La resistencia y lucha contra
el modelo extractivista y explotador
El pasado miércoles 3 de diciembre, se dieron a
conocer las conclusiones preliminares a que arribó la Misión Internacional sobre el
Derecho a la Alimentación y la Situación de las y los Defensores de Derechos
Humanos en Guatemala, durante su tercera visita al país.
Del 21 de noviembre al 3 de diciembre, la Misión
Internacional visitó seis lugares considerados emblemáticos: Camotán, La Puya,
La Blanca, San Rafael Las Flores, el Valle del Polochic, y Xalalá. Sostuvo,
además, reuniones con entidades del Estado, organismos internacionales y
organizaciones de la sociedad civil.
En su nota de prensa, la Misión expresa su profunda
inquietud porque Guatemala siga ocupando el primer lugar entre los países de
América Latina en desnutrición crónica. Se lamenta, además, del asistencialismo
que predomina en programas como el “Plan Hambre Cero”.
Con base en testimonios recibidos, pudo constatar que
el “fomento de un modelo de desarrollo basado en los proyectos extractivos”,
impide que las comunidades campesinas e indígenas tengan “acceso y control” de
recursos naturales y en el caso de la minería y las hidroeléctricas, que las
licencias sean otorgadas “sin consulta previa, libre e informada a las
comunidades afectadas, o sin respetar el resultado de las mismas”.
El modelo extractivista de desarrollo, en sentido
amplio, abarca el monocultivismo agroexportador de alimentos y combustibles, y
los proyectos mineros e hidroeléctricos.
La Misión pudo constatar que en San Rafael Las Flores
lo que predomina es la falta de “estudios de impacto ambiental, social y de
derechos humanos”, y que la falta de “información adecuada” y de consultas
hechas como corresponde es lo que está ocurriendo en la “posible implementación
del proyecto hidroeléctrico de Xalalá”.
Según la Misión, el monocultivismo agroindustrial y el
acaparamiento aceleradamente de tierras, “está desplazando a la agricultura de
pequeña escala”, afecta “la soberanía alimentaria y los derechos del
campesinado y otras poblaciones rurales”, así como que los desalojos en La Blanca
y el ocurrido en el Valle del Polochic dejó a las familias desalojadas sin
servicios básicos de salud y educación, y medios de producción.
En el caso de La Puya, a la Misión le preocupa la
incapacidad del Estado “de garantizar las condiciones para un diálogo en
igualdad de condiciones y de buena fe con las comunidades”, así como que el
incumplimiento por parte del Estado de las sentencias de Camotán pone de
manifiesto la “ineficacia y falta de coordinación entre las instituciones y
estructuras del Estado a nivel nacional y local y de coherencia de las
políticas públicas con los derechos humanos”.
Después de su visita en 2010, la Misión constata el
aumento de “la estigmatización, amenazas, violencia y criminalización por parte
del Estado hacia las personas defensoras de derechos humanos”, y que a causa de
la ineficacia y parcialidad del sistema de justicia estos ataques quedan
impunes.
En la nota, se llama la atención sobre “el uso
excesivo de la fuerza, la militarización y el abuso de estados de excepción, y
el involucramiento de fuerzas de seguridad privada en ámbitos de competencia de
las fuerzas de seguridad pública” así como la difamación de que son objeto
organizaciones internacionales en distintos medios de comunicación.
En opinión de Giorgio Trucchi, “La Misión
Internacional reconoció el papel fundamental ejercido por las mujeres en la
resistencia ante el modelo extractivista y explotador, al tiempo que las señaló
como las principales afectadas por la violación del derecho a la alimentación,
a la tierra, al agua, a la vivienda”.
En
el curso del primer semestre del año entrante, la Misión elaborará y presentará
su informe final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario