Cambios y reformas… para que

todo siga igual o peor

Me imagino que cada vez es mayor el número de quienes tienen claro el significado que se le da al gatopardismo. El gatopardismo equivale a la actitud que asumen quienes hablan de cambios para que todo siga igual. Durante su campaña, el actual gobierno se promocionó como el futuro gobierno del cambio. Después de cinco meses de estar al frente de la administración pública, es legítimo preguntarse si esto es así. A mí, al menos, me parece que no. Tratándose de las reformas al orden constitucional, a lo que ya he expuesto, hay aspectos nuevos en torno a los que hay que opinar y fijar posición. 

Cuando se habla de cambios, quienes así se expresan han de tener claro, muy claro, de a qué cambios se refieren, en relación a qué, para qué y por qué los plantean, el alcance y profundidad de los mismos, en qué dirección se proponen encaminarlos y, sobre todo, no ignorar y, menos, subestimar a quién o a quiénes van a favorecer y beneficiar y a quién o a quiénes van a perjudicar. Se trata de lo que, en términos políticos, define y configura la correlación de fuerzas; es decir, la cuestión referente a las fuerzas y sectores que están a favor y apoyan los cambios y las fuerzas y sectores que están en contra y los adversan.

A partir de 1985, nada ha cambiado en nuestro país. Para la mayoría de la población, la situación económica, política y social o está igual que entonces o tiende a empeorar. En lo institucional y gubernamental, las cosas no pueden estar peor.

Hasta las votaciones de 2011, han gobernando al país seis presidentes civiles “electos”. Los resultados de las votaciones a su favor son ilustrativos. Han sido “electos” con una muy baja participación ciudadana, el desacuerdo y desaprobación de quienes han anulado su voto o dejado la papeleta en blanco o han optado por uno u otro de sus contendientes que, en nuestro caso, no se puede hablar, estrictamente, de contendientes, ya que en el fondo en nada se diferencian unos de otros.

Quien fue designado por el Congreso de la República para que terminara el período del depuesto Presidente Serrano, hay que tener presente y no olvidar que lo fue por la legislatura señalada como una de las más corruptas que han habido en el país. Hay que tener en cuenta, además, que no hay uno sólo de esos gobiernos al que no se le pueda dejar de señalar de corrupto e incompetente y de estar al servicio del sector oligárquico y patronal tradicional del país, los grandes capitales extranjeros y las transnacionales, así como de los intereses y la política de seguridad nacional de Estados Unidos.

En tales condiciones, resulta imposible imaginar que hayan podido estar en condiciones y capacidad, con decisión y voluntad política de propiciar los cambios de fondo y las transformaciones estructurales que hicieran posible y permitieran cambiar a fondo y transformar de raíz el sistema económico, social, político e institucional y encaminar al país hacia una etapa superior de desarrollo y progreso, soberanía e independencia nacional, equidad y justicia, no discriminación y exclusión.

Fue esto, precisamente, lo que se trató de lograr e institucionalizar durante las prolongadas y fructíferas conversaciones para la búsqueda de la paz por medios políticos entre el Gobierno de la República y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y que culminaron con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996 que puso fin al enfrentamiento armado de 36 años en nuestro país.

De acuerdo al ordenamiento constitucional vigente y las dos Constituciones que le anteceden (1956 y 1965), es posible hacerse a la idea de que no se pueden legitimar y concretar las reformas institucionales y los cambios profundos y estructurales que el país necesita en lo económico y social, político y legal; ni siquiera, en lo formal, es posible como no lo es, tampoco, por la vía de la legislación ordinaria. Menos, a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

El sistema institucional y jurídico, así como el modelo económico y social y el régimen electoral y de partidos, están concebidos e institucionalizados para mantener el statu quo y que nada cambie ni se transforme en interés del país, del pueblo, del Estado y la República, la democracia, el progreso, la justicia, la equidad, la soberanía e independencia nacional, la no discriminación y el racismo y, menos, institucionalizar y legitimar la nación multiétnica, pluricultural y multilingüe convenida en los Acuerdos de Paz.

A un ordenamiento constitucional pétreo, corresponde un sistema económico y social inmodificable e inamovible. En consecuencia, ni por el momento, la situación y condiciones del país y la naturaleza y carácter de los cambios y reformas que se propugnan le dan credibilidad y certeza y, además, porque no van al fondo de lo que en realidad y de verdad hay que cambiar y transformar en nuestro país.