A media semana

Terror, contrainsurgencia,

militarización y Estado policíaco


La represión y terror gubernamental, la contrainsurgencia y militarización del país y el Estado policíaco, son tres etapas del prolongado proceso que se institucionaliza a partir de la intervención norteamericana en junio de 1954, prosigue durante los gobiernos militares de fuerza (1963 - 1986) y, en el momento actual, continúa como un eslabón más de la llamada transición democrática.

Los sucesivos gobernantes que detentan el poder de 1954 a 1963, institucionalizan y desatan la represión y terror contra el pueblo, el ilegalizado movimiento obrero, sindical y campesino, contra los jóvenes y los estudiantes, los maestros democráticos y revolucionarios, los profesionales universitarios progresistas, los cancelados partidos de la Revolución y contra los dirigentes y la militancia en la clandestinidad del partido de la clase obrera guatemalteca, PGT, y su organización juvenil, la Juventud Patriótica del Trabajo, JPT.

En cuanto a la contrainsurgencia como política de Estado, el compañero Antonio García (+) era de la opinión que durante el gobierno de Castillo Armas (1954 – 1957) la camarilla militar gobernante, sentó sus bases no sólo ante el auge y ascenso de la lucha popular --amplia y clandestina, legal e ilegal--, sino, además, en previsión del surgimiento de un movimiento armado revolucionario.

Lo que entonces conversamos, me permitió disponer de más elementos para, en efecto, caracterizar la contrainsurgencia como política de Estado y en cuya concepción, táctica y estrategia el gobierno de facto de Peralta Azurdia (1963 – 1966), avanzó mucho más y, al igual que durante la “liberación” en el poder, con el apoyo, capacitación, adiestramiento y asesoría del gobierno de Estados Unidos; cuando ya es puesta en práctica, además, con el de militares taiwaneses, israelitas y del Cono Sur.

Con quienes he conversado en estos días al respecto, me han expresado sus dudas acerca de una caracterización como la expuesta, y hay a quienes interesa conocer en qué la fundamento. En forma breve, trataré de abordar esta cuestión, a la luz de lo que consta en las Constituciones de 1956 y 1965 y la vigente.

Según el Artículo 5° de los Artículos transitorios de la Constitución de 1956, “Se reconoce la validez jurídica de las facultades legislativas ejercidas por las Juntas de Gobierno y por el Presidente de la República, a partir del 29 de junio de 1954”.

De la misma manera, en el segundo párrafo del artículo 10 del capítulo único de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución de 1965, se “reconoce la validez jurídica de los Decretos-Leyes emanados del Gobierno de la República, así como a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley, a partir del treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y tres, inclusive”.

En la Constitución vigente, se reconoce la validez jurídica de los decretos-leyes y todos los actos administrativos y de gobierno emanados a partir del 23 de marzo de 1982 (Artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales).

Es así como los constituyentes de 1956, 1965 y 1985 reconocen, le dan validez jurídica y legitiman disposiciones y actos administrativos y de gobierno realizados por gobernantes de facto durante los que, en un primer momento, se institucionaliza la represión y terror gubernamental; enseguida, se sientan las bases de la contrainsurgencia como política de Estado para, después, ponerla en práctica.

La contrainsurgencia como política de Estado, además de operaciones ofensivas de gran envergadura contra los frentes guerrilleros, la resistencia urbana, la lucha clandestina y la población civil, incluye las aldeas modelo, polos de desarrollo, Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), tierra arrasada, poblaciones exterminadas y genocidio.

La “transición a la democracia” que, según sus apologistas, se iniciaría a partir de la sustitución de los gobernantes militares por gobiernos civiles “electos” (1986), en la práctica, es la continuidad del terror y represión gubernamental y la contrainsurgencia como política de Estado, a través de otros medios y otras formas. En el momento actual, pasa por la militarización del país y el Estado policíaco.