Estado policíaco y

militarización

El 14 de enero asumió la presidencia de la República el general Otto Pérez Molina. Durante la segunda vuelta de las votaciones del año pasado, contó con el apoyo, además de su propio partido --el Partido Patriota (PP)--, del partido VIVA de Harold Caballeros y el agrupamiento encabezado por el doctor Francisco Arredondo.

De las siete votaciones que han tenido lugar desde 1985, Pérez Molina es uno de los tres candidatos que menos porcentaje de votos ha logrado obtener.

Según datos que ya habrá tiempo para depurar, en 1985 Cerezo Arévalo logró un 14.5 por ciento, por encima del porcentaje que Pérez Molina obtuvo el año pasado. Con ese mismo porcentaje (14.5), lo supera la votación a favor de Portillo en 1999.

Serrano Elías, en 1990, logró un 10.7 por ciento más que el que favoreció al actual mandatario en 2011.  En 2003, los resultados a favor de Berger, superaron en 0.3 por ciento al que Pérez Molina alcanzó cuando se le “eligió”.

El porcentaje de votos a favor de Pérez Molina, sólo está por encima, en un 1.0 por ciento, del porcentaje que obtuvo Colom en 2007 y 1.6 por ciento del que en 1995 favoreció a Arzú.

Además, durante los 26 años de la llamada transición democrática, ninguna de las fuerzas políticas que han “gobernado”, ha sido reelecta.

En tales condiciones y a fin de tener una idea de lo que en realidad podría lograr el gobierno presidido por un militar en retiro, hay que tener en cuenta cómo trabaja, lo que proyecta y cómo trata de concretar lo que se propone. A veces, pareciera que tiende a improvisar y precipitarse. Es lo que le pasó con la propuesta de despenalizar las drogas, y podría sucederle con sus reformas a la Constitución.

Sin embargo, aceleradamente se están concretando, entre otros asuntos, la institucionalización del Estado policíaco y la militarización del país.

Con el Estado policíaco, se busca que el Estado tenga el control y vigilancia de la población y, con la militarización, “asegurar” el resguardo y defensa de zonas, regiones y territorios vulnerables o áreas en alto riesgo.

En ambos casos, son planes para la seguridad interna y, en lo exterior, de la política de seguridad interior, injerencista y neocolonizadora de Estados Unidos para el área centroamericana y el Caribe.

La militarización va más allá del despliegue de fuerzas e instalación de bases y destacamentos militares en lugares y regiones fuera del control gubernamental o bajo la amenaza del contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico. Se complementa con operaciones conjuntas en que participan tropas estadounidenses de élite.

Una de ellas, son los operativos que por aire, mar y tierra se iniciaron la última semana de agosto en la costa sur del país como parte de la “Operación Martillo”. Días antes, según se informó, estuvo de visita al país el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, para “evaluar” el inicio de la operación.

La “Operación Martillo” es una iniciativa de España, Holanda, República Dominicana, Colombia, Canadá y el Reino Unido. Aunque no participan ni tienen presencia militar, cooperan con Estados Unidos que encabeza la estrategia de combate al narcotráfico.

En la “Operación Martillo”, en Guatemala, participan directamente 171 marines del ejército estadounidense y 250 soldados guatemaltecos. Estados Unidos, aporta cuatro helicópteros. Según el portavoz del ministerio guatemalteco de la Defensa, se cuenta, además, con la colaboración de fuerzas especiales navales del Pacífico, embarcaciones, la tercera Brigada de infantería y pilotos de helicópteros. (Siglo21, Guatemala 31 de agosto de 2012). 

En cuanto al Estado policíaco, quienes hayan leído el libro 1984, tendrán una idea de lo que George Orwell publicó a finales de los años 50 del siglo pasado e imaginó como una amenaza para la sociedad del futuro. Actualmente, es una apabullante realidad impuesta por el imperio más poderoso de la historia a los demás países del mundo y en su propio territorio, a raíz de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.