El gobierno actual,
sus debilidades y grietas
La gestión gubernamental del partido oficial está
actualmente en manos de un grupo de empresarios y militares de alta graduación.
Ello le permite al Presidente mantener el control del ejecutivo y sus
dependencias y disponer de un cierto margen de maniobra en el Congreso de la
República. Esto, por un lado. Por el otro, conforme se acercan las votaciones
del año entrante, es más evidente el desgaste, agotamiento y desprestigio de la
gestión gubernamental actual, las grietas y fisuras al interior del partido oficial,
el transfuguismo, sus debilidades y limitaciones, contradicciones y disputas.
Las
contradicciones y disputas, aunque no son antagónicas, corresponden a distintos
reagrupamientos e intereses de por lo menos tres grupos de poder que tratan de
que se les tome en cuenta y no quedar al margen de lo que el oficialismo
“decida” respecto al candidato presidencial y vice presidencial a nominar, la
lista de diputados y de autoridades municipales.
En tales
condiciones, el gobierno tiene serias dificultades y graves problemas en lo
económico y político. En lo gubernamental, su gestión nada tiene de exitosa; en
lo económico, financiero y fiscal, está en un atolladero. El endeudamiento
aprobado y lo que está por convenir, es de lo más desproporcionado e irresponsable.
Prácticamente el país está hundido en la pobreza y en la pobreza extrema
mientras que la corrupción se da a todos los niveles e instancias de la
administración pública y la élite oligárquica tradicional se enriquece a manos
llenas.
En lo político,
el aislamiento, desprestigio y falta de credibilidad en la gestión
gubernamental, crece en espiral tanto entre sus propios “votantes” como entre
la población en general; el descontento e indignación social y popular, se
generaliza y expande en el interior del país; al gobierno le resulta
prácticamente imposible resolver las demandas de los pueblos indígenas y
campesinos contra la explotación minera y las hidroeléctricas en manos
extranjeras, los desalojos violentos y represión a las comunidades, la criminalización
de la movilización y protesta social, la lucha por sus derechos ancestrales, la
vida, sus territorios, tradiciones, conocimientos y cultura.
Es en este
contexto que se pone de manifiesto y expresa, agudiza y agrava la contradicción
fundamental entre quienes gobiernan y las demandas y exigencias de los pueblos
indígenas y campesinos; es decir, de la mayoría de la población. Es, en suma,
lo que terminará pesando más contra el partido gobernante en sus propósitos por
asegurar la “elección” de sus candidatos a nominar.
Y en tanto que
el partido oficial no tiene asegurada esa “elección”, lo que al gobierno le
queda es tratar de copar los otros organismos de Estado: Corte Suprema de
Justicia, Cortes de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas, Defensoría Pública
Penal y Corte de Constitucionalidad, tal como ya lo hizo con el Tribunal
Supremo Electoral, TSE, y el Ministerio Público, MP.
Es así como
quienes gobiernan presupuestan garantizar su “continuidad”. El “continuismo”
así “asegurado”, constituye, en el momento actual y en lo que queda de aquí al
14 de enero de 2016, el peligro principal
que amenaza y atenta contra nuestro país y nuestro pueblo, el Estado y sus
instituciones, y la ya tan violentada institucionalidad gubernamental y
estabilidad política y social.
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