El ordenamiento constitucional y los cambios que el país necesita

La tan grave crisis política, institucional y gubernamental en que está el país, pone en cuestión y evidencia, a su vez, la crisis que afecta al orden constitucional vigente. Un poco de historia puede que sirva de algo. A partir de 1954 las Cartas Magnas emitidas (1956, 1965 y 1985), son expresión y resultado de la acumulada, continuada y no resuelta crisis del Estado, sus poderes e instituciones.

Su contenido, propósitos y objetivos corresponden a desfasadas y agotadas doctrinas y teorías jurídicas que ni por asomo resumen y desarrollan lo que debería ser el Derecho; es decir, el instrumento por excelencia ( y no el obstáculo) para institucionalizar, legitimar y viabilizar el desarrollo y el progreso del país.

El orden constitucional, después de la Primavera Democrática (1944- 1954), es, además de precario y vulnerable, el obstáculo principal para los cambios que el país necesita. Tanto la Constitución de 1956 como la de 1965 tienen una vigencia breve. La de 1956 es derogada a raíz del golpe militar encabezado por Peralta Azurdia (1963) y, la de 1965, por el golpe de Estado de los militares jóvenes en 1982.

En un valiosísimo ensayo del brillante doctor en Derecho, Adolfo Mijangos López, asesinado por el aranismo en el poder, se dice que la Constitución de 1965 podría correr la misma suerte que la de 1956 y que podría ser derogada por un golpe de Estado militar como en efecto sucedió 12 años después de su entrada en vigencia. No es nada diferente lo que ocurre con la Constitución Política vigente. Ocho años después de ser promulgada se le trata de violentar y suspender.

El intento de auto golpe de Estado de Serrano Elías saca a flote la precariedad de ese orden constitucional y marca el comienzo de la acumulada, prolongada y no resuelta crisis de la denominada transición democrática, transición democrática que en lo institucional no ha sido más que la sucesión de siete gobernantes formalmente electos y uno designado por el Congreso de la República.

En tales condiciones, para quienes son de la opinión que hay que mantener el orden constitucional a como dé lugar, no parecen haberse dado cuenta de que ya fue roto, vulnerado y deslegitimado como consecuencia y resultado del asalto y secuestro del Estado por las mafias, los poderes fácticos, el crimen organizado, el narcotráfico, un puñado de testaferros, empresarios y potentados corruptores, estructuras y bandas paralelas y organizadas.

Se está, además, ante un orden constitucional en el que los tres poderes del Estado, los partidos políticos y las votaciones de cada cuatro años, han sido perversa, corrupta e impunemente convertidos en instrumento de impunidad, para amasar fortunas mal habidas y saquear los bienes y recursos del Estado.

Se está, en consecuencia, ante una contradicción no resuelta y a dirimir entre quienes están comprometidos a mantener el statu quo a como dé lugar y prolongar la agonía de un sistema político e institucional agotado y caduco y quienes ven en el Derecho, en la Doctrina, en la Constitución de la República y en las leyes el instrumento llamado a institucionalizar y legitimar los cambios que el país necesita.

Los cambios que el país necesita no sólo arrancan y pasan por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, menos, como estaban hasta ayer en la más corrupta y cuestionada de las siete más recientes legislaturas. Tampoco pasan por las reformas a otras leyes y, menos, por las votaciones convocadas para el 6 de septiembre... si es que se realizan.

De lo que se trata es de legitimar un orden constitucional que institucional, política, gubernamental, económica y socialmente viabilicen y hagan posible que el país avance, progrese y se desarrolle. De lo contrario, las cosas seguirán como están o tenderán a empeorar aún más.