A media semana

En conclusión, 56 años
institucionalmente perdidos



Apenas si quedan dos días y medio para que termine el año. Después del asueto y los consumistas festejos de Noche Buena y Navidad, en los periódicos de la mañana y en este único vespertino que se publica en nuestra ciudad capital, han empezado a publicarse las tan esperadas noticias y fotos más destacadas del año, así como los suplementos, comentarios y balances de lo que aconteció en el país en el 2010 y en otras partes del mundo.

Ojalá que hubiera quienes se refirieran a las causas de lo que más se destaca, fijaran y definieran posición ante su naturaleza y carácter, no se quedaran en lo que son sus manifestaciones externas y la mera descripción cronológica y descontextualizada, plantearan propuestas realistas, objetivas, audaces y posibles y, sobre todo, que hablaran de sus antecedentes cercanos y lejanos

Entiendo que ello equivale a, como se dice, pedirle peras al olmo.
La realidad, la situación y condiciones imperantes no van a cambiar si se continúa magnificando el egoísmo y la codicia, la mezquindad y la avaricia. Nada va a cambiar, tampoco, si lo que se privilegia y absolutiza son los derechos del individuo sobre los de la colectividad; si la discriminación, el racismo y la exclusión social, se ponen por encima de la inclusión, la igualdad y la equidad.

Las cosas no van a cambiar, además, si lo malo que nos está pasando se limita a atribuirlo a la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el manejo abusivo y discrecional de los bienes y recursos del Estado, mientras se ignora o nada se dice de la responsabilidad de quienes acaparan los bienes y recursos de propiedad privada, y la de los verdaderos dueños del comercio, la industria, los servicios, la construcción, la agroexportación y el sector bancario y financiero, todo, en su conjunto, cada vez más en manos del capital transnacional y los monopolios extranjeros.

En una cuestión como ésta, es imposible ignorar que lo que predominen sean las posiciones y opiniones de quienes defienden el statu quo, de quienes dicen que hay que cambiar para que todo siga igual, y lo que sostienen los neo e independientes y bien portados libre pensadores y los centros privados de investigación, estudios y análisis.

Respecto a lo institucional, en mi artículo de la semana pasada me referí a que ni jurídicamente ni de hecho se puede hablar de un vacío institucional en el país. Lo que ahora agrego es que la interrupción violenta del proceso democrático y popular, social y progresista en junio de 1954, inviabiliza cualquier propósito por restablecer el orden constitucional a lo largo de estos 56 años más recientes.

Cabe agregar, además, que a partir de la transición a la democracia los gobernantes civiles (Vinicio Cerezo Arévalo, 1986 – 1990; Jorge Serrano Elías, 1990 – 1993; Ramiro De León Carpio, 1993 – 1996; Álvaro Arzú Irigoyen, 1996 – 2000; Alfonso Portillo Cabera, 2000 – 2004; Óscar Berger, 2004 – 2008, y el presidente actual), vienen a ser la continuidad de los gobiernos militares de antes y que, tampoco, han intentado romper el poder de dominación del capital oligárquico local y extranjero ni su sujeción y dependencia a las políticas del imperio más poderoso de la historia.

En consecuencia y a manera de conclusión, hay que decir que estos 24 años recientes más los 32 anteriores son, en lo institucional, 56 años perdidos y que la prolongada crisis afecta y abarca a los tres poderes del Estado, instituciones, dependencias y entidades autónomas y semiautónomas y, en general, a la estructura gubernamental y administrativa.

Empezando de allí, quizá sea más posible explicar e interpretar lo que pasa ahora en nuestro país y plantear el camino a seguir a fin de, institucional y legítimamente, refundar el Estado, la República, el País, y la Nación guatemalteca.

Y, en tanto que estamos a 14 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y a dos días y medio que comience la segunda década de este siglo y mi segundo hijo, Espartaco, cumpla un año más de provechosa y fructífera vida, lo que me propongo es trabajar y seguir luchando porque lo que pudo empezar el 29 de diciembre de 1996 se retome y concrete en profundos cambios estructurales e institucionales, para bien de nuestro pueblo y nuestro país.

Es ésta, en mi opinión, la única vía a transitar a fin de empezar a salir del atolladero en que se tiene a Guatemala desde el 27 de junio de 1954. De no ser así, realista y objetivamente hablando, lo que nos espera son unos años más institucionalmente perdidos, que todo siga igual o, quién sabe si no, peor.