A media semana

Quien siembra vientos…
cosecha tempestades


Se puede y, en un momento dado, es legítimo estar o no de acuerdo con el origen, naturaleza y carácter de las instituciones y los poderes del Estado. Ésta es una cuestión que no sólo corresponde examinarla a la luz del derecho y la doctrina jurídica sino, además, a lo que en lo constitucional y en las leyes está definido y consignado, así como en cuanto a su funcionamiento, práctica y ejercicio.

En el caso de Guatemala, las instituciones y los poderes del Estado son propios de una democracia formal. Después de 27 años, puede afirmarse que --desde el punto de vista teórico y doctrinario-- las instituciones y los poderes del Estado, así como la democracia formal, han dejado de corresponder a la época en que vivimos y a su ulterior y probable desarrollo y desenvolvimiento. En lo legislativo, nada se ha hecho para superar lo que los constituyentes de 1985 no alcanzaron a advertir: el cambio de época que arrancaría a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado.

Cuando el derecho y la legislación no se conciben como instrumentos para el cambio y el avance hacia nuevas y superiores etapas de desarrollo y progreso, justicia social y equidad, a los países se les condena a que no puedan, institucional y legítimamente, salir del atraso. En el peor de los casos retroceden y no logran superar los rezagos y lastres del pasado.

Nuestro país atraviesa por una ya muy prolongada crisis institucional y de gobernabilidad política y de poder que se desencadena el 27 de junio de 1954. Una situación así únicamente favorece, conviene y beneficia al sector oligárquico y patronal tradicional y a los poderes fácticos y paralelos; a quienes perjudica, afecta y golpea es a los obreros, los campesinos sin tierra, los pueblos indígenas, las capas medias empobrecidas, los jubilados, los desempleados, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los pobladores de los asentamientos urbanos y rurales y a los sin casa y sin techo, así como a las personas de la tercera edad.

La descripción hecha configura, a su vez, la estructura económico social en Guatemala. Gráficamente puede decirse que en la cúspide de la pirámide está un cada vez más reducido puñado de potentados y adinerados que acumula y acapara casi toda la riqueza, utilidades y ganancias del país. Y en la base está la cada vez más ancha y ampliada mayoría empobrecida, que apenas si le alcanza lo que tiene o que gana para sobrevivir y es objeto de una despiadada y abusiva opresión y explotación, marginación y discriminación económica y social. En pocas palabras, es una estructura económico social propia de un país subdesarrollado y atrasado, subyugado y dependiente.

La legislatura que se instaló el 14 de enero de 1991 y que fue depurada durante el gobierno del presidente Ramiro De León Carpio, está considerada como una de las peores de las siete que han sido “electas” a partir de 1985. No dudo en afirmar que sólo es superada por la que concluyó su período el pasado 14 de enero. Muchas de las leyes por ella emitidas son casuísticas y adolecen de deficiencias e imprevisiones que deberían ser corregidas a la brevedad.

El actual Congreso, por su parte, continúa con prácticas que caracterizaron a la que le antecedió y, como en ningún otro caso, el transfuguismo es algo de lo peor que puede darse en un momento como el actual y, más aún, que ocurra en el poder del Estado cuyos integrantes ostentan la calidad de representantes del pueblo y dignatarios de la Nación.

Como no podía ser de otra manera, la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), está echando mano de “tácticas parlamentarias” de las que hicieron gala los diputados que en el anterior gobierno constituían la principal bancada de “oposición”. Ahora, desde el Ejecutivo, se dan cuenta que quienes son actualmente de “oposición” no están haciendo otra cosa que lo que ellos hicieron durante la legislatura pasada. Como “oposición de ayer” y “oficialismo de hoy” tendrían que saber y entender que quien, siembra vientos… cosecha tempestades.

Nada, absolutamente nada presagia que en el Legislativo las cosas vayan a cambiar. Cada vez es mayor y real la posibilidad de que la ciudadanía empiece a exigir su depuración y que, de no darse, lo que nos espera es un cada vez mayor agravamiento y agudización de la crisis política y de gobernabilidad, de poder e institucionalidad y que termine siendo éste el último eslabón de la mal llamada y peor concebida apertura democrática y política.

No otra cosa es lo que se avizora en el horizonte. Ello no quiere decir que se ignore que el sistema tiene cierto margen de maniobra y efectismo mediático para sortear la situación y desviar la atención de lo principal. Lo que el sistema no permite ni viabiliza es que se resuelva en interés del país y el pueblo, la refundación del Estado, la depuración de las instituciones y la defensa de la soberanía y nuestra independencia.