A media semana

Del ya agotado sistema de votaciones
a la alternativa real de poder


Al día de hoy, todo indica que ya está “definido” el cuadro de candidaturas presidenciales para el 11 de septiembre. Con el actual sistema de votaciones y partidos, no cabe presupuestar una real y verdadera alternabilidad gubernamental, el ejercicio pleno del derecho al voto y a elegir. Quede quien quede como presidente de la República, las cosas seguirán igual o tenderán a empeorar aún más.

De ninguno de los diez “presidenciables” es posible esperar que algo vaya a poder hacer en bien de la población. Será la continuidad de lo que se institucionalizó en 1985 y cuya responsabilidad corresponde al gobierno de facto del golpista Mejía Víctores, a los constituyentes de entonces, al poder económico patronal tradicional y quienes se han sucedido en la gestión gubernamental durante los últimos 25 años.

Lo que ahora está más claro, es que el ordenamiento constitucional no sólo puede ser vulnerado por quienes desde el poder ejecutivo se consideran superiores a la ley, sino, además, por quienes tienen a su cargo la aplicación de la justicia y cohonestan la impunidad, por quienes legislan en función de intereses personales o partidistas o por quienes están llamados a velar porque la ley suprema del país se aplique y cumpla de acuerdo a la letra y su espíritu y no a conveniencias coyunturales. Ya no se necesita que a quienes así conviene tengan que ir a tocar las puertas de los cuarteles. Ahora, esto se da a través de otras formas y otros medios no menos reprobables y tramposos.

Quienes a partir del 27 de junio de 1954 han ocupado cargos públicos cargan con la responsabilidad de haber hecho de nuestro país y del Estado y sus instituciones, un país sin futuro y atrasado, dominado y dependiente, y un Estado débil, institucional y financieramente, y de sus instituciones y dependencias unas instituciones y dependencias penetradas por los poderes paralelos. De ahí que lo que ahora está sucediendo sea la cresta de la prolongada crisis general que nos tiene al borde del caos y la debacle económica, política, social e institucional.

Esta cuestión se podría abordar en otros términos si se estuviera en presencia de una democracia real, funcional y participativa. Más, ante lo que se está ahora son los coletazos de la democracia formal que para lo único que sirve es para que el ejercicio del voto sea una mera formalidad al igual que tan formales han sido las seis votaciones que han tenido lugar últimamente. El sistema de votaciones y partidos actual a los que sirve y beneficia, es a quienes desde hace 57 años usurpan y detentan el poder real; es decir, la rancia oligarquía patronal de siempre, los intereses neo colonizadores e intervencionistas y de ocupación del imperio, el capital bancario y financiero internacional y las multinacionales del mercadeo y consumismo.

Quien asuma el gobierno el 14 de enero, es a ellos a quienes continuará sirviendo y a quien seguirán utilizando en su propio interés, beneficio y conveniencia. En ese cuadro, nada puede cambiar. Es imposible visualizarlo de otra manera.

El 11 de septiembre, el electorado guatemalteco tendrá una vez más la oportunidad de repetir lo que ritualmente viene haciendo cada cuatro años y que no es otra cosa que limitarse a escoger a un presidente y vicepresidente de la República, 127 diputados distritales y 31 por lista nacional, a los 20 diputados al PARLACEN y sus suplentes, así como a los alcaldes, síndicos y concejales de las 333 corporaciones municipales del país.

El padrón electoral actual asciende a 7 millones 340 mil 821 ciudadanos. Por lo acontecido en ocasiones anteriores, cabe estimar que sólo asista a las urnas no más del 50 por ciento de los empadronados y que a esa elevada abstención haya que sumar a quienes votarán en blanco o anularán su voto, así como al grueso segmento de la población mayor de 18 años que no alcanzó a empadronarse o no quiso hacerlo.

Es esto lo que deslegitima y cuestiona el proceso electoral, pese a que el constituyente no le reconozca ni de validez a ese comportamiento ciudadano y que viene a constituirse en la expresión más alta de rechazo a un sistema político y de partidos carente de representatividad, validez y legitimidad institucional.

En las actuales condiciones, al movimiento social y popular, democrático y progresista, corresponde trabajar, organizarse y unirse en torno a la alternativa real, funcional, participativa y de poder al sistema político, de votaciones y partidos que violentamente se instauró el 27 de junio de 1954 y se prolongó y dio continuidad en 1956, 1965 y 1985.