A media semana

Después de siete presidentes civiles,
un militar gobernará el país

Los 26 años recientes de la historia institucional del país, son una etapa más de la prolongada y agravada crisis general que arranca con la intervención norteamericana en junio de 1954. La historia no es un mero recuento de acontecimientos. Es, además, la explicación e interpretación de cada momento, sus antecedentes, causas, desenvolvimiento y desarrollo, secuencia y continuidad, interrelación, características y rasgos que les son propios, los que los diferencia y los que tienen en común.

Ante lo acontecido sólo cabe asumir una posición crítica. Es válido y legítimo, en consecuencia, reconocer y valorar tanto lo positivo como lo negativo de cada momento, y de ellos en su conjunto. Esto, en todo caso, es sólo una parte del camino a recorrer y cuya validez y objetividad se confirma o corrige por el acierto con que se proceda o las limitaciones en que se incurra.

En lo institucional, desde el punto de vista de clase, no es difícil ni complicado caracterizar cada período gubernamental de los siete que han habido desde entonces.

No ignoro ni desconozco que referirse en estos términos al abordar una etapa de nuestra historia, supone el riesgo de entrar en un terreno minado y exponerse a que se satanice lo que así se aborda. Además, para quienes les ha tocado vivir esa etapa tendrán sus propios puntos de vista como los tienen, también, quienes la ven a distancia en el tiempo o no la han vivido. De ahí que las fuentes a las que cada quien acude pasan por las de la propia experiencia o por lo que se alcanza a ver o por lo que alguien refiera.

Rigurosamente hablando, una etapa o un período de nuestra historia no pasa por lo que se supone que pudo haber acontecido.

De los siete gobernantes del último tiempo, en términos generales, puede decirse que no hay uno sólo que se haya identificado y represente los intereses, necesidades y demandas de la clase obrera, los campesinos y pueblos indígenas, de las capas medias empobrecidas y marginadas y de los sectores excluidos, discriminados y marginados.

A su manera y desde las posiciones e intereses que representan, defienden, tutelan y salvaguardan, son gobernantes que en general han estado al servicio de la élite oligárquica y patronal tradicional, de los poderes fácticos y paralelos, los grupos de presión y el círculo de sus más allegados y cercanos colaboradores y financistas de campaña. En particular, cabe diferenciar lo que a cada uno corresponde y lo que cada uno tiene en común con los demás.

Para la élite oligárquica y patronal tradicional y los grupos de presión y opinión, la administración de Serrano Elías, la de Portillo Cabrera y la de Colom Caballeros les han sido de lo más incómodas y si las soportaron es porque, en el fondo, no afectaron sus intereses fundamentales. A la de Arzú y a la de Berger, por el contrario, las apoyaron con algo más que agrado y por una sola razón: Arzú y Berger pusieron a su servicio la administración pública y el gobierno y representaron y defendieron a cabalidad e incondicionalmente sus intereses.

A la administración de De León Carpio, la dejaron que procediera con cierto margen de decisión. El límite al que la sujetaron, quedó definido a partir de las condiciones en que convinieron que sucediera a una administración depuesta por el empresariado organizado, un sector del Ejército y la sociedad civil y con el beneplácito y complacencia de la embajada estadounidense en el país. A la de Cerezo Arévalo, la lograron controlar e imponerle sus reglas de juego y poder. Fue por eso que pudo terminar su mandato sin mayores contratiempos.

Han sido, entonces, siete períodos gubernamentales durante los que el sistema económico y social y el régimen político e institucional han estado al servicio de la élite oligárquica y patronal tradicional, el empresariado organizado, los círculos de allegados más cercanos al gobernante de turno y el gran capital extranjero y las transnacionales.

Si hay algo que los identifica y tienen en común, es que son gobernantes que han terminado siendo gobernantes de lo más desprestigiados y cuestionados, aislados y sin ningún respaldo social y popular, salvo, tal vez, el de De León Carpio que, por cierto, es oportuno traer a cuenta que no fue “electo” sino designado por el Congreso de la República.

En conclusión, después de siete gobernantes civiles, un militar en retiro gobernará el país. Por sus ofrecimientos y promesas, compromisos adquiridos y designaciones que ya ha hecho, a la élite oligárquica y patronal tradicional le resulta siendo de lo más cómoda y muy conveniente una administración del carácter y naturaleza de la que se inaugura el 14 de enero de 2012 y, esto es así, en tanto que corresponde a los intereses de lo más rancio y conservador del poder económico y oligárquico en nuestro país.