La crisis política,

institucional y gubernamental (y 4)

El miércoles pasado, luego de enviar mi colaboración semanal para su publicación, me enteré del escandaloso fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de la captura de los más altos directivos y varios empleados de la Institución y dos de los representantes de la Farmacéutica Pisa, S.A., así como de lo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el  Ministerio Público (MP) informaron a medio día y en detalle, en conferencia de prensa. 

El mismo miércoles por la mañana, cinco columnas de comunidades indígenas y de campesinos llegados del interior del país y organizadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), marcharon por las principales calles y avenidas de la capital hasta desembocar en la Plaza de la Constitución.

Frente al Palacio Nacional de la Cultura, exigieron la renuncia de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre, su derecho a acceder a los servicios públicos de salud y educación, llamaron a la unidad del pueblo para salvar al país, la libertad de presos políticos, el cese de la represión y persecución de líderes comunitarios y campesinos, la nacionalización de la energía eléctrica y la convocatoria a una Asamblea constituyente plurinacional e incluyente a fin de refundar políticamente el Estado. (La Hora, 20 de mayo de 2015).

En otros medios, sospechosamente se ninguneó esta pacífica y masiva demostración o no se destacó e ignoró la importancia de sus demandas, sus exigencias y pancartas. Lo que no se puede ningunear o ignorar es que con las exigencias y demandas planteadas, se cuenta con más elementos para empezar a responder a lo que, con razón, Ollantay Itzamná planteaba respecto a "¿por qué y para quién suenan las cornetas indignadas en las ciudades?" (Rebelión, 18/05/2015).

Entre tanto y al parecer, el Embajador Robinson opta porque Pérez Molina, por el momento, continúe en la Presidencia y, por su parte, la dirigencia del CACIF, apresuradamente, se encarama a lo que se "recomienda" desde la Casa de la Avenida de la Reforma con el deliberado propósito de que a algunos de sus agremiados no se les investigue y deduzcan las responsabilidades que pudieran tener en la defraudación aduanera en la SAT, de los que están siendo investigados y ligados a proceso por el escandaloso fraude en el IGSS y las de quienes resultaran implicados en lo que podría salir a luz en estos días.

Es mucho el significado y más la importancia que tiene la marcha de las comunidades indígenas y de campesinos del 20 de mayo en la ciudad capital y lo que, en perspectiva y proyección, incidirá en el contenido, carácter, avance, desarrollo y profundización de lo planteado y logrado por las clases medias y otros sectores de la población urbana.

Son los vientos reconfortantes de la oleada antigubernamental que conmociona al país y que une, moviliza y organiza la lucha social y popular en torno a: 1) el repudio a la corrupción y la impunidad; 2) la renuncia de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre; 3) el cambio radical del sistema político e institucional, el modelo neoliberal y globalizador, egoísta y depredador; 4) contra las votaciones convocadas para el 6 de septiembre, los partidos electoreros tradicionales, las corruptas dirigencias y mafiosos financistas y sus candidatos nominados a dedo ; 5) la refundación política e institucional del Estado, sus organismos e instituciones; 6) la legitimación de la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe; 7) la convocatoria a una Asamblea Constituyente plurinacional e incluyente; y, 8) la instalación de un gobierno de transición, unidad multiétnica y pluricultural y concertación democrática, social y popular.

En estos ocho puntos se fundamenta y sustenta el legítimo, supremo y soberano derecho del pueblo a refundar y restaurar, institucionalmente, el orden constitucional.