Un diciembre más que se va…
y la paz por construir
En la vida hay segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años que dejan marcas profundas, indelebles. Son trazos rojos que, en unos casos, golpean y duelen, laceran con fuerza y dureza. Pero también hay momentos que alientan y llenan de esperanza, optimismo y regocijo. Unos y otros afianzan, consolidan y dan sentido y razón de ser a la vida, a las ideas, proyectos y convicciones que se tienen y a los esfuerzos, empeños y propósitos a alcanzar.
Diciembre es un mes que a Ana María, a Pedro y Espartaco, nuestros hijos, y a mí, nos ha golpeado dura y profundamente, pero también en el que han tenido lugar históricos acontecimientos. De algunos de ellos no somos ajenos y si hemos sido partícipes, es por la convicción, la decisión y el empeño de saber a ciencia cierta por qué, para qué, cómo y con quienes corresponde hacer lo que se debe hacer y no sólo lo que se tiene que hacer.
El miércoles 3 de diciembre de 1969 nació Ernesto, nuestro tercer hijo. Dos años después, el domingo 19 de diciembre una penosa enfermedad cegó su vida. Seis años después la vida nos dio una nueva alegría y un pesar más. El sábado10 de diciembre de 1977 nació el cuarto de nuestros hijos, Miguel José. Dos días y medio después, en la madrugada del martes 13, el médico que atendió su nacimiento me decía que había fallecido. Hasta hoy, no me explico la causa de su prematuro y repentino fallecimiento.
Para nosotros, el fallecimiento de Ernesto y el de Miguel José fueron golpes durísimos. César Vallejo lo dijo bien e uno de sus más hermosos poemas: son como si la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. A Ana María y a mí, nos pareció y sentimos como que todo el peso del mundo se nos venía encima. Para mí, que estaba en la clandestinidad, el dolor fue inmenso.
En lo político, es muy sentida y a la vez irreparable la muerte de Huberto Alvarado Arellano y la de otros dos compañeros del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, que cayeron combatiendo en un enfrentamiento desigual con las fuerzas del ejército y de la policía nacional y judicial en una casa de la zona 12 capitalina el viernes 22 de diciembre de 1972.
Huberto fue herido y capturado allí, y asesinado después, la madrugada del sábado 23. Era el Secretario General del Comité Central. Su lucha y convicciones revolucionarias son ejemplo a seguir a fin de avanzar hacia etapas superiores de desarrollo y progreso social, democracia y libertad, justicia y equidad, independencia y soberanía nacional y solidaridad fraterna e internacionalista.
A lo íntimo y personal y a lo político hay que agregar el significado e importancia de diciembre de 1996. Diciembre de 1996 sintetiza lo bueno y útil que con empeño y tenacidad se pudo alcanzar a favor del encuentro con la paz en nuestro país y empezar a sentar las bases de solución del enfrentamiento armado en nuestro país.
Lo suscrito el domingo 29 de diciembre de 1996 tiene antecedentes de mucho valor y una proyección histórica que --aunque no se valore en su real y verdadera trascendencia--, es el referente necesario, permanente e insustituible y punto de partida de la construcción de un nuevo país y una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, base y sustento de la identidad nacional y social y la pertenencia a nuestro país y a nuestro pueblo.
Que hasta ahora no haya sido así, es algo que habrá que examinar y si se ha ignorado u olvidado y nada sustantivo se ha hecho en quince años a favor de la construcción de la paz, cabe dudar que algo se vaya a hacer a partir del 14 de enero.
En un día como hoy, y que según me parece es el día más corto y la noche más larga del año en este lado del hemisferio, asumo que al respeto recíproco y comprensión del pasado, al imperio de la justicia y el restablecimiento de la verdad histórica y a la construcción de una paz firme y duradera, no se llega por caminos tortuosos o escabrosas veredas. Ello sólo es posible, si se sabe aprender del pasado, entender y explicar el presente y trabajar por un futuro mejor para nuestro país y para nuestro pueblo.
Procede así quien se sitúa del lado en que está el deber, quien comprende que nada de lo humano le es ajeno, quien siente como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo y quien es capaz de convertir lo desfavorable en favorable y la peor de las desventajas en decisiva ventaja.
Son estas --entre muchas más-- parte de las enseñanzas y valioso legado, ético, humano y político de pensadores insignes e invencibles luchadores de todos los tiempos. La vida es, en suma, pródigamente hermosa por lo que da y se recibe de ella y por lo que enseña y de ella se aprende; es duramente aleccionadora por lo que nos arrebata y golpea. Mas, lo que se recibe y se aprende y lo que golpea y duele, fortalece y da fuerzas para ir hacia adelante, siempre hacia adelante y mantenerse de pie.
miércoles, 21 de diciembre de 2011
viernes, 16 de diciembre de 2011
A media semana
Categorías puestas de moda, lenguaje
hablado, escrito y corporal
De un tiempo para acá, se ha tratado de desnaturalizar el carácter, esencia y contenido de importantes categorías económicas y sociales a través de eufemismos. Basta citar lo referente a las relaciones de producción y de trabajo, las clases sociales y la estructura y su superestructura.
El que se use o empleen caracterizaciones “nuevas” o de moda, y se introduzcan categorías acomodadas a la forma de ver el sistema y no como el sistema es, en nada cambia la realidad y, menos, que haya cambiado la naturaleza, carácter, esencia y contenido de lo que así se quiere identificar.
Las relaciones obrero-patronales siguen estando allí --tal como son y se dan en la realidad--, aunque ahora institucionalmente se hable de relaciones entre empleado y empleador, no por ello dejan de ser relaciones laborales en las que los medios de producción son propiedad de los patronos y que los obreros venden su mano de obra a quienes los explotan y oprimen. Lo mismo se da tratándose de las relaciones laborales entre el Estado y sus empleados y entre los empresarios y sus empleados.
Otro tanto igual sucede con la estructura y composición social en una sociedad determinada. Aunque se le trate de identificar de distinta manera, no deja de ser una estructura social dividida en clases y cuyos intereses corresponden al de quienes explotan y oprimen y al de quienes son explotados y oprimidos. La estructura y composición social en nada cambia aunque eso sea lo que se pretenda cuando se habla de tejido social, sociedad civil, segmentos o estamentos sociales
Algo parecido se da en lo que se refiere a lo estructural y su superestructura. La estructura está en la base de lo superestructural. A una estructura determinada corresponde una superestructura igualmente determinada. Lo jurídico e institucional es superestructural como lo es, también, el modo de ser de las personas, su comportamiento, costumbres, moral, creencias, religión, conducta y usos. El sistema político y de gobierno, el modelo económico y social y el entramado de relaciones jurídicas y normas de convivencia, corresponden a la estructura en que se asientan.
En otro orden de ideas, a fuerza de repetirlo hay términos con los que se trata de identificar aquello que en el pasado era aceptado y que en la actualidad es la forma como se acomoda a lo que se quiere decir. En su mayoría son términos que se traducen o toman prestado de otros idiomas. Ahora se habla, se escribe o utilizan términos como alternancia, gobernanza, cientista y falencias. Que así se diga, se escriba o utilice en nada altera ni cambia lo que en esencia equivale a alternabilidad, gobernabilidad, científico o científica y carencias.
En el lenguaje hablado se dan deformaciones que, al parecer, son muy propias de los guatemaltecos. Son parte de tanto atropello al lenguaje y que por ser términos tan mal utilizados y peor dichos comprometen a quien los dice e incomoda a quienes los escuchan.
Cuando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habla en público no se extrañe ni le sorprenda que diga suidadanos y suidadanas o que tanto compatriota no se de cuenta de que hay que decir peor y no pior, millones y no miones, botellas y no boteas, ellas y no eas, ellos y no eos o que sea de lo más frecuente escuchar que se diga lo que es cuando se trata de precisar algo que no hay por qué precisarlo. Resulta innecesario y golpeante que se diga que el primer partido de la final de lo que es el torneo Apertura de futbol va a tener lugar mañana por la noche en el Estadio Mateo Flores. Ese lo que es, está demás.
El habla identifica tanto como compromete a quien incurre en ligerezas, descuidos y aberraciones. Las malas palabras pueden no ser estigmatizantes para quien las dice, pero sí insultantes para quien las escucha y según el tono con que se digan.
Quienes saben de estas cosas y de muchas otras más, me dicen que en el extranjero a los guatemaltecos se nos conoce por la forma como caminamos. Se dice que en apariencia somos ceremoniosos y cuando hablamos damos la impresión de que arrastramos las palabras como para parecer elocuentes.
En cuanto al lenguaje hablado, escrito y corporal de los politiqueros locales, es el peor de los retratos hablados del peor de los demagogos, mentirosos, inmorales e inescrupulosos politiqueros de otros países. Es la escuela en que los forman los expertos en imagen y en las que los instruyen para que sólo digan lo que saben de antemano que quiere escuchar su auditorio. Es la forma convencional de quedar siempre bien y no indisponer a nadie.
Para terminar, si quienes me leen se desean enterar y explicarse los excesos que están empezándose a dar antes del 14 de enero, sería bueno que conocieran lo que dice José Barnoya en su carta publicada en elPeriódico el 8 de este mes. Y en torno a lo que podríamos estar viendo entre cuatro años, lo encontrarán en la columna del señor Raúl de La Horra, publicada el 19 de noviembre en ese mismo matutino.
hablado, escrito y corporal
De un tiempo para acá, se ha tratado de desnaturalizar el carácter, esencia y contenido de importantes categorías económicas y sociales a través de eufemismos. Basta citar lo referente a las relaciones de producción y de trabajo, las clases sociales y la estructura y su superestructura.
El que se use o empleen caracterizaciones “nuevas” o de moda, y se introduzcan categorías acomodadas a la forma de ver el sistema y no como el sistema es, en nada cambia la realidad y, menos, que haya cambiado la naturaleza, carácter, esencia y contenido de lo que así se quiere identificar.
Las relaciones obrero-patronales siguen estando allí --tal como son y se dan en la realidad--, aunque ahora institucionalmente se hable de relaciones entre empleado y empleador, no por ello dejan de ser relaciones laborales en las que los medios de producción son propiedad de los patronos y que los obreros venden su mano de obra a quienes los explotan y oprimen. Lo mismo se da tratándose de las relaciones laborales entre el Estado y sus empleados y entre los empresarios y sus empleados.
Otro tanto igual sucede con la estructura y composición social en una sociedad determinada. Aunque se le trate de identificar de distinta manera, no deja de ser una estructura social dividida en clases y cuyos intereses corresponden al de quienes explotan y oprimen y al de quienes son explotados y oprimidos. La estructura y composición social en nada cambia aunque eso sea lo que se pretenda cuando se habla de tejido social, sociedad civil, segmentos o estamentos sociales
Algo parecido se da en lo que se refiere a lo estructural y su superestructura. La estructura está en la base de lo superestructural. A una estructura determinada corresponde una superestructura igualmente determinada. Lo jurídico e institucional es superestructural como lo es, también, el modo de ser de las personas, su comportamiento, costumbres, moral, creencias, religión, conducta y usos. El sistema político y de gobierno, el modelo económico y social y el entramado de relaciones jurídicas y normas de convivencia, corresponden a la estructura en que se asientan.
En otro orden de ideas, a fuerza de repetirlo hay términos con los que se trata de identificar aquello que en el pasado era aceptado y que en la actualidad es la forma como se acomoda a lo que se quiere decir. En su mayoría son términos que se traducen o toman prestado de otros idiomas. Ahora se habla, se escribe o utilizan términos como alternancia, gobernanza, cientista y falencias. Que así se diga, se escriba o utilice en nada altera ni cambia lo que en esencia equivale a alternabilidad, gobernabilidad, científico o científica y carencias.
En el lenguaje hablado se dan deformaciones que, al parecer, son muy propias de los guatemaltecos. Son parte de tanto atropello al lenguaje y que por ser términos tan mal utilizados y peor dichos comprometen a quien los dice e incomoda a quienes los escuchan.
Cuando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habla en público no se extrañe ni le sorprenda que diga suidadanos y suidadanas o que tanto compatriota no se de cuenta de que hay que decir peor y no pior, millones y no miones, botellas y no boteas, ellas y no eas, ellos y no eos o que sea de lo más frecuente escuchar que se diga lo que es cuando se trata de precisar algo que no hay por qué precisarlo. Resulta innecesario y golpeante que se diga que el primer partido de la final de lo que es el torneo Apertura de futbol va a tener lugar mañana por la noche en el Estadio Mateo Flores. Ese lo que es, está demás.
El habla identifica tanto como compromete a quien incurre en ligerezas, descuidos y aberraciones. Las malas palabras pueden no ser estigmatizantes para quien las dice, pero sí insultantes para quien las escucha y según el tono con que se digan.
Quienes saben de estas cosas y de muchas otras más, me dicen que en el extranjero a los guatemaltecos se nos conoce por la forma como caminamos. Se dice que en apariencia somos ceremoniosos y cuando hablamos damos la impresión de que arrastramos las palabras como para parecer elocuentes.
En cuanto al lenguaje hablado, escrito y corporal de los politiqueros locales, es el peor de los retratos hablados del peor de los demagogos, mentirosos, inmorales e inescrupulosos politiqueros de otros países. Es la escuela en que los forman los expertos en imagen y en las que los instruyen para que sólo digan lo que saben de antemano que quiere escuchar su auditorio. Es la forma convencional de quedar siempre bien y no indisponer a nadie.
Para terminar, si quienes me leen se desean enterar y explicarse los excesos que están empezándose a dar antes del 14 de enero, sería bueno que conocieran lo que dice José Barnoya en su carta publicada en elPeriódico el 8 de este mes. Y en torno a lo que podríamos estar viendo entre cuatro años, lo encontrarán en la columna del señor Raúl de La Horra, publicada el 19 de noviembre en ese mismo matutino.
viernes, 9 de diciembre de 2011
A media semana
En busca de la
gobernabilidad perdida
Debo decir que luego de que leí dos notas informativas de portada de uno de los matutinos del domingo 4, en las que se aborda la cuestión de la gobernabilidad, decidí posponer la publicación del artículo que dedicaré a importantes fechas de lo acontecido en Cuba en diciembre de 1956. Lo dejo para ser publicado la última semana del año, en vísperas de un aniversario más del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.
En la primera de las notas de portada, se dan a conocer las opiniones de dos analistas y una empresaria en torno a la gobernabilidad. El primero de los consulados considera que “uno de los factores determinantes para garantizar la gobernabilidad, es la capacidad de consolidar mayorías que tengan objetivos comunes”. El segundo, asegura que “hay desórdenes administrativos y de prioridad que dificultan la gobernabilidad”.
Quien escribe la nota apunta que “la gobernabilidad en el país se ha convertido en una especie de laberinto cuyas salidas se hacen difíciles de hallar (sic)”. A quienes se les pidió opinión, coinciden en que la ingobernabilidad también se asocia a la violación de leyes… y que son los actores políticos y las autoridades quienes dan buen o mal ejemplo.
“Las soluciones a esta problemática, se agrega en la nota, se complica, debido (sic) a la poca presencia del Estado en varias zonas, o las difíciles negociaciones entre los partidos en el Congreso de la República y a prácticas ilegales, como los linchamientos, como una alternativa ilícita de justicia”.
Ambos analistas coinciden en que lo que el próximo gobierno debe hacer para asegurar la gobernabilidad, es “impulsar acciones inmediatas… desde proponer el diálogo para evitar bloqueos hasta garantizar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos fronterizos y pasos ciegos, así como atajar la criminalidad.”
Por supuesto que no podría faltar la opinión de quien plantea que “el Gobierno debe restituir la institucionalidad al país, para generar perspectivas que favorezcan las inversiones y la certeza jurídica”.
En la segunda nota, se sintetiza lo que el Informe del Banco Mundial (BM) sostiene al respecto. Según el BM, en Guatemala la “gobernabilidad --entendida como la capacidad para que el Gobierno responda a las necesidades sociales--… está por debajo de otros países del Istmo como Panamá, Costa Rica y El Salvador. En quince años --se dice en el documento-- el país no ha logrado mejorar las evaluaciones de sus indicadores, lo que se traduce en un estancamiento durante cuatro períodos de gobierno consecutivos”.
En el informe se agrega que “los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer servicios a la sociedad, trabajar en favor de mejor transparencia en el manejo de los fondos públicos, consolidar un esquema sancionatorio a cargo de un ente rector capaz de aplicar las normas relacionadas con la rendición de cuentas por parte de los funcionarios” (PrensaLibre, 4 de diciembre de 2011).
Las transcripciones hechas resultan más extensas de lo necesario, pero es lo que permite entender cómo es que de forma tan limitada y esquemática algunos analistas y expertos abordan este tipo de asuntos. Sus puntos de vista e informes, en mi opinión, no van al fondo de la cuestión y, en consecuencia, lo que recomiendan o proponen está encaminado a “encontrarle salidas” a lo que son las manifestaciones externas y no al fondo de lo que hay que resolver y cambiar.
Al analizar y opinar o informar sobre cuestiones como lo de la gobernabilidad, hay quienes se conformen con ver lo inmediato, lo que se tiene más cerca, sin prestarle atención a lo que está en el fondo. Es algo así como conformarse o dejarse atrapar por lo que son las manifestaciones externas y no alcanzar a ver y penetrar en sus causas. Lo que se ve, son los efectos; las causas, no.
La ingobernabilidad se desencadenó en el país a partir del 27 de junio de 1954. Es una de las manifestaciones del sistema económico, social, institucional y político impuesto desde entonces, como lo es, también, el posterior adelgazamiento y debilitamiento institucional y financiero del Estado. A ello me referí la semana pasada. Con los elementos que ahora dispongo, cabe presupuestar que de un Estado subsidiario y gerencial se esté tratando de que se le encamine a ser un mero tramitador de licitaciones y administrador de contratos de obras y servicios a cargo del sector privado.
En tanto que la ingobernabilidad es lo superestructural y el sistema lo estructural, lo de fondo, lo que hay que cambiar a fondo y reinstitucionalizar es el sistema, lo estructural. Sólo así se podrá salir de esa especie de “laberinto” a que se hace referencia en la edición dominical del citado matutino. Lo que procede, es devolverle al Estado su papel que le corresponde en una democracia real, funcional y participativa.
gobernabilidad perdida
Debo decir que luego de que leí dos notas informativas de portada de uno de los matutinos del domingo 4, en las que se aborda la cuestión de la gobernabilidad, decidí posponer la publicación del artículo que dedicaré a importantes fechas de lo acontecido en Cuba en diciembre de 1956. Lo dejo para ser publicado la última semana del año, en vísperas de un aniversario más del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.
En la primera de las notas de portada, se dan a conocer las opiniones de dos analistas y una empresaria en torno a la gobernabilidad. El primero de los consulados considera que “uno de los factores determinantes para garantizar la gobernabilidad, es la capacidad de consolidar mayorías que tengan objetivos comunes”. El segundo, asegura que “hay desórdenes administrativos y de prioridad que dificultan la gobernabilidad”.
Quien escribe la nota apunta que “la gobernabilidad en el país se ha convertido en una especie de laberinto cuyas salidas se hacen difíciles de hallar (sic)”. A quienes se les pidió opinión, coinciden en que la ingobernabilidad también se asocia a la violación de leyes… y que son los actores políticos y las autoridades quienes dan buen o mal ejemplo.
“Las soluciones a esta problemática, se agrega en la nota, se complica, debido (sic) a la poca presencia del Estado en varias zonas, o las difíciles negociaciones entre los partidos en el Congreso de la República y a prácticas ilegales, como los linchamientos, como una alternativa ilícita de justicia”.
Ambos analistas coinciden en que lo que el próximo gobierno debe hacer para asegurar la gobernabilidad, es “impulsar acciones inmediatas… desde proponer el diálogo para evitar bloqueos hasta garantizar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos fronterizos y pasos ciegos, así como atajar la criminalidad.”
Por supuesto que no podría faltar la opinión de quien plantea que “el Gobierno debe restituir la institucionalidad al país, para generar perspectivas que favorezcan las inversiones y la certeza jurídica”.
En la segunda nota, se sintetiza lo que el Informe del Banco Mundial (BM) sostiene al respecto. Según el BM, en Guatemala la “gobernabilidad --entendida como la capacidad para que el Gobierno responda a las necesidades sociales--… está por debajo de otros países del Istmo como Panamá, Costa Rica y El Salvador. En quince años --se dice en el documento-- el país no ha logrado mejorar las evaluaciones de sus indicadores, lo que se traduce en un estancamiento durante cuatro períodos de gobierno consecutivos”.
En el informe se agrega que “los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer servicios a la sociedad, trabajar en favor de mejor transparencia en el manejo de los fondos públicos, consolidar un esquema sancionatorio a cargo de un ente rector capaz de aplicar las normas relacionadas con la rendición de cuentas por parte de los funcionarios” (PrensaLibre, 4 de diciembre de 2011).
Las transcripciones hechas resultan más extensas de lo necesario, pero es lo que permite entender cómo es que de forma tan limitada y esquemática algunos analistas y expertos abordan este tipo de asuntos. Sus puntos de vista e informes, en mi opinión, no van al fondo de la cuestión y, en consecuencia, lo que recomiendan o proponen está encaminado a “encontrarle salidas” a lo que son las manifestaciones externas y no al fondo de lo que hay que resolver y cambiar.
Al analizar y opinar o informar sobre cuestiones como lo de la gobernabilidad, hay quienes se conformen con ver lo inmediato, lo que se tiene más cerca, sin prestarle atención a lo que está en el fondo. Es algo así como conformarse o dejarse atrapar por lo que son las manifestaciones externas y no alcanzar a ver y penetrar en sus causas. Lo que se ve, son los efectos; las causas, no.
La ingobernabilidad se desencadenó en el país a partir del 27 de junio de 1954. Es una de las manifestaciones del sistema económico, social, institucional y político impuesto desde entonces, como lo es, también, el posterior adelgazamiento y debilitamiento institucional y financiero del Estado. A ello me referí la semana pasada. Con los elementos que ahora dispongo, cabe presupuestar que de un Estado subsidiario y gerencial se esté tratando de que se le encamine a ser un mero tramitador de licitaciones y administrador de contratos de obras y servicios a cargo del sector privado.
En tanto que la ingobernabilidad es lo superestructural y el sistema lo estructural, lo de fondo, lo que hay que cambiar a fondo y reinstitucionalizar es el sistema, lo estructural. Sólo así se podrá salir de esa especie de “laberinto” a que se hace referencia en la edición dominical del citado matutino. Lo que procede, es devolverle al Estado su papel que le corresponde en una democracia real, funcional y participativa.
jueves, 1 de diciembre de 2011
A media semana
Estado subsidiario, tecnocracia
y gestión pública
Con lo que a continuación expongo, concluyo lo escrito sobre algunos aspectos de nuestra historia más reciente (1954 – 2011), la prolongada crisis institucional que se desencadena con la intervención norteamericana a Guatemala y la sucesión gubernamental en el país, luego de la renuncia del Presidente Arbenz. A la etapa que se inicia en 1986, se le conoce como “transición democrática”.
La “transición democrática” es --a través de otros medios y otras formas-- la continuidad de juntas de gobierno, coroneles y generales golpistas y dictaduras militares. Distinto sería si los constituyentes de 1985 hubieran puesto punto final a ese pasado, acordado los cambios estructurales e institucionales que el país necesita y, constitucionalmente, legitimarlos. No fue así.
De las cuatro etapas, la primera es la de la sucesión de juntas militares y generales gobernantes. Se inicia en junio de 1954 y, con el golpe militar del 30 marzo de 1963, da paso a la de un gobierno civil “electo” y tres gobernantes militares impuestos fraudulentamente. El golpe militar del 23 de marzo de 1982, abre la de dos generales como jefes de Estado. Ésta, a partir de 1986, da inicio a la de seis presidentes civiles y un gobernante designado, también civil.
Como ya lo he referido, las votaciones del 2011 vienen a ser el último eslabón de la cadena de gobernantes civiles y esto es así porque la prolongada crisis institucional y de gobernabilidad está en su fase terminal y el sistema político, de votaciones y partidos se agotó. Un general en situación de retiro, encabezará la próxima administración.
Con los elementos de que se dispone sobre la situación nacional e internacional y los resultados del 6 de noviembre, habrá que intentar una aproximación al posible curso, desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos. Previo a ello, paso a referirme a dos cuestiones que anteriormente apenas esbocé o no abordé. Se trata del carácter subsidiario del Estado y el poder de la tecnocracia en la gestión pública.
El carácter subsidiario del Estado “legitima” su adelgazamiento y debilitamiento institucional y financiero. Su objetivo es quitarle, al propio Estado, el papel rector de la economía y que, para el cumplimiento de sus fines --cuando sea necesario--, pase a ser complementario de la iniciativa y la actividad privada. Así es como consta en el texto constitucional. (Párrafo tercero del Artículo 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
Además, cuando en la gestión pública lo que predomina es la concepción gerencial, el manejo de los asuntos de Estado resulta siendo como si se tratara de una empresa o un consorcio o la administración de una finca.
La tecnocracia, por su parte, subordina la gestión pública a lo que “consideren” los técnicos y la dirección, decisión e implementación que corresponde a quienes gobiernan, pasa a depender de lo que los técnicos “aconsejen, recomienden o sugieran”.
El adelgazamiento y complementariedad del Estado y la gestión gerencial y tecnocrática en el sector público, son parte de la estrategia urdida con el deliberado objetivo de que el poder político y gubernamental y los asuntos de Estado se manejen a conveniencia de la élite económica y patronal del país y el imperio más poderoso de la historia.
La responsabilidad de ello corresponde a quienes fraguaron y consumaron la intervención norteamericana, las juntas militares y dictaduras gobernantes que les sucedieron así como a los presidentes Cerezo, Serrano, De León Carpio, Arzú, Portillo, Berger y Colom. A los primeros, porque abrieron la puerta a semejantes relaciones de poder y contraproducente modelo de gestión y, a los segundos, porque le dan continuidad y profundizan.
En tales condiciones, resulta ilusorio hacerse a la idea de que a partir del 14 de enero se vayan a abandonar y hacer a un lado esas concepciones y prácticas desreguladoras y privatizadoras, subsidiarias y gerenciales, tecnócratas y burocráticas, de corte neoliberal.
Quienes van a gobernar, más los advenedizos que pasan a formar parte del gabinete y los tránsfugas que desde el Congreso los secundan, tampoco podrán romper con lo que limita y desnaturaliza el papel del Estado, despolitiza y suplanta la toma de decisiones, el ejercicio y dirección de la gestión pública e impide el avance, desarrollo y progreso del país.
A partir de 1954, el Estado y sus instituciones han estado al servicio del poder económico y patronal tradicional, la seguridad nacional y la diplomacia del gobierno de Estados Unidos, el capital bancario y financiero internacional y los grandes monopolios y transnacionales.
y gestión pública
Con lo que a continuación expongo, concluyo lo escrito sobre algunos aspectos de nuestra historia más reciente (1954 – 2011), la prolongada crisis institucional que se desencadena con la intervención norteamericana a Guatemala y la sucesión gubernamental en el país, luego de la renuncia del Presidente Arbenz. A la etapa que se inicia en 1986, se le conoce como “transición democrática”.
La “transición democrática” es --a través de otros medios y otras formas-- la continuidad de juntas de gobierno, coroneles y generales golpistas y dictaduras militares. Distinto sería si los constituyentes de 1985 hubieran puesto punto final a ese pasado, acordado los cambios estructurales e institucionales que el país necesita y, constitucionalmente, legitimarlos. No fue así.
De las cuatro etapas, la primera es la de la sucesión de juntas militares y generales gobernantes. Se inicia en junio de 1954 y, con el golpe militar del 30 marzo de 1963, da paso a la de un gobierno civil “electo” y tres gobernantes militares impuestos fraudulentamente. El golpe militar del 23 de marzo de 1982, abre la de dos generales como jefes de Estado. Ésta, a partir de 1986, da inicio a la de seis presidentes civiles y un gobernante designado, también civil.
Como ya lo he referido, las votaciones del 2011 vienen a ser el último eslabón de la cadena de gobernantes civiles y esto es así porque la prolongada crisis institucional y de gobernabilidad está en su fase terminal y el sistema político, de votaciones y partidos se agotó. Un general en situación de retiro, encabezará la próxima administración.
Con los elementos de que se dispone sobre la situación nacional e internacional y los resultados del 6 de noviembre, habrá que intentar una aproximación al posible curso, desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos. Previo a ello, paso a referirme a dos cuestiones que anteriormente apenas esbocé o no abordé. Se trata del carácter subsidiario del Estado y el poder de la tecnocracia en la gestión pública.
El carácter subsidiario del Estado “legitima” su adelgazamiento y debilitamiento institucional y financiero. Su objetivo es quitarle, al propio Estado, el papel rector de la economía y que, para el cumplimiento de sus fines --cuando sea necesario--, pase a ser complementario de la iniciativa y la actividad privada. Así es como consta en el texto constitucional. (Párrafo tercero del Artículo 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
Además, cuando en la gestión pública lo que predomina es la concepción gerencial, el manejo de los asuntos de Estado resulta siendo como si se tratara de una empresa o un consorcio o la administración de una finca.
La tecnocracia, por su parte, subordina la gestión pública a lo que “consideren” los técnicos y la dirección, decisión e implementación que corresponde a quienes gobiernan, pasa a depender de lo que los técnicos “aconsejen, recomienden o sugieran”.
El adelgazamiento y complementariedad del Estado y la gestión gerencial y tecnocrática en el sector público, son parte de la estrategia urdida con el deliberado objetivo de que el poder político y gubernamental y los asuntos de Estado se manejen a conveniencia de la élite económica y patronal del país y el imperio más poderoso de la historia.
La responsabilidad de ello corresponde a quienes fraguaron y consumaron la intervención norteamericana, las juntas militares y dictaduras gobernantes que les sucedieron así como a los presidentes Cerezo, Serrano, De León Carpio, Arzú, Portillo, Berger y Colom. A los primeros, porque abrieron la puerta a semejantes relaciones de poder y contraproducente modelo de gestión y, a los segundos, porque le dan continuidad y profundizan.
En tales condiciones, resulta ilusorio hacerse a la idea de que a partir del 14 de enero se vayan a abandonar y hacer a un lado esas concepciones y prácticas desreguladoras y privatizadoras, subsidiarias y gerenciales, tecnócratas y burocráticas, de corte neoliberal.
Quienes van a gobernar, más los advenedizos que pasan a formar parte del gabinete y los tránsfugas que desde el Congreso los secundan, tampoco podrán romper con lo que limita y desnaturaliza el papel del Estado, despolitiza y suplanta la toma de decisiones, el ejercicio y dirección de la gestión pública e impide el avance, desarrollo y progreso del país.
A partir de 1954, el Estado y sus instituciones han estado al servicio del poder económico y patronal tradicional, la seguridad nacional y la diplomacia del gobierno de Estados Unidos, el capital bancario y financiero internacional y los grandes monopolios y transnacionales.
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