Antes, ahora y después
del 14 de abril
Meses antes de las votaciones de 2011me referí a que --independientemente de los resultados de la segunda vuelta-- el período presidencial a iniciarse el 14 de enero de 2012 sería el último eslabón de la cadena institucional de la llamada transición democrática iniciada en 1986.
Lo que ha estado aconteciendo a partir del 14 de abril confirma lo previsto en aquél entonces y es así a causa y consecuencia de la acumulación, desgaste, agotamiento y caducidad de la estructura económica y social, el sistema político, institucional y de gobierno y la errática gestión de seis gobernantes sucesivamente "electos" a partir de 1985.
En lo político, institucional y gubernamental a un presidente considerado como el peor que haya tenido el país le sucede otro mucho peor y esto es así como resultado de unas votaciones y un sistema de partidos excluyente y el asalto y secuestro del Estado por la corrupta y mezquina élite oligárquica, el empresariado organizado, sucesivas camarillas de militares en activo o en situación de retiro, advenedizos y corruptores financistas de campaña, ONGs y contratistas de obras, estructuras delincuenciales, redes de corrupción y el crimen organizado.
Puede decirse entonces que es por ello que el país ha ido cada vez más de mal en peor y que el modelo económico y social impuesto y el sistema institucional, político y gubernamental tienden, en general, a agotarse, caducar y colapsar. En consecuencia, puede decirse que:
Uno. No es sólo la sucesiva acumulación, prolongación y agravamiento de la crisis política, institucional y gubernamental lo predominante sino que, además, el sistema y modelo impuesto no da ya para más, tiende a agotarse y caducar, y no es por esa vía que se asegura y garantiza el desarrollo y progreso del país, en beneficio de la mayoría de la población.
Dos. El período gubernamental de Pérez Molina es la culminación del perverso proceso de acumulación de la corrupción y la impunidad desde el poder y, a la vez, del agotamiento, desgaste y colapso del sistema político, institucional y gubernamental y del modelo económico y financiero. La corrupción e impunidad es sólo la punta del iceberg.
Tres. Lo que sale a luz a raíz de lo develado por la CICIG y el MP al medio día de este viernes 21, marca el comienzo del fin del último eslabón de la cadena institucional de la transición democrática y el inminente derrumbe de la corrupta administración presidida por Pérez Molina.
Y, cuatro. Así como se avizora una esperanzadora luz al final del túnel, también hay que tener en cuenta y considerar los riesgos y peligros reales y potenciales. Tres, son los principales:
1) El que advierte Pedro Pablo Marroquín Pérez en su artículo sobre La propuesta ingenua de principios de la semana pasada (Diario La Hora, 17 de agosto de 2015); 2) validar las votaciones del 6 de septiembre optando, una vez más, por el menos peor; y, 3) no establecer e identificar a otros funcionarios o ex funcionarios y grandes empresarios comprometidos en actos de corrupción y deducir las responsabilidades penales que corresponden.
En consecuencia, es otro el camino a recorrer para empezar a abrirle paso a la institucionalización y legitimación de los cambios estructurales, de fondo, de raíz, que el país necesita... YA!
Y, lo principal: primero, impedir que el sistema "asegure" y "garantice" su continuidad y prolongación; segundo, salirle al paso y denunciar cualquier intento de golpe de Estado o autogolpe y, de consumarse, llamar a la desobediencia civil y la resistencia ciudadana, democrática y popular; tercero, no dejarse provocar e intimidar; cuarto, retirarle sin más demora la inmunidad al hasta hoy todavía presidente Pérez Molina; y, quinto, con base en el contenido sustantivo e integral de los Acuerdos de Paz, empezar a resolver a fondo, de raíz, la crisis estructural, política, institucional y gubernamental a que irresponsable, impune y corruptamente se ha ido orillando al país en estos 30 años.
jueves, 27 de agosto de 2015
A media semana
Antes, ahora y después
del 14 de abril
Meses antes de las votaciones de 2011me referí a que --independientemente de los resultados de la segunda vuelta-- el período presidencial a iniciarse el 14 de enero de 2012 sería el último eslabón de la cadena institucional de la llamada transición democrática iniciada en 1986.
Lo que ha estado aconteciendo a partir del 14 de abril confirma lo previsto en aquél entonces y es así a causa y consecuencia de la acumulación, desgaste, agotamiento y caducidad de la estructura económica y social, el sistema político, institucional y de gobierno y la errática gestión de seis gobernantes sucesivamente "electos" a partir de 1985.
En lo político, institucional y gubernamental a un presidente considerado como el peor que haya tenido el país le sucede otro mucho peor y esto es así como resultado de unas votaciones y un sistema de partidos excluyente y el asalto y secuestro del Estado por la corrupta y mezquina élite oligárquica, el empresariado organizado, sucesivas camarillas de militares en activo o en situación de retiro, advenedizos y corruptores financistas de campaña, ONGs y contratistas de obras, estructuras delincuenciales, redes de corrupción y el crimen organizado.
Puede decirse entonces que es por ello que el país ha ido cada vez más de mal en peor y que el modelo económico y social impuesto y el sistema institucional, político y gubernamental tienden, en general, a agotarse, caducar y colapsar. En consecuencia, puede decirse que:
Uno. No es sólo la sucesiva acumulación, prolongación y agravamiento de la crisis política, institucional y gubernamental lo predominante sino que, además, el sistema y modelo impuesto no da ya para más, tiende a agotarse y caducar, y no es por esa vía que se asegura y garantiza el desarrollo y progreso del país, en beneficio de la mayoría de la población.
Dos. El período gubernamental de Pérez Molina es la culminación del perverso proceso de acumulación de la corrupción y la impunidad desde el poder y, a la vez, del agotamiento, desgaste y colapso del sistema político, institucional y gubernamental y del modelo económico y financiero. La corrupción e impunidad es sólo la punta del iceberg.
Tres. Lo que sale a luz a raíz de lo develado por la CICIG y el MP al medio día de este viernes 21, marca el comienzo del fin del último eslabón de la cadena institucional de la transición democrática y el inminente derrumbe de la corrupta administración presidida por Pérez Molina.
Y, cuatro. Así como se avizora una esperanzadora luz al final del túnel, también hay que tener en cuenta y considerar los riesgos y peligros reales y potenciales. Tres, son los principales:
1) El que advierte Pedro Pablo Marroquín Pérez en su artículo sobre La propuesta ingenua de principios de la semana pasada (Diario La Hora, 17 de agosto de 2015);
2) validar las votaciones del 6 de septiembre optando, una vez más, por el menos peor; y, 3) no establecer e identificar a otros funcionarios o ex funcionarios y grandes empresarios comprometidos en actos de corrupción y deducir las responsabilidades penales que corresponden.
En consecuencia, es otro el camino a recorrer para empezar a abrirle paso a la institucionalización y legitimación de los cambios estructurales, de fondo, de raíz, que el país necesita... YA!
Y, lo principal: primero, impedir que el sistema "asegure" y "garantice" su continuidad y prolongación; segundo, salirle al paso y denunciar cualquier intento de golpe de Estado o autogolpe y, de consumarse, llamar a la desobediencia civil y la resistencia ciudadana, democrática y popular; tercero, no dejarse provocar e intimidar; cuarto, retirarle sin más demora la inmunidad al hasta hoy todavía presidente Pérez Molina; y, quinto, con base en el contenido sustantivo e integral de los Acuerdos de Paz, empezar a resolver a fondo, de raíz, la crisis estructural, política, institucional y gubernamental a que irresponsable, impune y corruptamente se ha ido orillando al país en estos 30 años.
del 14 de abril
Meses antes de las votaciones de 2011me referí a que --independientemente de los resultados de la segunda vuelta-- el período presidencial a iniciarse el 14 de enero de 2012 sería el último eslabón de la cadena institucional de la llamada transición democrática iniciada en 1986.
Lo que ha estado aconteciendo a partir del 14 de abril confirma lo previsto en aquél entonces y es así a causa y consecuencia de la acumulación, desgaste, agotamiento y caducidad de la estructura económica y social, el sistema político, institucional y de gobierno y la errática gestión de seis gobernantes sucesivamente "electos" a partir de 1985.
En lo político, institucional y gubernamental a un presidente considerado como el peor que haya tenido el país le sucede otro mucho peor y esto es así como resultado de unas votaciones y un sistema de partidos excluyente y el asalto y secuestro del Estado por la corrupta y mezquina élite oligárquica, el empresariado organizado, sucesivas camarillas de militares en activo o en situación de retiro, advenedizos y corruptores financistas de campaña, ONGs y contratistas de obras, estructuras delincuenciales, redes de corrupción y el crimen organizado.
Puede decirse entonces que es por ello que el país ha ido cada vez más de mal en peor y que el modelo económico y social impuesto y el sistema institucional, político y gubernamental tienden, en general, a agotarse, caducar y colapsar. En consecuencia, puede decirse que:
Uno. No es sólo la sucesiva acumulación, prolongación y agravamiento de la crisis política, institucional y gubernamental lo predominante sino que, además, el sistema y modelo impuesto no da ya para más, tiende a agotarse y caducar, y no es por esa vía que se asegura y garantiza el desarrollo y progreso del país, en beneficio de la mayoría de la población.
Dos. El período gubernamental de Pérez Molina es la culminación del perverso proceso de acumulación de la corrupción y la impunidad desde el poder y, a la vez, del agotamiento, desgaste y colapso del sistema político, institucional y gubernamental y del modelo económico y financiero. La corrupción e impunidad es sólo la punta del iceberg.
Tres. Lo que sale a luz a raíz de lo develado por la CICIG y el MP al medio día de este viernes 21, marca el comienzo del fin del último eslabón de la cadena institucional de la transición democrática y el inminente derrumbe de la corrupta administración presidida por Pérez Molina.
Y, cuatro. Así como se avizora una esperanzadora luz al final del túnel, también hay que tener en cuenta y considerar los riesgos y peligros reales y potenciales. Tres, son los principales:
1) El que advierte Pedro Pablo Marroquín Pérez en su artículo sobre La propuesta ingenua de principios de la semana pasada (Diario La Hora, 17 de agosto de 2015);
2) validar las votaciones del 6 de septiembre optando, una vez más, por el menos peor; y, 3) no establecer e identificar a otros funcionarios o ex funcionarios y grandes empresarios comprometidos en actos de corrupción y deducir las responsabilidades penales que corresponden.
En consecuencia, es otro el camino a recorrer para empezar a abrirle paso a la institucionalización y legitimación de los cambios estructurales, de fondo, de raíz, que el país necesita... YA!
Y, lo principal: primero, impedir que el sistema "asegure" y "garantice" su continuidad y prolongación; segundo, salirle al paso y denunciar cualquier intento de golpe de Estado o autogolpe y, de consumarse, llamar a la desobediencia civil y la resistencia ciudadana, democrática y popular; tercero, no dejarse provocar e intimidar; cuarto, retirarle sin más demora la inmunidad al hasta hoy todavía presidente Pérez Molina; y, quinto, con base en el contenido sustantivo e integral de los Acuerdos de Paz, empezar a resolver a fondo, de raíz, la crisis estructural, política, institucional y gubernamental a que irresponsable, impune y corruptamente se ha ido orillando al país en estos 30 años.
miércoles, 19 de agosto de 2015
A media semana
Algo más sobre el
ordenamiento constitucional
La Constitución de 1956 fue discutida, aprobada y emitida cuando el país estaba en manos del liberacionismo anticomunista encabezado por un gobernante que se valió de un plebiscito mediante el que obligó a los ciudadanos a que de viva voz expresaran si estaban o no de acuerdo con que pasara a asumir el cargo como presidente de la República. Castillo Armas, encabezó la intervención norteamericana y fue así como trató de legitimarse en el poder.
La de 1965 se emitió después del golpe de Estado militar de 1963. Los constituyentes que la discutieron y aprobaron fueron electos cuando el país estaba bajo la vigencia de un Estatuto Político y sin ninguna posibilidad ni condiciones para que el voto se ejerciera libremente. La de 1986, actualmente vigente, se promulgó cuatro años después del golpe de Estado de 1982.
En situaciones de facto las normativas constitucionales promulgadas devienen en preceptos en los que lo que prevalece es la defensa, tutela y salvaguarda de los intereses de quienes están en el poder, son vulnerados y pisoteados los más elementales derechos de la población y no se garantizan ni preservan los derechos de las mayorías. En tales condiciones, la libertad y la democracia así instituidas es para beneficio e interés de quienes gobiernan y de quienes los han impuesto.
Esos intereses y privilegios, en el caso de la de 1956, no son otros que los de los terratenientes semifeudales y los de la United Fruit Company. En la de 1965, son los ya entonces intereses y privilegios de los empresarios y potentados herederos de aquél agotado modelo explotador de los terratenientes semifeudales.
En el caso de la actualmente vigente, constitucional e institucionalmente lo que se defiende, tutela y salvaguarda son los intereses de los dueños del gran capital bancario y financiero en el que se fusionan los intereses y privilegios de la agro exportación monocultivista, la no desarrollada ni próspera industria, el comercio y los servicios, y las transnacionales dedicadas a la explotación minera, los hidrocarburos y la energía eléctrica.
Es decir, el régimen constitucional vigente tutela y salvaguarda los intereses y privilegios de un puñado de potentados que en realidad mandan y deciden lo que hay que hacer en el país. Corresponde a un modelo depredador, saqueador y diseñado para que a la gran mayoría de la población se le superexplote, sea víctima de la represión, persecución y criminalización, se expropie y desaloje de sus tierras a los campesinos y comunidades indígenas, se privaticen los recursos estratégicos de la Nación, prevalezca la libre empresa, el libre comercio, la economía de mercado y la propiedad privada.
El Estado deviene en un Estado subsidiario y las instituciones se administran gerencialmente. En otras palabras, en el régimen constitucional vigente, en lo económico, financiero y social, está el fundamento y legitimación del neoliberalismo y la globalización como política de Estado y que, como tal, es un modelo agotado, caduco y en descomposición.
Una institucionalidad así ideada, en consecuencia, no garantiza ni asegura el avance y desarrollo del país. Además, resulta vulnerable y violentada a causa de las contradicciones y disputas que se derivan del asalto y secuestro del Estado por el poder económico hegemónico y su empresariado organizado, la corrupción, la impunidad, las mafias, los poderes fácticos, los grupos paralelos y toda clase de corruptores y advenedizos financistas de campaña.
En estas condiciones, el objetivo fundamental en lo institucional, político, gubernamental, económico y social --si es que en verdad se aspira y lucha por cambiar a fondo el estado actual de cosas--, habrá que empezar a hacerlo por lo principal; es decir, restablecer un ordenamiento constitucional que asegure el progreso, el desarrollo y el avance del país, una democracia real, funcional y participativa, un régimen de amplias libertades, inclusión y no discriminación, una Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, y que permita construir la Paz Firme y Duradera convenida y suscrita el 29 de diciembre de 1996.
ordenamiento constitucional
La Constitución de 1956 fue discutida, aprobada y emitida cuando el país estaba en manos del liberacionismo anticomunista encabezado por un gobernante que se valió de un plebiscito mediante el que obligó a los ciudadanos a que de viva voz expresaran si estaban o no de acuerdo con que pasara a asumir el cargo como presidente de la República. Castillo Armas, encabezó la intervención norteamericana y fue así como trató de legitimarse en el poder.
La de 1965 se emitió después del golpe de Estado militar de 1963. Los constituyentes que la discutieron y aprobaron fueron electos cuando el país estaba bajo la vigencia de un Estatuto Político y sin ninguna posibilidad ni condiciones para que el voto se ejerciera libremente. La de 1986, actualmente vigente, se promulgó cuatro años después del golpe de Estado de 1982.
En situaciones de facto las normativas constitucionales promulgadas devienen en preceptos en los que lo que prevalece es la defensa, tutela y salvaguarda de los intereses de quienes están en el poder, son vulnerados y pisoteados los más elementales derechos de la población y no se garantizan ni preservan los derechos de las mayorías. En tales condiciones, la libertad y la democracia así instituidas es para beneficio e interés de quienes gobiernan y de quienes los han impuesto.
Esos intereses y privilegios, en el caso de la de 1956, no son otros que los de los terratenientes semifeudales y los de la United Fruit Company. En la de 1965, son los ya entonces intereses y privilegios de los empresarios y potentados herederos de aquél agotado modelo explotador de los terratenientes semifeudales.
En el caso de la actualmente vigente, constitucional e institucionalmente lo que se defiende, tutela y salvaguarda son los intereses de los dueños del gran capital bancario y financiero en el que se fusionan los intereses y privilegios de la agro exportación monocultivista, la no desarrollada ni próspera industria, el comercio y los servicios, y las transnacionales dedicadas a la explotación minera, los hidrocarburos y la energía eléctrica.
Es decir, el régimen constitucional vigente tutela y salvaguarda los intereses y privilegios de un puñado de potentados que en realidad mandan y deciden lo que hay que hacer en el país. Corresponde a un modelo depredador, saqueador y diseñado para que a la gran mayoría de la población se le superexplote, sea víctima de la represión, persecución y criminalización, se expropie y desaloje de sus tierras a los campesinos y comunidades indígenas, se privaticen los recursos estratégicos de la Nación, prevalezca la libre empresa, el libre comercio, la economía de mercado y la propiedad privada.
El Estado deviene en un Estado subsidiario y las instituciones se administran gerencialmente. En otras palabras, en el régimen constitucional vigente, en lo económico, financiero y social, está el fundamento y legitimación del neoliberalismo y la globalización como política de Estado y que, como tal, es un modelo agotado, caduco y en descomposición.
Una institucionalidad así ideada, en consecuencia, no garantiza ni asegura el avance y desarrollo del país. Además, resulta vulnerable y violentada a causa de las contradicciones y disputas que se derivan del asalto y secuestro del Estado por el poder económico hegemónico y su empresariado organizado, la corrupción, la impunidad, las mafias, los poderes fácticos, los grupos paralelos y toda clase de corruptores y advenedizos financistas de campaña.
En estas condiciones, el objetivo fundamental en lo institucional, político, gubernamental, económico y social --si es que en verdad se aspira y lucha por cambiar a fondo el estado actual de cosas--, habrá que empezar a hacerlo por lo principal; es decir, restablecer un ordenamiento constitucional que asegure el progreso, el desarrollo y el avance del país, una democracia real, funcional y participativa, un régimen de amplias libertades, inclusión y no discriminación, una Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, y que permita construir la Paz Firme y Duradera convenida y suscrita el 29 de diciembre de 1996.
miércoles, 5 de agosto de 2015
El ordenamiento constitucional y los cambios que el país necesita
La tan grave crisis política, institucional y gubernamental en que está el país, pone en cuestión y evidencia, a su vez, la crisis que afecta al orden constitucional vigente. Un poco de historia puede que sirva de algo. A partir de 1954 las Cartas Magnas emitidas (1956, 1965 y 1985), son expresión y resultado de la acumulada, continuada y no resuelta crisis del Estado, sus poderes e instituciones.
Su contenido, propósitos y objetivos corresponden a desfasadas y agotadas doctrinas y teorías jurídicas que ni por asomo resumen y desarrollan lo que debería ser el Derecho; es decir, el instrumento por excelencia ( y no el obstáculo) para institucionalizar, legitimar y viabilizar el desarrollo y el progreso del país.
El orden constitucional, después de la Primavera Democrática (1944- 1954), es, además de precario y vulnerable, el obstáculo principal para los cambios que el país necesita. Tanto la Constitución de 1956 como la de 1965 tienen una vigencia breve. La de 1956 es derogada a raíz del golpe militar encabezado por Peralta Azurdia (1963) y, la de 1965, por el golpe de Estado de los militares jóvenes en 1982.
En un valiosísimo ensayo del brillante doctor en Derecho, Adolfo Mijangos López, asesinado por el aranismo en el poder, se dice que la Constitución de 1965 podría correr la misma suerte que la de 1956 y que podría ser derogada por un golpe de Estado militar como en efecto sucedió 12 años después de su entrada en vigencia. No es nada diferente lo que ocurre con la Constitución Política vigente. Ocho años después de ser promulgada se le trata de violentar y suspender.
El intento de auto golpe de Estado de Serrano Elías saca a flote la precariedad de ese orden constitucional y marca el comienzo de la acumulada, prolongada y no resuelta crisis de la denominada transición democrática, transición democrática que en lo institucional no ha sido más que la sucesión de siete gobernantes formalmente electos y uno designado por el Congreso de la República.
En tales condiciones, para quienes son de la opinión que hay que mantener el orden constitucional a como dé lugar, no parecen haberse dado cuenta de que ya fue roto, vulnerado y deslegitimado como consecuencia y resultado del asalto y secuestro del Estado por las mafias, los poderes fácticos, el crimen organizado, el narcotráfico, un puñado de testaferros, empresarios y potentados corruptores, estructuras y bandas paralelas y organizadas.
Se está, además, ante un orden constitucional en el que los tres poderes del Estado, los partidos políticos y las votaciones de cada cuatro años, han sido perversa, corrupta e impunemente convertidos en instrumento de impunidad, para amasar fortunas mal habidas y saquear los bienes y recursos del Estado.
Se está, en consecuencia, ante una contradicción no resuelta y a dirimir entre quienes están comprometidos a mantener el statu quo a como dé lugar y prolongar la agonía de un sistema político e institucional agotado y caduco y quienes ven en el Derecho, en la Doctrina, en la Constitución de la República y en las leyes el instrumento llamado a institucionalizar y legitimar los cambios que el país necesita.
Los cambios que el país necesita no sólo arrancan y pasan por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, menos, como estaban hasta ayer en la más corrupta y cuestionada de las siete más recientes legislaturas. Tampoco pasan por las reformas a otras leyes y, menos, por las votaciones convocadas para el 6 de septiembre... si es que se realizan.
De lo que se trata es de legitimar un orden constitucional que institucional, política, gubernamental, económica y socialmente viabilicen y hagan posible que el país avance, progrese y se desarrolle. De lo contrario, las cosas seguirán como están o tenderán a empeorar aún más.
La tan grave crisis política, institucional y gubernamental en que está el país, pone en cuestión y evidencia, a su vez, la crisis que afecta al orden constitucional vigente. Un poco de historia puede que sirva de algo. A partir de 1954 las Cartas Magnas emitidas (1956, 1965 y 1985), son expresión y resultado de la acumulada, continuada y no resuelta crisis del Estado, sus poderes e instituciones.
Su contenido, propósitos y objetivos corresponden a desfasadas y agotadas doctrinas y teorías jurídicas que ni por asomo resumen y desarrollan lo que debería ser el Derecho; es decir, el instrumento por excelencia ( y no el obstáculo) para institucionalizar, legitimar y viabilizar el desarrollo y el progreso del país.
El orden constitucional, después de la Primavera Democrática (1944- 1954), es, además de precario y vulnerable, el obstáculo principal para los cambios que el país necesita. Tanto la Constitución de 1956 como la de 1965 tienen una vigencia breve. La de 1956 es derogada a raíz del golpe militar encabezado por Peralta Azurdia (1963) y, la de 1965, por el golpe de Estado de los militares jóvenes en 1982.
En un valiosísimo ensayo del brillante doctor en Derecho, Adolfo Mijangos López, asesinado por el aranismo en el poder, se dice que la Constitución de 1965 podría correr la misma suerte que la de 1956 y que podría ser derogada por un golpe de Estado militar como en efecto sucedió 12 años después de su entrada en vigencia. No es nada diferente lo que ocurre con la Constitución Política vigente. Ocho años después de ser promulgada se le trata de violentar y suspender.
El intento de auto golpe de Estado de Serrano Elías saca a flote la precariedad de ese orden constitucional y marca el comienzo de la acumulada, prolongada y no resuelta crisis de la denominada transición democrática, transición democrática que en lo institucional no ha sido más que la sucesión de siete gobernantes formalmente electos y uno designado por el Congreso de la República.
En tales condiciones, para quienes son de la opinión que hay que mantener el orden constitucional a como dé lugar, no parecen haberse dado cuenta de que ya fue roto, vulnerado y deslegitimado como consecuencia y resultado del asalto y secuestro del Estado por las mafias, los poderes fácticos, el crimen organizado, el narcotráfico, un puñado de testaferros, empresarios y potentados corruptores, estructuras y bandas paralelas y organizadas.
Se está, además, ante un orden constitucional en el que los tres poderes del Estado, los partidos políticos y las votaciones de cada cuatro años, han sido perversa, corrupta e impunemente convertidos en instrumento de impunidad, para amasar fortunas mal habidas y saquear los bienes y recursos del Estado.
Se está, en consecuencia, ante una contradicción no resuelta y a dirimir entre quienes están comprometidos a mantener el statu quo a como dé lugar y prolongar la agonía de un sistema político e institucional agotado y caduco y quienes ven en el Derecho, en la Doctrina, en la Constitución de la República y en las leyes el instrumento llamado a institucionalizar y legitimar los cambios que el país necesita.
Los cambios que el país necesita no sólo arrancan y pasan por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, menos, como estaban hasta ayer en la más corrupta y cuestionada de las siete más recientes legislaturas. Tampoco pasan por las reformas a otras leyes y, menos, por las votaciones convocadas para el 6 de septiembre... si es que se realizan.
De lo que se trata es de legitimar un orden constitucional que institucional, política, gubernamental, económica y socialmente viabilicen y hagan posible que el país avance, progrese y se desarrolle. De lo contrario, las cosas seguirán como están o tenderán a empeorar aún más.
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