A media semana

El asalto y control absoluto

del Estado

Luego de haber leído el extenso reportaje acerca de Los hechos históricos y datos básicos del país (que) pasan desapercibidos (LA HORA, 3 de octubre de 2014), aunque nada de fondo y sustancial opinen los expertos consultados, confirma la necesidad de referirse, cuantas veces sea necesario, a nuestra historia reciente y a sus causas, efectos y consecuencias. No importa que, al hacerlo, haya quienes consideren que es “una pérdida de tiempo” o que “no es necesario” ocuparse de ello.

Quienes así “piensan” parecen no tener en cuenta o no entender que sólo conociendo nuestro pasado es como se puede interpretar y explicar lo que está aconteciendo en el momento actual. No es una cuestión meramente de lógica. Es una cuestión metodológica y es a los historiadores y a los que nos ocupamos de entender y caracterizar el pasado, estudiarlo y analizarlo a fin de que no nos sorprenda lo que suceda en el corto, mediano o largo plazo.

En tal sentido, hay que insistir en que los 28 años de nuestra historia reciente han sido funestos, como funesta es la época que se inicia con la intervención norteamericana al país en junio de 1954 y que se prolonga y continúa hasta la llamada apertura democrática en 1986. Ninguno de los gobernantes que han detentado o asumido el poder político ha beneficiado a nuestro pueblo y a nuestro país. Lo frecuente es que a un mal gobernante le suceda otro peor.

El momento por el que actualmente está atravesando el país es de lo más grave y peligroso. Es resultado, efecto y consecuencia de la acumulación de problemas económicos, sociales, políticos e institucionales no resueltos, de las imprevisiones y contradicciones en el texto constitucional vigente, del neoliberalismo a ultranza, de la abismal desigualdad económica y social prevaleciente, de la discriminación y criminalización del descontento e indignación social, de la ingobernabilidad y prolongada crisis institucional.

A lo anterior hay que agregar el asalto y control absoluto del Estado por la cúpula militar en el Gobierno, más de un sector del empresariado organizado, las mal ideadas y peor integración de las Comisiones de Postulación, los financistas del partido gobernante y los poderes paralelos.

Es este un proceso ilegal e inconstitucional. El partido en el gobierno y sus operadores políticos se han encargado de irlo consumando. Arranca con la designación de la actual Fiscal del Ministerio Público, MP, y prosigue con la integración del Tribunal Supremo Electoral, TSE; la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y de las Salas de Apelaciones; la designación del Presidente del Banco de Guatemala, BANGUAT, y de la Junta Monetaria, JM.

Todo indica y apunta que continúe con la elección del Presidente de la CSJ y del Organismo Judicial, OJ; del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, CGC; del Director de la Defensoría Pública Penal, DPP, y concluya con la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC.

En tales condiciones, que a nadie extrañe que mediante las votaciones del año entrante, el Partido Patriota fraudulentamente trate de continuar en el Gobierno y que, con su ahora inescrupuloso aliado y oportunista enemigo de siempre, el partido LIDER, se proponga “institucionalizar” un bipartidismo sui géneris y asegurar así la continuidad de la corrupción e impunidad imperantes.

Tal es, en su conjunto, lo más característico del momento actual y el peligro principal.

En tales condiciones, corresponde articular y plantear un nuevo y superior ordenamiento constitucional, funcional, participativo e incluyente y que, como punto de partida, sea el sustento de las transformaciones de fondo que viabilicen la institucionalización de nuestra real y verdadera emancipación nacional, social y popular, y de la otra Guatemala posible y necesaria.