A media semana

El gobierno actual,

sus debilidades y grietas

La gestión gubernamental del partido oficial está actualmente en manos de un grupo de empresarios y militares de alta graduación. Ello le permite al Presidente mantener el control del ejecutivo y sus dependencias y disponer de un cierto margen de maniobra en el Congreso de la República. Esto, por un lado. Por el otro, conforme se acercan las votaciones del año entrante, es más evidente el desgaste, agotamiento y desprestigio de la gestión gubernamental actual, las grietas y fisuras al interior del partido oficial, el transfuguismo, sus debilidades y limitaciones, contradicciones y disputas.

Las contradicciones y disputas, aunque no son antagónicas, corresponden a distintos reagrupamientos e intereses de por lo menos tres grupos de poder que tratan de que se les tome en cuenta y no quedar al margen de lo que el oficialismo “decida” respecto al candidato presidencial y vice presidencial a nominar, la lista de diputados y de autoridades municipales.

En tales condiciones, el gobierno tiene serias dificultades y graves problemas en lo económico y político. En lo gubernamental, su gestión nada tiene de exitosa; en lo económico, financiero y fiscal, está en un atolladero. El endeudamiento aprobado y lo que está por convenir, es de lo más desproporcionado e irresponsable. Prácticamente el país está hundido en la pobreza y en la pobreza extrema mientras que la corrupción se da a todos los niveles e instancias de la administración pública y la élite oligárquica tradicional se enriquece a manos llenas.

En lo político, el aislamiento, desprestigio y falta de credibilidad en la gestión gubernamental, crece en espiral tanto entre sus propios “votantes” como entre la población en general; el descontento e indignación social y popular, se generaliza y expande en el interior del país; al gobierno le resulta prácticamente imposible resolver las demandas de los pueblos indígenas y campesinos contra la explotación minera y las hidroeléctricas en manos extranjeras, los desalojos violentos y represión a las comunidades, la criminalización de la movilización y protesta social, la lucha por sus derechos ancestrales, la vida, sus territorios, tradiciones, conocimientos y cultura.

Es en este contexto que se pone de manifiesto y expresa, agudiza y agrava la contradicción fundamental entre quienes gobiernan y las demandas y exigencias de los pueblos indígenas y campesinos; es decir, de la mayoría de la población. Es, en suma, lo que terminará pesando más contra el partido gobernante en sus propósitos por asegurar la “elección” de sus candidatos a nominar.

Y en tanto que el partido oficial no tiene asegurada esa “elección”, lo que al gobierno le queda es tratar de copar los otros organismos de Estado: Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas, Defensoría Pública Penal y Corte de Constitucionalidad, tal como ya lo hizo con el Tribunal Supremo Electoral, TSE, y el Ministerio Público, MP.

Es así como quienes gobiernan presupuestan garantizar su “continuidad”. El “continuismo” así “asegurado”, constituye, en el momento actual y en lo que queda de aquí al 14 de enero de 2016, el  peligro principal que amenaza y atenta contra nuestro país y nuestro pueblo, el Estado y sus instituciones, y la ya tan violentada institucionalidad gubernamental y estabilidad política y social.

A media semana

El movimiento social,

¿alternativa real de poder?

Previo a las votaciones de 2011, me referí a que —independientemente de quienes resultaran “electos” —, el período gubernamental 2012-2016 sería el último eslabón de la “apertura democrática”. Lo acontecido en estos 32 meses, confirma aquella previsión y desvanece la opinión de quienes me “aseguraron” que las cosas no iban a ser así.

Con lo entonces previsto no quise decir que no fueran a tener lugar las votaciones de 2015 y que si las mismas se “celebraban”, la alternativa real de poder se abriera camino. Las votaciones de septiembre del año entrante  —repito, independientemente de los resultados que arrojen las urnas—, vendrán a ser la sepultura de la alternabilidad gubernamental instituida.

La institucionalidad, la gobernabilidad y el sistema “electoral” y de partidos están en la fase final de su agotamiento y caducidad y, en tanto tal, difícil de superar de aquí a septiembre de 2015 y, menos, de septiembre de 2015 a enero de 2016.

En lo político, el partido en el gobierno es difícil —aunque no imposible— que la ciudadanía lo “reelija” y, si así fuera, se estaría ante el colapso general, institucional y gubernamental. Lo mismo podría ocurrir si la ciudadanía optara por escoger a uno u otro de los demás “candidatos” que se sabe que están a la espera de ser nominados por las camarillas dirigenciales de sus respectivos agrupamientos electoreros.

En el caso del partido gobernante, primero, no tiene definido a su “candidato” a nominar; segundo, son varios los grupos de poder e interés en abierta o solapada pugna por asegurar la nominación de quien más les convenga; tercero, la élite oligárquica tradicional y el empresariado organizado a su servicio no parecen unificados alrededor del que hasta ahora podría ser el posible nominado y, lo que les resulta más difícil, no tienen a la mano a otro a quien “apoyar” o “sugerir”; y, cuarto, los otros a quienes el oficialismo pudiera nominar, no están en condiciones de asegurar la continuidad del poder empresarial y militar actualmente en el gobierno.

Al interior de los demás agrupamientos electoreros no son pocas sus dificultades y contradicciones. De nominar a quien se dice que “encabeza” las encuestas, su camarilla dirigencial no parece considerar: a) la furibunda resistencia y oposición de la élite del poder oligárquico tradicional, sectores del empresariado organizado y la cúpula militar en el gobierno; b) el rechazo y cada vez mayor desprestigio entre los sectores urbanos, especialmente de la capital; y, c) el creciente y acelerado desgaste e inviabilidad del candidato.

De las otras candidaturas a nominar, se puede prescindir. De lo que no se puede prescindir es del factor Portillo.

En ese cuadro y en una situación así, lo que cabe es abrirle paso a la articulación, reagrupamiento y unidad del movimiento social y popular como alternativa real de poder e instrumento institucional de un referéndum ciudadano. Y como esa opción pasa por las urnas, en septiembre de 2015, la ciudadanía no tiene otra alternativa que anular su voto.

Es ésta la vía viable, necesaria, posible y legítima, no electorera, para ponerle fin al ya caduco y agotado sistema “electoral” y de partidos, refundar el Estado, la República, el País y la Nación guatemalteca, e iniciar la institucionalización y legitimación de la otra Guatemala posible y la real y verdadera construcción de la Paz Firme y Duradera.

A media semana

Lo político y “electoral”,

en el momento actual

Para contextualizar el momento actual en lo político y “electoral”, es necesario tener en cuenta lo acontecido en las tres décadas recientes; es decir, a partir de la llamada apertura democrática. Es necesario, además, preguntarse si se trató de una real y verdadera apertura democrática y ‒si no es así‒, qué fue lo que se trató de institucionalizar en 1985 y cuáles sus objetivos y propósitos. 

Lo ocurrido en estos 30 años confirma que la “apertura democrática” fue institucionalizada a fin de legitimar un reacomodo institucional y gubernamental a conveniencia de la élite del poder real; que el poder militar y pro oligárquico formalmente pasara a manos de los civiles; garantizar la continuidad de un sistema económico, político, social e institucional con evidentes síntomas de agotamiento; y, en tales condiciones, tratar de sacar al país del atolladero al que lo orillaron los gobernantes militares impuestos en 1970, 1974 y 1978 y sus antecesores.

De 1985 para acá, el país ha estado gobernado por siete presidentes “electos” y uno designado por el Congreso de la República. En lo político e institucional parecería entonces estar ante un prolongado período de sucesión gubernamental propio de un país institucionalmente estable y un sistema “electoral” y de partidos garante del respeto de la voluntad soberana del pueblo. Estrictamente hablando, las cosas no son así.

La alternabilidad gubernamental en nuestro país expresa y resume la caducidad y agotamiento del sistema electoral y de partidos, la ingobernabilidad e inestabilidad institucional. Las siete votaciones que se han realizado tienen en común que ningún partido o coalición de partidos que haya asumido el poder, se “reelija”, continúe en el gobierno o que, después, vuelva a gobernar.

En el país, no se elige, se escoge y se escoge al menos peor y lo escoge una minoría de la ciudadanía empadronada. La abstención, los votos nulos y las papeletas en blanco, es lo que, en general, predomina.

A ello hay que agregar que el gobernante que resulta “electo” es quien en la votación anterior ocupó el segundo lugar, es el más virulento “opositor” del gobernante a quien se propone “sustituir” y al llegar a gobernar, la culpa de todo lo malo que encuentra al asumir “el poder” lo achaca a su antecesor. En su incapacidad de cambiar lo que “encuentra” mal, acaba resultando siendo peor que su antecesor. 

Esta sui generis sucesión y alternabilidad gubernamental, en ningún caso ha significado un real y verdadero cambio de fuerzas en el poder. A un gobierno anterior le sucede el que pasa a ser la continuidad del que le ha antecedido y así… sucesivamente. En tales condiciones, resulta imposible que algo pueda cambiar. Al contrario, asegura y garantiza la continuidad del secuestro de la gestión gubernamental por parte de la élite oligárquica y su empresariado organizado, los poderes fácticos y paralelos, la corrupción e impunidad.

En ese contexto, la alternativa real, viable y posible de poder no pasa por los partidos. Es al movimiento social y popular (en su expresión más amplia y genuina, legítima y representativa) al que le corresponde articularla y proponer a fin de echar andar los cambios de fondo que el país necesita ‒para empezar‒, en lo político e institucional.