A media semana

Estado subsidiario, tecnocracia
y gestión pública



Con lo que a continuación expongo, concluyo lo escrito sobre algunos aspectos de nuestra historia más reciente (1954 – 2011), la prolongada crisis institucional que se desencadena con la intervención norteamericana a Guatemala y la sucesión gubernamental en el país, luego de la renuncia del Presidente Arbenz. A la etapa que se inicia en 1986, se le conoce como “transición democrática”.

La “transición democrática” es --a través de otros medios y otras formas-- la continuidad de juntas de gobierno, coroneles y generales golpistas y dictaduras militares. Distinto sería si los constituyentes de 1985 hubieran puesto punto final a ese pasado, acordado los cambios estructurales e institucionales que el país necesita y, constitucionalmente, legitimarlos. No fue así.

De las cuatro etapas, la primera es la de la sucesión de juntas militares y generales gobernantes. Se inicia en junio de 1954 y, con el golpe militar del 30 marzo de 1963, da paso a la de un gobierno civil “electo” y tres gobernantes militares impuestos fraudulentamente. El golpe militar del 23 de marzo de 1982, abre la de dos generales como jefes de Estado. Ésta, a partir de 1986, da inicio a la de seis presidentes civiles y un gobernante designado, también civil.

Como ya lo he referido, las votaciones del 2011 vienen a ser el último eslabón de la cadena de gobernantes civiles y esto es así porque la prolongada crisis institucional y de gobernabilidad está en su fase terminal y el sistema político, de votaciones y partidos se agotó. Un general en situación de retiro, encabezará la próxima administración.

Con los elementos de que se dispone sobre la situación nacional e internacional y los resultados del 6 de noviembre, habrá que intentar una aproximación al posible curso, desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos. Previo a ello, paso a referirme a dos cuestiones que anteriormente apenas esbocé o no abordé. Se trata del carácter subsidiario del Estado y el poder de la tecnocracia en la gestión pública.

El carácter subsidiario del Estado “legitima” su adelgazamiento y debilitamiento institucional y financiero. Su objetivo es quitarle, al propio Estado, el papel rector de la economía y que, para el cumplimiento de sus fines --cuando sea necesario--, pase a ser complementario de la iniciativa y la actividad privada. Así es como consta en el texto constitucional. (Párrafo tercero del Artículo 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala).

Además, cuando en la gestión pública lo que predomina es la concepción gerencial, el manejo de los asuntos de Estado resulta siendo como si se tratara de una empresa o un consorcio o la administración de una finca.

La tecnocracia, por su parte, subordina la gestión pública a lo que “consideren” los técnicos y la dirección, decisión e implementación que corresponde a quienes gobiernan, pasa a depender de lo que los técnicos “aconsejen, recomienden o sugieran”.

El adelgazamiento y complementariedad del Estado y la gestión gerencial y tecnocrática en el sector público, son parte de la estrategia urdida con el deliberado objetivo de que el poder político y gubernamental y los asuntos de Estado se manejen a conveniencia de la élite económica y patronal del país y el imperio más poderoso de la historia.

La responsabilidad de ello corresponde a quienes fraguaron y consumaron la intervención norteamericana, las juntas militares y dictaduras gobernantes que les sucedieron así como a los presidentes Cerezo, Serrano, De León Carpio, Arzú, Portillo, Berger y Colom. A los primeros, porque abrieron la puerta a semejantes relaciones de poder y contraproducente modelo de gestión y, a los segundos, porque le dan continuidad y profundizan.

En tales condiciones, resulta ilusorio hacerse a la idea de que a partir del 14 de enero se vayan a abandonar y hacer a un lado esas concepciones y prácticas desreguladoras y privatizadoras, subsidiarias y gerenciales, tecnócratas y burocráticas, de corte neoliberal.

Quienes van a gobernar, más los advenedizos que pasan a formar parte del gabinete y los tránsfugas que desde el Congreso los secundan, tampoco podrán romper con lo que limita y desnaturaliza el papel del Estado, despolitiza y suplanta la toma de decisiones, el ejercicio y dirección de la gestión pública e impide el avance, desarrollo y progreso del país.

A partir de 1954, el Estado y sus instituciones han estado al servicio del poder económico y patronal tradicional, la seguridad nacional y la diplomacia del gobierno de Estados Unidos, el capital bancario y financiero internacional y los grandes monopolios y transnacionales.