, aunque no hay que dejar de considerar que la situación podría estar igual o peor si hubiese sido el candidato del partido Libertad Democrática Renovada (LDR), quien estuviera gobernando.
Lo que el candidato de la derecha conservadora y militarista ofreció durante su anticipada, prolongada y millonaria campaña electoral, ahora, como gobernante, está muy lejos de concretarse y, quizá, sólo en materia de seguridad, algo esté logrando. Sus incondicionales partidarios y más furibundos adversarios, tendrán en cuenta que después de dos campañas por llegar a gobernar, el PP, sus cuadros y dirigentes se suponía que tendrían que haber estado preparados para, en el momento de asumir el poder, desempeñar sus cargos y responsabilidades con suficiente competencia y eficacia, eficiencia y capacidad.
Las cosas, en todo caso, no están así y no son así. Ello, tiene sus causas y consecuencias, raíces y efectos. Una es la debilidad principal del gobierno actual y cuatro los componentes en que se expresa y manifiesta.
Su debilidad principal está en la composición e integración del gabinete y la deficiente e incompetente gestión pública. Esta debilidad principal se expresa y pone de manifiesto en: 1) las contradicciones y disputas por el control del poder y el reparto de los grandes negocios; 2) las precipitadas, improvisadas y no bien fundamentadas, inconsistentes y distractoras propuestas e iniciativas; 3) las limitaciones e incapacidad para enfrentar y darle una salida aceptable y razonable a los conflictos sociales; y, 4) el poco apoyo con que cuenta
En política, se considera como debilidad principal lo que a un gobierno lo hace vulnerable y le impide y dificulta concretar lo que se propone. En cuanto al poco e insuficiente apoyo con que pueda contar, en nuestro caso, a partir de la llamada transición democrática, no ha habido un solo gobernante que cuente con el respaldo y apoyo de una fuerza política consistente, respetable.
En general, los resultados de las votaciones habidas desde entonces, son un indicador válido a tener en cuenta, sobre todo, por el significado e importancia de los votos nulos, los votos en blanco, la abstención y el alto porcentaje de quienes no han votado por el candidato “ganador”.
El partido y los aliados de última hora así como los financistas del actual mandatario, durante la segunda vuelta apenas si contaron con el voto del 31 por ciento de los ciudadanos empadronados. El restante 69 por ciento se abstuvo, anuló su voto, votó en blanco o por el otro candidato. Una lectura rigurosa de lo descrito, explica el limitado respaldo ciudadano al gobierno y la poca consistencia y prestigio del partido que lo postuló y de sus oportunistas y acomodaticios aliados de último momento.
Una situación así, en su conjunto, determina e incide en que la gobernabilidad y estabilidad continúen estando en alto riesgo y que los conflictos sociales no resueltos se ahonden y agraven y se profundice, aún más, la ya tan de por si agravada y profunda crisis económica, política e institucional.
Tanto en el campo como en las ciudades, los conflictos sociales tienden a expandirse y generalizarse. La lucha contra la minería a cielo abierto y otros recursos no renovables, por el derecho a la tierra y contra los desalojos y asesinatos de campesinos y activistas sociales en el área rural y contra la reforma en el pensum de estudios de magisterio, es apenas la punta del iceberg.
Después de haber logrado concluir por medios políticos un enfrentamiento armado de más de 36 años, resultaría intransigente e incomprensible oponerse y cuestionar la vía del diálogo y las conversaciones a fin de darle salida y resolver los actuales conflictos sociales. Lo que no resulta aceptable es que se hable de conversar y dialogar para darle largas a los asuntos y tratar de confundir y dividir. Recurrir a la amenaza, la intimidación y la represión policial, es reprobable.
Los adolecentes y jóvenes estudiantes de las escuelas normales del país tienen razón cuando exigen que se les eduque para pensar, no para obedecer. Es el reclamo que los une, organiza y moviliza y expresa a lo que nuestro pueblo más anhela y aspira y por lo que lucha: que las cosas cambien a fondo y el país avance hacia una etapa superior de desarrollo y progreso, equidad y justicia social, democracia y libertad, soberanía e independencia.
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