viernes, 1 de agosto de 2014

A media semana



Lo político y “electoral”,
en el momento actual


Para contextualizar el momento actual en lo político y “electoral”, es necesario tener en cuenta lo acontecido en las tres décadas recientes; es decir, a partir de la llamada apertura democrática. Es necesario, además, preguntarse si se trató de una real y verdadera apertura democrática y ‒si no es así‒, qué fue lo que se trató de institucionalizar en 1985 y cuáles sus objetivos y propósitos. 

Lo ocurrido en estos 30 años confirma que la “apertura democrática” fue institucionalizada a fin de legitimar un reacomodo institucional y gubernamental a conveniencia de la élite del poder real; que el poder militar y pro oligárquico formalmente pasara a manos de los civiles; garantizar la continuidad de un sistema económico, político, social e institucional con evidentes síntomas de agotamiento; y, en tales condiciones, tratar de sacar al país del atolladero al que lo orillaron los gobernantes militares impuestos en 1970, 1974 y 1978 y sus antecesores.

De 1985 para acá, el país ha estado gobernado por siete presidentes “electos” y uno designado por el Congreso de la República. En lo político e institucional parecería entonces estar ante un prolongado período de sucesión gubernamental propio de un país institucionalmente estable y un sistema “electoral” y de partidos garante del respeto de la voluntad soberana del pueblo. Estrictamente hablando, las cosas no son así.

La alternabilidad gubernamental en nuestro país expresa y resume la caducidad y agotamiento del sistema electoral y de partidos, la ingobernabilidad e inestabilidad institucional. Las siete votaciones que se han realizado tienen en común que ningún partido o coalición de partidos que haya asumido el poder, se “reelija”, continúe en el gobierno o que, después, vuelva a gobernar.

En el país, no se elige, se escoge y se escoge al menos peor y lo escoge una minoría de la ciudadanía empadronada. La abstención, los votos nulos y las papeletas en blanco, es lo que, en general, predomina.

A ello hay que agregar que el gobernante que resulta “electo” es quien en la votación anterior ocupó el segundo lugar, es el más virulento “opositor” del gobernante a quien se propone “sustituir” y al llegar a gobernar, la culpa de todo lo malo que encuentra al asumir “el poder” lo achaca a su antecesor. En su incapacidad de cambiar lo que “encuentra” mal, acaba resultando siendo peor que su antecesor. 

Esta sui generis sucesión y alternabilidad gubernamental, en ningún caso ha significado un real y verdadero cambio de fuerzas en el poder. A un gobierno anterior le sucede el que pasa a ser la continuidad del que le ha antecedido y así… sucesivamente. En tales condiciones, resulta imposible que algo pueda cambiar. Al contrario, asegura y garantiza la continuidad del secuestro de la gestión gubernamental por parte de la élite oligárquica y su empresariado organizado, los poderes fácticos y paralelos, la corrupción e impunidad.

En ese contexto, la alternativa real, viable y posible de poder no pasa por los partidos. Es al movimiento social y popular (en su expresión más amplia y genuina, legítima y representativa) al que le corresponde articularla y proponer a fin de echar andar los cambios de fondo que el país necesita ‒para empezar‒, en lo político e institucional.

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