Transición democrática,

de derecha

De los ocho gobernantes de estos 26 años, dos de ellos (Álvaro Arzú y Óscar Berger) corresponden a posiciones de la derecha neoliberal y privatizadora; tres (Jorge Serrano, Alfonso Portillo y Álvaro Colom), a las del centro-derecha y dos (Marco Vinicio Cerezo y Ramiro De León Carpio), oscilaron del centro-derecha a la derecha. En cuanto al actual, el del general Otto Pérez Molina, es la continuidad de la derecha empresarial, neoliberal y privatizadora de Arzú (1996-2000) y Berger (2004-2008).

Del gobierno del presidente Cerezo Arévalo (1996-1991), se esperaba, al menos, que correspondiera al ideario social cristiano de su partido, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Sin embargo, sus limitaciones, debilidades e indecisión, no se lo permitieron, lo ataron de pies y manos, y si concluyó su periodo fue a cambio de no afectar los privilegios con que los gobiernos militares que le antecedieron compensaron a la élite empresarial y patronal por la complicidad y apoyo a sus crímenes y atrocidades contra el pueblo.

Los presidentes Serrano Elías (1991-1993), Portillo Cabrera (2000-2004) y Colom Caballeros (2008-2012), intentaron, a su modo, enfrentarse a los dueños del país y debilitar su poder; si no lo lograron, es porque --además de la corrupción, abuso de poder, ingobernabilidad e inestabilidad a que orillaron al país y de lo que no están exentos los demás gobernantes--, incurrieron en el error de apoyarse en redes, fuerzas y poderes corruptos que, en lugar de contribuir a conseguirlo, malograron lo que no pasó de ser meros intentos y fracasadas intenciones.

Al presidente De León Carpio (1993-1996) --designado por una legislatura que durante su período fue depurada-- le correspondió suceder a Serrano Elías después del intento de autogolpe del 25 de mayo. La situación y condiciones no podían ser las mejoras a fin de democratizar el país y legitimar un verdadero y real estado de Derecho. Sin embargo, su gestión se limitó a asegurar la continuidad de lo decidido y acordado por el poder oligárquico y patronal, la embajada de Estados Unidos y el gobierno de facto de Mejía Víctores y su camarilla militar.

Durante la “transición democrática” los siete gobernantes “electos” y el designado por el Congreso, no han podido ni tenido la voluntad y decisión de dejar de gobernar en interés de la élite económica y patronal, el empresariado organizado y los poderes fácticos y paralelos. Se está, entonces, ante una transición de derecha, típicamente gatopardista.

A estos intereses y poderes corresponden los diferentes “partidos y fuerzas” que se han sucedido en el gobierno y que, por su naturaleza y carácter, acaban dividiéndose, desgastados y agotándose. Es lo que comienza a advertirse en el ahora partido oficial.

La dirigencia del Partido Patriota (PP), empieza a dar señas de estar afectada por fisuras internas y un diferenciado alineamiento de sus integrantes y su bancada de diputados, en unos casos, alrededor del presidente Pérez Molina y, en otros, de la vicepresidente, señora Baldetti. La vicepresidente, es la secretaria general del partido oficial.

En todo caso, la “elección” de un gobernante militar y el ascenso al poder del PP, confirma que la “transición democrática” ha servido para asegurar la continuidad de gobiernos de derecha, mantener el statu quo y que la situación y condiciones del país sean aprovechadas a conveniencia de la cúpula militar, la élite oligárquica y patronal, el empresariado organizado, los poderes fácticos y paralelos, así como de las empresas trasnacionales y del gobierno estadounidense.

El pueblo, entre tanto, sigue estando como en 1986 y, en algunos casos, peor.  Como se ve que van y están las cosas, no extraña que el desgaste del gobierno y su partido, esté dándose mucho antes de lo que pudieron imaginar sus partidarios, para alegría y complacencia de su furibunda e inconsistente oposición y el enojo de la élite oligárquica y patronal, además de la molestia y nerviosismo en más de algún sector del empresariado organizado. Se me decía ayer que tan acelerado desgaste, la improvisación e ineficiencia gubernamental y administrativa no sorprende a la comunidad y cooperación internacional y que sí incomoda a la embajada de Estados Unidos en el país.

Lucha social y popular:

riesgos, amenazas y perspectivas

Cuando se conocieron los resultados de la segunda vuelta de votaciones del año pasado, una ilusoria sensación de seguridad y tranquilidad pareció expandirse entre buena parte de la población. Esa podía haber sido la percepción urbana a raíz del arribo al poder del candidato que prometió gobernar con mano dura y, en el imaginario del capitalino conservador, el retorno al pasado dictatorial, represivo, contrainsurgente.

No era de extrañar, entonces, que hubiese quienes apostaran a un posible repliegue --consciente o inconscientemente--, de la lucha social y popular y de que se pudieran dar --entre más de alguna dirigencia sindical y el gobierno “electo”--, probables entendidos, tácitos o expresos, a fin de dejar, para más adelante, la “solución” de sus demandas que, con tanta beligerancia y urgencia, venían planteando.

El repliegue no se ha dado y lo que sí se dio es el entendimiento entre el gobierno y algunos dirigentes del magisterio y de los trabajadores de la salud.

La situación y condiciones del país y sus antecedentes inmediatos y lejanos, los problemas económicos, sociales y políticos acumulados y no resueltos, más la dinámica propia de los conflictos sociales, no permite ni la contención ni el repliegue de la lucha de los obreros organizados o no, los trabajadores del Estado, los dependientes de comercio y otros servicios, los jubilados, desocupados y desempleados y quienes se dedican a la economía informal. 

Mucho menos y por supuesto, de la lucha de los campesinos por la tierra y contra los desalojos, la represión y asesinatos en el campo y de los pueblos indígenas por el respeto a sus derechos y a su identidad multiétnica, pluricultural y multilingüe; la de los estudiantes de post-primaria por una educación de calidad y no autoritaria, de quienes defienden los recursos naturales y se oponen a la minería a cielo abierto, el deterioro del medio ambiente, las concesiones y usufructos a las transnacionales, la privatización y desincorporación de bienes del Estado y la lucha de los pobladores por un terreno propio y una vivienda digna. Esto, por un lado.

Por el otro, aunque ya me referí al Estado policíaco y la militarización del país, no está demás agregar que oficialmente se ha dicho que se trata de planes destinados a combatir el contrabando, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas y el trasiego de armas. Sin embargo, algo más hay detrás de todo ello.

No es necesario hilar muy fino para percatarse de que se trata de planes diseñados a efecto de que las fuerzas policíacas y militares, de seguridad e inteligencia, estén en condiciones de, a la vez de intimidar e infundir terror a la población, prevenir cualquier manifestación de descontento y, en caso “necesario”, reprimirla, como ya sucedió el 1 de mayo contra los habitantes de Santa Cruz Barillas, el asesinato de Andrés Francisco Miguel y la implantación del Estado de Sitio; el 2 de julio, contra los estudiantes de post primera en el Parque la Industria de la capital; el desalojo violento, el 15 de agosto, de los pobladores del asentamiento “Jacobo Arbenz” aledaño al cuartel Matamoros de la zona 5 capitalina; y, más recientemente, el viernes pasado, contra los normalistas y maestros durante los bloqueos a varios tramos carreteros del occidente del país.

En lo internacional, la situación no está exenta de riesgos y amenazas. Según lo afirmó el pasado domingo 2 el presidente boliviano, Evo Morales, además de que los militares estadounidenses comandan a las fuerzas armadas de Colombia, “Estados Unidos tiene emplazada una base militar en dicho país” (LaJornada, México, 3 de septiembre de 2012).

De acuerdo a lo informado el mismo día por este rotativo, “mediante programas de ayuda”, Estados Unidos incrementa en México la presencia de sus agentes de prácticamente todas sus oficinas de seguridad, “sin que hasta el momento se conozca de manera pública su número, procedencia y situación migratorio”.

Tales son los riesgos y amenazas a enfrentar y derrotar unitaria, amplia y solidariamente en tanto que atentan contra la independencia y soberanía de pueblos hermanos y, en nuestro país, violan los derechos humanos e impiden a la población y a la ciudadanía manifestarse y protestar.

Estado policíaco y

militarización

El 14 de enero asumió la presidencia de la República el general Otto Pérez Molina. Durante la segunda vuelta de las votaciones del año pasado, contó con el apoyo, además de su propio partido --el Partido Patriota (PP)--, del partido VIVA de Harold Caballeros y el agrupamiento encabezado por el doctor Francisco Arredondo.

De las siete votaciones que han tenido lugar desde 1985, Pérez Molina es uno de los tres candidatos que menos porcentaje de votos ha logrado obtener.

Según datos que ya habrá tiempo para depurar, en 1985 Cerezo Arévalo logró un 14.5 por ciento, por encima del porcentaje que Pérez Molina obtuvo el año pasado. Con ese mismo porcentaje (14.5), lo supera la votación a favor de Portillo en 1999.

Serrano Elías, en 1990, logró un 10.7 por ciento más que el que favoreció al actual mandatario en 2011.  En 2003, los resultados a favor de Berger, superaron en 0.3 por ciento al que Pérez Molina alcanzó cuando se le “eligió”.

El porcentaje de votos a favor de Pérez Molina, sólo está por encima, en un 1.0 por ciento, del porcentaje que obtuvo Colom en 2007 y 1.6 por ciento del que en 1995 favoreció a Arzú.

Además, durante los 26 años de la llamada transición democrática, ninguna de las fuerzas políticas que han “gobernado”, ha sido reelecta.

En tales condiciones y a fin de tener una idea de lo que en realidad podría lograr el gobierno presidido por un militar en retiro, hay que tener en cuenta cómo trabaja, lo que proyecta y cómo trata de concretar lo que se propone. A veces, pareciera que tiende a improvisar y precipitarse. Es lo que le pasó con la propuesta de despenalizar las drogas, y podría sucederle con sus reformas a la Constitución.

Sin embargo, aceleradamente se están concretando, entre otros asuntos, la institucionalización del Estado policíaco y la militarización del país.

Con el Estado policíaco, se busca que el Estado tenga el control y vigilancia de la población y, con la militarización, “asegurar” el resguardo y defensa de zonas, regiones y territorios vulnerables o áreas en alto riesgo.

En ambos casos, son planes para la seguridad interna y, en lo exterior, de la política de seguridad interior, injerencista y neocolonizadora de Estados Unidos para el área centroamericana y el Caribe.

La militarización va más allá del despliegue de fuerzas e instalación de bases y destacamentos militares en lugares y regiones fuera del control gubernamental o bajo la amenaza del contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico. Se complementa con operaciones conjuntas en que participan tropas estadounidenses de élite.

Una de ellas, son los operativos que por aire, mar y tierra se iniciaron la última semana de agosto en la costa sur del país como parte de la “Operación Martillo”. Días antes, según se informó, estuvo de visita al país el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, para “evaluar” el inicio de la operación.

La “Operación Martillo” es una iniciativa de España, Holanda, República Dominicana, Colombia, Canadá y el Reino Unido. Aunque no participan ni tienen presencia militar, cooperan con Estados Unidos que encabeza la estrategia de combate al narcotráfico.

En la “Operación Martillo”, en Guatemala, participan directamente 171 marines del ejército estadounidense y 250 soldados guatemaltecos. Estados Unidos, aporta cuatro helicópteros. Según el portavoz del ministerio guatemalteco de la Defensa, se cuenta, además, con la colaboración de fuerzas especiales navales del Pacífico, embarcaciones, la tercera Brigada de infantería y pilotos de helicópteros. (Siglo21, Guatemala 31 de agosto de 2012). 

En cuanto al Estado policíaco, quienes hayan leído el libro 1984, tendrán una idea de lo que George Orwell publicó a finales de los años 50 del siglo pasado e imaginó como una amenaza para la sociedad del futuro. Actualmente, es una apabullante realidad impuesta por el imperio más poderoso de la historia a los demás países del mundo y en su propio territorio, a raíz de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.