A media semana

Lo que nos espera, a partir

del 14 de enero de 2012

Mañana es un día de especial significación e importancia histórica para nuestro país y para nuestro pueblo. Mañana, 20 de octubre de 2011, se estará conmemorando el 67 aniversario de la más trascendental hazaña cívico militar que depuso al continuismo ubiquista e institucionalizó cambios económicos, políticos y sociales como nunca antes había acontecido en Guatemala

El proceso revolucionario iniciado la madrugada del 20 de octubre de 1944 no tiene precedentes. No es el caso de enumerar las conquistas alcanzadas por la población guatemalteca en aquél período. El espacio no lo permite, pero lo que sí permite es agregar que es un proceso que, en tanto que fue violentamente interrumpido por la invasión mercenaria de junio de 1954, sigue vigente y que ya vendrá el momento de darle paso a su continuidad de acuerdo a la situación y condiciones prevalecientes en lo nacional y en lo internacional.

La situación actual del país es resultado de lo que empezó a partir del 27 de junio de 1954 y la sucesiva acumulación y reproducción de problemas económicos, políticos y sociales que no han sido resueltos. La responsabilidad corresponde por entero a quienes lo han gobernado, las potentadas élites patronales tradicionales y la dependencia del imperio del norte. Lo más grave es que ese cúmulo de problemas no resueltos se han agravado y agudizado cada vez más.

La explicación (más no su justificación), no es difícil. Basta con pasar revista a la institucionalidad en que se asienta la razón de ser del Estado y sus autoridades, los intereses y a conveniencia de quienes se “legitima” y a quienes sirve y tutela.

El Estado guatemalteco a partir de junio de 1954 se institucionalizó en interés y a conveniencia de la intervención norteamericana. Así se deduce del contenido y forma en que se emite la Constitución de 1956.

Luego del golpe militar que depuso a Ydígoras Fuentes, en la Constitución de 1965 se le da continuidad a aquella dependencia a la vez que se sientan las bases para la institucionalización de la contrainsurgencia como política de Estado. Esta pasa a ser la política a la que corresponden gobernantes como Arana Osorio, Laugerud García, Lucas García y quienes se suceden en el mando a raíz de los golpes militares de 1962 y 1963, respectivamente.

La Constitución actualmente vigente viene a ser, a su vez e igualmente, la continuación de la contrainsurgencia como política de Estado y de prolongación de la dependencia al amo imperial a través de políticas de corte neoliberal. Es ello lo que obstaculiza e impide que el país salga del atolladero en que se le ha ido sumiendo en forma por demás impune, inmoral y perversa. Es lo que caracteriza el período que se le ha dado en llamar de transición a la democracia dizque inaugurado en 1985.

Dicho lo más brevemente posible, la “transición a la democracia” en Guatemala es la prolongación de la intervención estadounidense de junio de 1954 y la continuación de la contrainsurgencia como política de Estado, en ambos casos, repito, a través de otros medios y de otras formas.

Y si es así como hasta ahora están las cosas, no es difícil presupuestar lo que nos espera a partir del 14 de enero.

Quienes estén enterados, hayan visto o escuchado el llamado “Gran Debate Presidencial” convocado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, puede que tengan ya una idea más aproximada de lo que en realidad representan y son los dos presidenciables actualmente en contienda.

Desde el momento en que el presidente de la AGG abrió “el evento” ya se podía advertir hacia quien se proponían favorecer sus convocantes y patrocinadores. Las cosas, sin embargo, no les salieron como lo esperaban. El evento no fue un debate entre dos presidenciables. Fue una comparecencia pública irresponsable y una falta de respeto a sus posibles votantes, al pueblo y al país que pretenden gobernar.

Ambos candidatos quedaron muy lejos de demostrar su capacidad y condiciones para debatir a fondo sobre las más importantes cuestiones de la situación nacional y proponer algo que pudiera servir para empezar a resolver los serios y graves problemas acumulados y que agobian a la mayoría de la población.

Lo que se pudo ver a través de la televisión, no me parece que haya ocurrido antes. Lo que queda es que de algo habrá de servir para que el pueblo tome conciencia y se compenetre de los riesgos que supone que uno u otro de los dos contendientes llegue a gobernar.

En tales condiciones, los votos nulos y los votos en blanco pasan a ser la expresión de rechazo a los dos presidenciables, de indignación social y popular y, en cierta forma, de desobediencia civil y objeción de conciencia ante lo que moralmente y por convicción es inaceptable. La no concurrencia a las urnas (por las razones que sean), también lo es.

En todo caso y, sin ninguna duda, quede quien quede, las cosas tenderán a ir de mal en peor.