A media semana

En busca de la
gobernabilidad perdida

Debo decir que luego de que leí dos notas informativas de portada de uno de los matutinos del domingo 4, en las que se aborda la cuestión de la gobernabilidad, decidí posponer la publicación del artículo que dedicaré a importantes fechas de lo acontecido en Cuba en diciembre de 1956. Lo dejo para ser publicado la última semana del año, en vísperas de un aniversario más del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.

En la primera de las notas de portada, se dan a conocer las opiniones de dos analistas y una empresaria en torno a la gobernabilidad. El primero de los consulados considera que “uno de los factores determinantes para garantizar la gobernabilidad, es la capacidad de consolidar mayorías que tengan objetivos comunes”. El segundo, asegura que “hay desórdenes administrativos y de prioridad que dificultan la gobernabilidad”.

Quien escribe la nota apunta que “la gobernabilidad en el país se ha convertido en una especie de laberinto cuyas salidas se hacen difíciles de hallar (sic)”. A quienes se les pidió opinión, coinciden en que la ingobernabilidad también se asocia a la violación de leyes… y que son los actores políticos y las autoridades quienes dan buen o mal ejemplo.

“Las soluciones a esta problemática, se agrega en la nota, se complica, debido (sic) a la poca presencia del Estado en varias zonas, o las difíciles negociaciones entre los partidos en el Congreso de la República y a prácticas ilegales, como los linchamientos, como una alternativa ilícita de justicia”.

Ambos analistas coinciden en que lo que el próximo gobierno debe hacer para asegurar la gobernabilidad, es “impulsar acciones inmediatas… desde proponer el diálogo para evitar bloqueos hasta garantizar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos fronterizos y pasos ciegos, así como atajar la criminalidad.”

Por supuesto que no podría faltar la opinión de quien plantea que “el Gobierno debe restituir la institucionalidad al país, para generar perspectivas que favorezcan las inversiones y la certeza jurídica”.

En la segunda nota, se sintetiza lo que el Informe del Banco Mundial (BM) sostiene al respecto. Según el BM, en Guatemala la “gobernabilidad --entendida como la capacidad para que el Gobierno responda a las necesidades sociales--… está por debajo de otros países del Istmo como Panamá, Costa Rica y El Salvador. En quince años --se dice en el documento-- el país no ha logrado mejorar las evaluaciones de sus indicadores, lo que se traduce en un estancamiento durante cuatro períodos de gobierno consecutivos”.

En el informe se agrega que “los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer servicios a la sociedad, trabajar en favor de mejor transparencia en el manejo de los fondos públicos, consolidar un esquema sancionatorio a cargo de un ente rector capaz de aplicar las normas relacionadas con la rendición de cuentas por parte de los funcionarios” (PrensaLibre, 4 de diciembre de 2011).

Las transcripciones hechas resultan más extensas de lo necesario, pero es lo que permite entender cómo es que de forma tan limitada y esquemática algunos analistas y expertos abordan este tipo de asuntos. Sus puntos de vista e informes, en mi opinión, no van al fondo de la cuestión y, en consecuencia, lo que recomiendan o proponen está encaminado a “encontrarle salidas” a lo que son las manifestaciones externas y no al fondo de lo que hay que resolver y cambiar.

Al analizar y opinar o informar sobre cuestiones como lo de la gobernabilidad, hay quienes se conformen con ver lo inmediato, lo que se tiene más cerca, sin prestarle atención a lo que está en el fondo. Es algo así como conformarse o dejarse atrapar por lo que son las manifestaciones externas y no alcanzar a ver y penetrar en sus causas. Lo que se ve, son los efectos; las causas, no.

La ingobernabilidad se desencadenó en el país a partir del 27 de junio de 1954. Es una de las manifestaciones del sistema económico, social, institucional y político impuesto desde entonces, como lo es, también, el posterior adelgazamiento y debilitamiento institucional y financiero del Estado. A ello me referí la semana pasada. Con los elementos que ahora dispongo, cabe presupuestar que de un Estado subsidiario y gerencial se esté tratando de que se le encamine a ser un mero tramitador de licitaciones y administrador de contratos de obras y servicios a cargo del sector privado.

En tanto que la ingobernabilidad es lo superestructural y el sistema lo estructural, lo de fondo, lo que hay que cambiar a fondo y reinstitucionalizar es el sistema, lo estructural. Sólo así se podrá salir de esa especie de “laberinto” a que se hace referencia en la edición dominical del citado matutino. Lo que procede, es devolverle al Estado su papel que le corresponde en una democracia real, funcional y participativa.