A media semana

Paz y reconciliación,
inseguridad y confrontación

En esta oportunidad me referiré a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el proceso para la búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado interno; la segunda, con el clima de inseguridad y confrontación que entre distintos sectores de la población --tanto urbana como rural-- se percibe y que fue más evidente antes, durante y después del 11 de septiembre, se agravó un tanto más después, durante y previamente al 7 de noviembre y se acentuó en el curso del proceso de transición y cambio de gobierno.

Días antes de la conmemoración del XV aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se me entrevistó para una televisora alemana. Varias y puntuales fueron las preguntas. Me interesa destacar una. Se me peguntó que con qué gobiernos habíamos negociado mejor y arribado a resultados satisfactorios. No dudé en responder que fue con el gobierno del presidente Serrano Elías y con el gobierno del presidente De León Carpio.

Con el Acuerdo del 26 de abril de 1991 y con el del 25 de julio de 1991, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el licenciado Manuel Conde Orellana y con el Acuerdo del 29 de marzo de 1994, el del 23 de junio de 1994 y el del 31 marzo de 1995, discutidos, aprobados y firmados con la delegación gubernamental presidida por el doctor Héctor Rosada Granados, el proceso negociador alcanzó el contenido sustantivo e integral que se convino. Lo así suscrito es de especial trascendencia e importancia.

Estos Acuerdos corresponden, definen y concretan --al igual que los demás y, muy en especial, el del 19 de septiembre de 1996-- el espíritu, contenido, sustancia e integralidad de lo que se decidió conocer, aprobar y suscribir y sentar así las bases de solución de las causas estructurales e institucionales que dieron origen al conflicto armado interno y constituyen, a su vez, la base, contenido, sustancia e integralidad de la construcción de la paz.

En lo que respecta a las causas, la mayoría de ellas permanecen intactas; otras, se han agravado y, en las que algo se ha avanzado, son las menos. La construcción de la paz es, entonces, una tarea pendiente y después de 15 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, no se ha logrado coincidir en el camino a seguir para concretarla y superar el clima de inseguridad y confrontación a que se ha orillado al país.

Con quienes he conversado en estos días, son de la opinión y, en su mayoría, coinciden en que con el cambio de gobierno, la confrontación no se dará “en las alturas”. La naturaleza, carácter, estructura y composición del actual gobierno, avizora el retorno --de acuerdo a las condiciones y situación actual del país, la amenazante recesión global que afectaría a todos los pueblos del mundo y el peligro de una guerra termonuclear--, a prácticas gerenciales, tecnócratas y privatizadoras como las del presidente Arzú y del presidente Berger, respectivamente.

Más de un indicio o una seña ya dada, permite formular tal previsión y, aunque se deseara que no fuera así, hay que tener en cuenta que una cosa son los deseos y las intenciones que se puedan tener y otra los hechos y la realidad ante la que se está. Todo parece indicar que el carácter y naturaleza de la gestión gubernamental en los próximos cuatro años corresponda al de una gestión pública y administrativa mucho más gerencial y exageradamente tecnocrática.

Si es cierto como se informaba ayer respecto al anuncio gubernamental del “impulso de alianzas público-privadas o ‘apadrinamiento’ para sostener la red hospitalaria, con empresas como Fundazúcar y Perenco” (elPeriódico, 17 de enero de 2012), ello sólo puede significar que, llegado el momento, abarque otros sectores estratégicos de la gestión gubernamental como la infraestructura y obra pública y la educación, y se afiance y consolide aún más la concepción subsidiaria del Estado, a conveniencia de la élite oligárquica y patronal y el empresariado organizado.

Lo que ahora cuenta, no es lo que emocionadamente se haya dicho en el discurso de toma de posesión o lo desordenado y hasta pareciera haber sido un improvisado acto de investidura. Lo que empieza a ser decisivo y determinante, son los hechos, las decisiones que se están tomando y que marchan en dirección de un retorno a prácticas administrativas y de gobierno propias de un pasado que institucionalmente no se ha podido corregir y, menos, superar.

La paz y la reconciliación no alcanzadas, la inseguridad y la confrontación no resueltas, impiden el restablecimiento de la gobernabilidad y tranquilidad ciudadana, el progreso y desarrollo, la justicia social, la eliminación de la discriminación y de toda forma de exclusión, la institucionalización de los cambios estructurales, el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, así como la legitimación de la gestión pública y de gobierno, en interés del pueblo, el país y la nación.