Lo que comienza mal
y sigue mal, termina mal
La desbandada de diputados de unas bancadas a otras y su renuncia a los “agrupamientos” que los “postularon”, los pleitos en las primeras reuniones de jefes de bloque, el descontento en la del viernes 20 y el altercado en el Pleno del 19 de enero, así como el papel de la aplanadora pro oficial que se dice está ya “constituida”, obliga a preguntarse si son suficientes indicios para afirmar que lo que comienza mal y sigue mal, termine mal o peor.
El transfuguismo es una de las prácticas más nocivas, perniciosas y censurables. Pone en entredicho y desprestigia a las bancadas que lo estimulan, pero también a las que lo permiten y a las que aceptan a quienes así proceden. Afecta y compromete la labor legislativa, su eficacia y eficiencia, solvencia e integridad. Es una manifestación de corrupción, oportunismo, acomodamiento y politiquería.
Riñe con la labor de legislar en interés del país y la nación. Es consustancial a la falta de lealtad y consecuencia, fidelidad e identificación política y partidaria. Se utiliza y sirve para obtener favores y beneficios, privilegios y prebendas personales. El tránsfuga se burla, ignora e irrespeta la “voluntad” del ciudadano que lo “favoreció” con su “voto” y de quienes lo “postularon”.
La desbandada en la actual legislatura, no parece tener precedentes. De los 158 diputados que fueron “electos” o “reelectos”, 35 renunciaron a los “agrupamientos” que los postularon y cambiaron de bancada. Varios parlamentarios prevén más “reacomodos de fuerzas”.
Fuera del Congreso, hay quienes opinan que tan oportunista y acomodaticio es quien se cambia de bancada y renuncia a su “agrupamiento” como quien acepta un cargo de menor rango que el que ocupó en la junta directiva anterior o quien acepta formar parte de ella con el pretexto de que podría ser la última legislatura a la que se le haya “electo”. Son acres las críticas al ex presidente del Congreso y ahora diputado “independiente” y al también tránsfuga y ex secretario general de la UNE.
Son reprobables e indignan los pleitos por el reparto de las oficinas de trabajo y la asignación de nuevas plazas. Es aún más censurado y criticable el irrespetuoso proceder del actual jefe de bancada del ex partido oficial durante el Pleno del primer período ordinario de sesiones.
Semejantes pleitos, ponen en evidencia la incapacidad de la actual junta directiva para solventar y evacuar asuntos administrativos y resolver y dirimir los de carácter político e institucional. Además, pone en duda su competencia para arribar a consensos y el restablecimiento de la gobernabilidad en el Legislativo.
La crónica parlamentaria ilustra algo al respecto. En su edición de ayer, PrensaLibre informa que varios jefes de bloques y algunos integrantes de la junta directiva se quejan del autoritarismo del presidente del Congreso, están molestos porque “ha tratado de imponer la agenda del partido oficial” y les parece que la “búsqueda de consensos está cuesta arriba”. No ven bien “la intromisión del Ejecutivo en la toma de decisiones en el Parlamento”.
Con anterioridad, otro de los diarios de la mañana, informaba que los diputados se pelearon por la distribución de las oficinas y que durante la primera sesión de jefes de bloque la agenda legislativa se relegó a un segundo plano. (elPeriódico, 18 de enero de 2012).
Respecto a las peleas por “contratar más personal, pese a que en el Congreso hay más de mil 296 personas para atender a los 158 legisladores”, el matutino de la 13 calle, informó que es una muestra de que “la anarquía en el Congreso ha llegado a límites inesperados” (PrensaLibre, 19 de enero de 2012).
Según el Diario La Hora (19 de enero de 2012), el inicio del período ordinario de sesiones del Congreso estuvo marcado por la impuntualidad y la confrontación. El retraso, se dice, fue a causa de los problemas surgidos por “la asignación de espacios” ya que los diputados “no sabían dónde ubicarse, por el cambio de bancadas” y que el altercado entre el jefe de la bancada de la UNE y la junta directiva del Congreso, se debió a que el presidente del Legislativo “no le cedió la palabra” y ello motivó “su enojo”.
El día de hoy, SIGLO21.com.gt refiere que “en el Congreso, los reclamos y el desorden continúan”.
La Constitución Política de la República incluye entre las prerrogativas de que gozan los diputados la “irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo” (Artículo 161, literal b).
Por alguna razón, el constituyente de 1985 no consignó lo referente al buen comportamiento a observar por quien ostenta la calidad de dignatario de la Nación y representante del pueblo.De acuerdo a como están las cosas, existe el riesgo real de que la actual legislatura resulte peor que la anterior. No es precipitado, en consecuencia, afirmar que lo que comienza mal y sigue mal, termine mal o peor.
jueves, 26 de enero de 2012
jueves, 19 de enero de 2012
A media semana
Paz y reconciliación,
inseguridad y confrontación
En esta oportunidad me referiré a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el proceso para la búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado interno; la segunda, con el clima de inseguridad y confrontación que entre distintos sectores de la población --tanto urbana como rural-- se percibe y que fue más evidente antes, durante y después del 11 de septiembre, se agravó un tanto más después, durante y previamente al 7 de noviembre y se acentuó en el curso del proceso de transición y cambio de gobierno.
Días antes de la conmemoración del XV aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se me entrevistó para una televisora alemana. Varias y puntuales fueron las preguntas. Me interesa destacar una. Se me peguntó que con qué gobiernos habíamos negociado mejor y arribado a resultados satisfactorios. No dudé en responder que fue con el gobierno del presidente Serrano Elías y con el gobierno del presidente De León Carpio.
Con el Acuerdo del 26 de abril de 1991 y con el del 25 de julio de 1991, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el licenciado Manuel Conde Orellana y con el Acuerdo del 29 de marzo de 1994, el del 23 de junio de 1994 y el del 31 marzo de 1995, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el doctor Héctor Rosada Granados, el proceso negociador alcanzó el contenido sustantivo e integral que se convino. Lo así suscrito es de especial trascendencia e importancia.
Estos Acuerdos corresponden, definen y concretan --al igual que los demás y, muy en especial, el del 19 de septiembre de 1996-- el espíritu, contenido, sustancia e integralidad de lo que se decidió conocer, aprobar y suscribir y sentar así las bases de solución de las causas estructurales e institucionales que dieron origen al conflicto armado interno y constituyen, a su vez, la base, contenido, sustancia e integralidad de la construcción de la paz.
En lo que respecta a las causas, la mayoría de ellas permanecen intactas; otras, se han agravado y, en las que algo se ha avanzado, son las menos. La construcción de la paz es, entonces, una tarea pendiente y después de 15 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, no se ha logrado coincidir en el camino a seguir para concretarla y superar el clima de inseguridad y confrontación a que se ha orillado al país.
Con quienes he conversado en estos días, son de la opinión y, en su mayoría, coinciden en que con el cambio de gobierno, la confrontación no se dará “en las alturas”. La naturaleza, carácter, estructura y composición del actual gobierno, avizora el retorno --de acuerdo a las condiciones y situación actual del país, la amenazante recesión global que afectaría a todos los pueblos del mundo y el peligro de una guerra termonuclear--, a prácticas gerenciales, tecnócratas y privatizadoras como las del presidente Arzú y del presidente Berger, respectivamente.
Más de un indicio o una seña ya dada, permite formular tal previsión y, aunque se deseara que no fuera así, hay que tener en cuenta que una cosa son los deseos y las intenciones que se puedan tener y otra los hechos y la realidad ante la que se está. Todo parece indicar que el carácter y naturaleza de la gestión gubernamental en los próximos cuatro años corresponda al de una gestión pública y administrativa mucho más gerencial y exageradamente tecnocrática.
Si es cierto como se informaba ayer respecto al anuncio gubernamental del “impulso de alianzas público-privadas o ‘apadrinamiento’ para sostener la red hospitalaria, con empresas como Fundazúcar y Perenco” (elPeriódico, 17 de enero de 2012), ello sólo puede significar que, llegado el momento, abarque otros sectores estratégicos de la gestión gubernamental como la infraestructura y obra pública y la educación, y se afiance y consolide aún más la concepción subsidiaria del Estado, a conveniencia de la élite oligárquica y patronal y el empresariado organizado.
Lo que ahora cuenta, no es lo que emocionadamente se haya dicho en el discurso de toma de posesión o lo desordenado y hasta pareciera haber sido un improvisado acto de investidura. Lo que empieza a ser decisivo y determinante, son los hechos, las decisiones que se están tomando y que marchan en dirección de un retorno a prácticas administrativas y de gobierno propias de un pasado que institucionalmente no se ha podido corregir y, menos, superar.
La paz y la reconciliación no alcanzadas, la inseguridad y la confrontación no resueltas, impiden el restablecimiento de la gobernabilidad y tranquilidad ciudadana, el progreso y desarrollo, la justicia social, la eliminación de la discriminación y de toda forma de exclusión, la institucionalización de los cambios estructurales, el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, así como la legitimación de la gestión pública y de gobierno, en interés del pueblo, el país y la nación.
inseguridad y confrontación
En esta oportunidad me referiré a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el proceso para la búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado interno; la segunda, con el clima de inseguridad y confrontación que entre distintos sectores de la población --tanto urbana como rural-- se percibe y que fue más evidente antes, durante y después del 11 de septiembre, se agravó un tanto más después, durante y previamente al 7 de noviembre y se acentuó en el curso del proceso de transición y cambio de gobierno.
Días antes de la conmemoración del XV aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se me entrevistó para una televisora alemana. Varias y puntuales fueron las preguntas. Me interesa destacar una. Se me peguntó que con qué gobiernos habíamos negociado mejor y arribado a resultados satisfactorios. No dudé en responder que fue con el gobierno del presidente Serrano Elías y con el gobierno del presidente De León Carpio.
Con el Acuerdo del 26 de abril de 1991 y con el del 25 de julio de 1991, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el licenciado Manuel Conde Orellana y con el Acuerdo del 29 de marzo de 1994, el del 23 de junio de 1994 y el del 31 marzo de 1995, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el doctor Héctor Rosada Granados, el proceso negociador alcanzó el contenido sustantivo e integral que se convino. Lo así suscrito es de especial trascendencia e importancia.
Estos Acuerdos corresponden, definen y concretan --al igual que los demás y, muy en especial, el del 19 de septiembre de 1996-- el espíritu, contenido, sustancia e integralidad de lo que se decidió conocer, aprobar y suscribir y sentar así las bases de solución de las causas estructurales e institucionales que dieron origen al conflicto armado interno y constituyen, a su vez, la base, contenido, sustancia e integralidad de la construcción de la paz.
En lo que respecta a las causas, la mayoría de ellas permanecen intactas; otras, se han agravado y, en las que algo se ha avanzado, son las menos. La construcción de la paz es, entonces, una tarea pendiente y después de 15 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, no se ha logrado coincidir en el camino a seguir para concretarla y superar el clima de inseguridad y confrontación a que se ha orillado al país.
Con quienes he conversado en estos días, son de la opinión y, en su mayoría, coinciden en que con el cambio de gobierno, la confrontación no se dará “en las alturas”. La naturaleza, carácter, estructura y composición del actual gobierno, avizora el retorno --de acuerdo a las condiciones y situación actual del país, la amenazante recesión global que afectaría a todos los pueblos del mundo y el peligro de una guerra termonuclear--, a prácticas gerenciales, tecnócratas y privatizadoras como las del presidente Arzú y del presidente Berger, respectivamente.
Más de un indicio o una seña ya dada, permite formular tal previsión y, aunque se deseara que no fuera así, hay que tener en cuenta que una cosa son los deseos y las intenciones que se puedan tener y otra los hechos y la realidad ante la que se está. Todo parece indicar que el carácter y naturaleza de la gestión gubernamental en los próximos cuatro años corresponda al de una gestión pública y administrativa mucho más gerencial y exageradamente tecnocrática.
Si es cierto como se informaba ayer respecto al anuncio gubernamental del “impulso de alianzas público-privadas o ‘apadrinamiento’ para sostener la red hospitalaria, con empresas como Fundazúcar y Perenco” (elPeriódico, 17 de enero de 2012), ello sólo puede significar que, llegado el momento, abarque otros sectores estratégicos de la gestión gubernamental como la infraestructura y obra pública y la educación, y se afiance y consolide aún más la concepción subsidiaria del Estado, a conveniencia de la élite oligárquica y patronal y el empresariado organizado.
Lo que ahora cuenta, no es lo que emocionadamente se haya dicho en el discurso de toma de posesión o lo desordenado y hasta pareciera haber sido un improvisado acto de investidura. Lo que empieza a ser decisivo y determinante, son los hechos, las decisiones que se están tomando y que marchan en dirección de un retorno a prácticas administrativas y de gobierno propias de un pasado que institucionalmente no se ha podido corregir y, menos, superar.
La paz y la reconciliación no alcanzadas, la inseguridad y la confrontación no resueltas, impiden el restablecimiento de la gobernabilidad y tranquilidad ciudadana, el progreso y desarrollo, la justicia social, la eliminación de la discriminación y de toda forma de exclusión, la institucionalización de los cambios estructurales, el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, así como la legitimación de la gestión pública y de gobierno, en interés del pueblo, el país y la nación.
jueves, 12 de enero de 2012
A media semana
Después de siete presidentes civiles,
un militar gobernará el país
Los 26 años recientes de la historia institucional del país, son una etapa más de la prolongada y agravada crisis general que arranca con la intervención norteamericana en junio de 1954. La historia no es un mero recuento de acontecimientos. Es, además, la explicación e interpretación de cada momento, sus antecedentes, causas, desenvolvimiento y desarrollo, secuencia y continuidad, interrelación, características y rasgos que les son propios, los que los diferencia y los que tienen en común.
Ante lo acontecido sólo cabe asumir una posición crítica. Es válido y legítimo, en consecuencia, reconocer y valorar tanto lo positivo como lo negativo de cada momento, y de ellos en su conjunto. Esto, en todo caso, es sólo una parte del camino a recorrer y cuya validez y objetividad se confirma o corrige por el acierto con que se proceda o las limitaciones en que se incurra.
En lo institucional, desde el punto de vista de clase, no es difícil ni complicado caracterizar cada período gubernamental de los siete que han habido desde entonces.
No ignoro ni desconozco que referirse en estos términos al abordar una etapa de nuestra historia, supone el riesgo de entrar en un terreno minado y exponerse a que se satanice lo que así se aborda. Además, para quienes les ha tocado vivir esa etapa tendrán sus propios puntos de vista como los tienen, también, quienes la ven a distancia en el tiempo o no la han vivido. De ahí que las fuentes a las que cada quien acude pasan por las de la propia experiencia o por lo que se alcanza a ver o por lo que alguien refiera.
Rigurosamente hablando, una etapa o un período de nuestra historia no pasa por lo que se supone que pudo haber acontecido.
De los siete gobernantes del último tiempo, en términos generales, puede decirse que no hay uno sólo que se haya identificado y represente los intereses, necesidades y demandas de la clase obrera, los campesinos y pueblos indígenas, de las capas medias empobrecidas y marginadas y de los sectores excluidos, discriminados y marginados.
A su manera y desde las posiciones e intereses que representan, defienden, tutelan y salvaguardan, son gobernantes que en general han estado al servicio de la élite oligárquica y patronal tradicional, de los poderes fácticos y paralelos, los grupos de presión y el círculo de sus más allegados y cercanos colaboradores y financistas de campaña. En particular, cabe diferenciar lo que a cada uno corresponde y lo que cada uno tiene en común con los demás.
Para la élite oligárquica y patronal tradicional y los grupos de presión y opinión, la administración de Serrano Elías, la de Portillo Cabrera y la de Colom Caballeros les han sido de lo más incómodas y si las soportaron es porque, en el fondo, no afectaron sus intereses fundamentales. A la de Arzú y a la de Berger, por el contrario, las apoyaron con algo más que agrado y por una sola razón: Arzú y Berger pusieron a su servicio la administración pública y el gobierno y representaron y defendieron a cabalidad e incondicionalmente sus intereses.
A la administración de De León Carpio, la dejaron que procediera con cierto margen de decisión. El límite al que la sujetaron, quedó definido a partir de las condiciones en que convinieron que sucediera a una administración depuesta por el empresariado organizado, un sector del Ejército y la sociedad civil y con el beneplácito y complacencia de la embajada estadounidense en el país. A la de Cerezo Arévalo, la lograron controlar e imponerle sus reglas de juego y poder. Fue por eso que pudo terminar su mandato sin mayores contratiempos.
Han sido, entonces, siete períodos gubernamentales durante los que el sistema económico y social y el régimen político e institucional han estado al servicio de la élite oligárquica y patronal tradicional, el empresariado organizado, los círculos de allegados más cercanos al gobernante de turno y el gran capital extranjero y las transnacionales.
Si hay algo que los identifica y tienen en común, es que son gobernantes que han terminado siendo gobernantes de lo más desprestigiados y cuestionados, aislados y sin ningún respaldo social y popular, salvo, tal vez, el de De León Carpio que, por cierto, es oportuno traer a cuenta que no fue “electo” sino designado por el Congreso de la República.
En conclusión, después de siete gobernantes civiles, un militar en retiro gobernará el país. Por sus ofrecimientos y promesas, compromisos adquiridos y designaciones que ya ha hecho, a la élite oligárquica y patronal tradicional le resulta siendo de lo más cómoda y muy conveniente una administración del carácter y naturaleza de la que se inaugura el 14 de enero de 2012 y, esto es así, en tanto que corresponde a los intereses de lo más rancio y conservador del poder económico y oligárquico en nuestro país.
un militar gobernará el país
Los 26 años recientes de la historia institucional del país, son una etapa más de la prolongada y agravada crisis general que arranca con la intervención norteamericana en junio de 1954. La historia no es un mero recuento de acontecimientos. Es, además, la explicación e interpretación de cada momento, sus antecedentes, causas, desenvolvimiento y desarrollo, secuencia y continuidad, interrelación, características y rasgos que les son propios, los que los diferencia y los que tienen en común.
Ante lo acontecido sólo cabe asumir una posición crítica. Es válido y legítimo, en consecuencia, reconocer y valorar tanto lo positivo como lo negativo de cada momento, y de ellos en su conjunto. Esto, en todo caso, es sólo una parte del camino a recorrer y cuya validez y objetividad se confirma o corrige por el acierto con que se proceda o las limitaciones en que se incurra.
En lo institucional, desde el punto de vista de clase, no es difícil ni complicado caracterizar cada período gubernamental de los siete que han habido desde entonces.
No ignoro ni desconozco que referirse en estos términos al abordar una etapa de nuestra historia, supone el riesgo de entrar en un terreno minado y exponerse a que se satanice lo que así se aborda. Además, para quienes les ha tocado vivir esa etapa tendrán sus propios puntos de vista como los tienen, también, quienes la ven a distancia en el tiempo o no la han vivido. De ahí que las fuentes a las que cada quien acude pasan por las de la propia experiencia o por lo que se alcanza a ver o por lo que alguien refiera.
Rigurosamente hablando, una etapa o un período de nuestra historia no pasa por lo que se supone que pudo haber acontecido.
De los siete gobernantes del último tiempo, en términos generales, puede decirse que no hay uno sólo que se haya identificado y represente los intereses, necesidades y demandas de la clase obrera, los campesinos y pueblos indígenas, de las capas medias empobrecidas y marginadas y de los sectores excluidos, discriminados y marginados.
A su manera y desde las posiciones e intereses que representan, defienden, tutelan y salvaguardan, son gobernantes que en general han estado al servicio de la élite oligárquica y patronal tradicional, de los poderes fácticos y paralelos, los grupos de presión y el círculo de sus más allegados y cercanos colaboradores y financistas de campaña. En particular, cabe diferenciar lo que a cada uno corresponde y lo que cada uno tiene en común con los demás.
Para la élite oligárquica y patronal tradicional y los grupos de presión y opinión, la administración de Serrano Elías, la de Portillo Cabrera y la de Colom Caballeros les han sido de lo más incómodas y si las soportaron es porque, en el fondo, no afectaron sus intereses fundamentales. A la de Arzú y a la de Berger, por el contrario, las apoyaron con algo más que agrado y por una sola razón: Arzú y Berger pusieron a su servicio la administración pública y el gobierno y representaron y defendieron a cabalidad e incondicionalmente sus intereses.
A la administración de De León Carpio, la dejaron que procediera con cierto margen de decisión. El límite al que la sujetaron, quedó definido a partir de las condiciones en que convinieron que sucediera a una administración depuesta por el empresariado organizado, un sector del Ejército y la sociedad civil y con el beneplácito y complacencia de la embajada estadounidense en el país. A la de Cerezo Arévalo, la lograron controlar e imponerle sus reglas de juego y poder. Fue por eso que pudo terminar su mandato sin mayores contratiempos.
Han sido, entonces, siete períodos gubernamentales durante los que el sistema económico y social y el régimen político e institucional han estado al servicio de la élite oligárquica y patronal tradicional, el empresariado organizado, los círculos de allegados más cercanos al gobernante de turno y el gran capital extranjero y las transnacionales.
Si hay algo que los identifica y tienen en común, es que son gobernantes que han terminado siendo gobernantes de lo más desprestigiados y cuestionados, aislados y sin ningún respaldo social y popular, salvo, tal vez, el de De León Carpio que, por cierto, es oportuno traer a cuenta que no fue “electo” sino designado por el Congreso de la República.
En conclusión, después de siete gobernantes civiles, un militar en retiro gobernará el país. Por sus ofrecimientos y promesas, compromisos adquiridos y designaciones que ya ha hecho, a la élite oligárquica y patronal tradicional le resulta siendo de lo más cómoda y muy conveniente una administración del carácter y naturaleza de la que se inaugura el 14 de enero de 2012 y, esto es así, en tanto que corresponde a los intereses de lo más rancio y conservador del poder económico y oligárquico en nuestro país.
miércoles, 4 de enero de 2012
A media semana
Una oleada de revueltas e
indignación conmociona al mundo
Los primeros días del año son propicios para echar un vistazo a lo más importante que ocurrió durante el que acaba de terminar. Son propicios, además, para quienes se solazan con conjeturar sobre lo que nos espera en el año que recién está comenzando. De acuerdo a lo que les dice su bola de cristal, hay quienes ven que se está al borde del caos o quienes aseguran que no es cierto que se vaya hacia una recesión global y que todo seguirá como hasta ahora.
Los acontecimientos del año pasado y su probable curso, desenvolvimiento y desarrollo hay que examinarlos teniendo en cuenta la situación y condiciones concretas de cada país, sus antecedentes, el momento actual y lo que tienen en común. Quienes piensan que nada va a pasar más allá de lo que ya sucedió y quienes presagian que este año es el año del caos y el desastre, lo piensan y presagian así porque es así como quisieran que fuera y no como en realidad están las cosas. La situación internacional no es tan simple y lineal como para que se le vea así.
Lo acontecido en muchos países del mundo en 2011, se dice que sorprendió a todos. Esto, en parte, es cierto. Sin embargo, si se ahonda un tanto más, resulta siendo evidente que, en general, las condiciones objetivas estaban dándose, maduraron aceleradamente e hicieron posible los estallidos populares y la indignación social que llegan a ser el rasgo más característico de la situación internacional en el momento actual.
Lo que acontece en un país, en un área, en una región, en un continente y en el mundo en general, corresponde a situaciones y condiciones propias, muy concretas y específicas de cada país, área, región, continente y, en general, del mundo. Corresponde, además, a su propio rumbo, desarrollo y desenvolvimiento y a rasgos y características que le son comunes. Nada ocurre por casualidad ni se da aisladamente.
La interpretación de cada hecho así como los de ellos en su conjunto, hay que hacerla teniendo en cuenta su interrelación, dinámica y contradicciones. Es decir, dialécticamente.
Las revueltas populares que se desencadenan en el norte de África y la indignación social alrededor del mundo, sólo se pueden explicar a partir de tener en cuenta los factores de fondo que hacen posible que en un momento dado y en situación y condiciones muy concretas, los estallidos sociales y la indignación se desencadenen. No se pueden dejar de tener en cuenta, además, sus causas, efectos y manifestaciones.
Para el caso, procede empezar refiriéndose a los acontecimientos en Túnez y Egipto. En Túnez y en Egipto, lo que está ocurriendo y cuyo desenlace no se vislumbra todavía, es resultado de condiciones objetivas muy concretas, específicas y propias de cada país y lo que tienen en común. Lo común y principal está en la contradicción que resulta de las condiciones económicas que afectan a la mayoría de la población en situación de pobreza y pobreza extrema y la acumulación y concentración de riqueza y privilegios de una élite gobernante corrupta.
A ello hay que agregar el régimen vitalicio imperante, el cierre a toda forma de organización social y popular y a la participación política y democrática.
En la medida en que se fue acentuando y haciendo evidente esta insultante situación, las condiciones fueron madurando hasta desembocar en los estallidos populares que permitieron la defenestración de dos gobernantes vitalicios. Lo que no se ha logrado todavía es acabar con el régimen militar y político que continúa gobernando con el apoyo y aval del imperio estadounidense, la Unión Europea e Israel.
A falta de disponer de suficientes elementos, no deja de ser un tanto precipitado coincidir con quienes ven que la espontaneidad es lo que predomina y caracteriza a los movimientos en Túnez y Egipto. Esto es algo que merece tratarse con mucho más cuidado y atención y no dejarse llevar por lo que pareciera ser una de sus características.
Lo que no es motivo de duda ni discusión es que para la administración del presidente Obama y sus aliados, el régimen vitalicio de Abime Ben Ali y el de Hosni Mubarak, dejaron de serles útiles y optaron por prescindir de ellos. Con la sucesión de gobernantes impuestos desde Washington, la Casa Blanca aseguró la continuidad del viejo régimen y, además, interceptar una salida democrática, social y popular y la solución a fondo de las causas económicas, políticas, institucionales y sociales que frenan el desarrollo, el progreso, la democracia y la libertad en Túnez y en Egipto así como en otros países de la región.
De lo ya dicho se deduce, entonces, que la oleada de revueltas populares e indignación social y el avance y profundización de la lucha social y popular que conmociona y se expande por todo el mundo, es el rasgo más característico del momento actual en lo internacional.
indignación conmociona al mundo
Los primeros días del año son propicios para echar un vistazo a lo más importante que ocurrió durante el que acaba de terminar. Son propicios, además, para quienes se solazan con conjeturar sobre lo que nos espera en el año que recién está comenzando. De acuerdo a lo que les dice su bola de cristal, hay quienes ven que se está al borde del caos o quienes aseguran que no es cierto que se vaya hacia una recesión global y que todo seguirá como hasta ahora.
Los acontecimientos del año pasado y su probable curso, desenvolvimiento y desarrollo hay que examinarlos teniendo en cuenta la situación y condiciones concretas de cada país, sus antecedentes, el momento actual y lo que tienen en común. Quienes piensan que nada va a pasar más allá de lo que ya sucedió y quienes presagian que este año es el año del caos y el desastre, lo piensan y presagian así porque es así como quisieran que fuera y no como en realidad están las cosas. La situación internacional no es tan simple y lineal como para que se le vea así.
Lo acontecido en muchos países del mundo en 2011, se dice que sorprendió a todos. Esto, en parte, es cierto. Sin embargo, si se ahonda un tanto más, resulta siendo evidente que, en general, las condiciones objetivas estaban dándose, maduraron aceleradamente e hicieron posible los estallidos populares y la indignación social que llegan a ser el rasgo más característico de la situación internacional en el momento actual.
Lo que acontece en un país, en un área, en una región, en un continente y en el mundo en general, corresponde a situaciones y condiciones propias, muy concretas y específicas de cada país, área, región, continente y, en general, del mundo. Corresponde, además, a su propio rumbo, desarrollo y desenvolvimiento y a rasgos y características que le son comunes. Nada ocurre por casualidad ni se da aisladamente.
La interpretación de cada hecho así como los de ellos en su conjunto, hay que hacerla teniendo en cuenta su interrelación, dinámica y contradicciones. Es decir, dialécticamente.
Las revueltas populares que se desencadenan en el norte de África y la indignación social alrededor del mundo, sólo se pueden explicar a partir de tener en cuenta los factores de fondo que hacen posible que en un momento dado y en situación y condiciones muy concretas, los estallidos sociales y la indignación se desencadenen. No se pueden dejar de tener en cuenta, además, sus causas, efectos y manifestaciones.
Para el caso, procede empezar refiriéndose a los acontecimientos en Túnez y Egipto. En Túnez y en Egipto, lo que está ocurriendo y cuyo desenlace no se vislumbra todavía, es resultado de condiciones objetivas muy concretas, específicas y propias de cada país y lo que tienen en común. Lo común y principal está en la contradicción que resulta de las condiciones económicas que afectan a la mayoría de la población en situación de pobreza y pobreza extrema y la acumulación y concentración de riqueza y privilegios de una élite gobernante corrupta.
A ello hay que agregar el régimen vitalicio imperante, el cierre a toda forma de organización social y popular y a la participación política y democrática.
En la medida en que se fue acentuando y haciendo evidente esta insultante situación, las condiciones fueron madurando hasta desembocar en los estallidos populares que permitieron la defenestración de dos gobernantes vitalicios. Lo que no se ha logrado todavía es acabar con el régimen militar y político que continúa gobernando con el apoyo y aval del imperio estadounidense, la Unión Europea e Israel.
A falta de disponer de suficientes elementos, no deja de ser un tanto precipitado coincidir con quienes ven que la espontaneidad es lo que predomina y caracteriza a los movimientos en Túnez y Egipto. Esto es algo que merece tratarse con mucho más cuidado y atención y no dejarse llevar por lo que pareciera ser una de sus características.
Lo que no es motivo de duda ni discusión es que para la administración del presidente Obama y sus aliados, el régimen vitalicio de Abime Ben Ali y el de Hosni Mubarak, dejaron de serles útiles y optaron por prescindir de ellos. Con la sucesión de gobernantes impuestos desde Washington, la Casa Blanca aseguró la continuidad del viejo régimen y, además, interceptar una salida democrática, social y popular y la solución a fondo de las causas económicas, políticas, institucionales y sociales que frenan el desarrollo, el progreso, la democracia y la libertad en Túnez y en Egipto así como en otros países de la región.
De lo ya dicho se deduce, entonces, que la oleada de revueltas populares e indignación social y el avance y profundización de la lucha social y popular que conmociona y se expande por todo el mundo, es el rasgo más característico del momento actual en lo internacional.
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