A media semana

La segunda fase de

la crisis

El conocimiento del pasado --en este caso, lo que acontece en lo institucional a partir de junio de 1954--, su interpretación y explicación, es la mejor herramienta de estudio de que se dispone a fin de sistematizar y darle seguimiento a lo que ocurre ahora y prever el probable desenvolvimiento y desarrollo de los acontecimientos. Hace posible, además, que el trabajo teórico y la práctica revolucionaria se enriquezcan y renoven, avancen y profundicen.

La historia no es la mera narración de hechos y fechas. Abstenerse de explicar e interpretar nuestro pasado más reciente, en su contexto y entorno, y no fijar y definir posición, no es metodológicamente el camino a seguir. Tampoco es serio ni lógico ver el pasado como se quisiera que hubiera sido y no como en realidad ocurrió ni el momento y condiciones entonces imperantes.

El Colectivo de Estudio de la Historia Manuel Galich es de la opinión que “se trata de ir más allá de los hechos y fechas puntuales… analizar los hechos que han dado origen a determinados contextos históricos…, adquirir un compromiso serio con el aprendizaje… y ser un agente de cambio en una sociedad…” y en la solución de “los problemas del diario acontecer”.

Es esto lo que he tratado de sistematizar en cinco de mis artículos más recientes y continúo con el actual aunque en el anterior apenas si me alcanzó el espacio para cubrir la primera de las tres fases de la crisis institucional continuada que se desencadena en junio de 1954, no tiene visos de paliarse y, menos, de resolverse.

Con el golpe militar del 30 de marzo de 1963 se rompe, una vez más, el orden constitucional que se intentó infructuosamente restaurar con la emisión el 1 de marzo de 1956 de la Constitución de la República. Bajo el régimen de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia se convocó a una Asamblea Constituyente y a votaciones generales. La Constituyente así electa emitió la Constitución del cinco de mayo de 1966.

En los comicios, resultó más votado el licenciado Julio César Méndez Montenegro, quien asumió el cargo el 1 de julio de 1966, luego de firmar un pacto con el que la cúpula militar gobernante garantizó el continuismo castrense con la fachada de un gobernante civil que, a su vez, marcó el tránsito a una sucesión de tres gobernantes militares fraudulentamente impuestos y el comienzo de la privatización de la enseñanza superior.

En aquellas condiciones, asume el cargo el general Carlos Manuel Arana Osorio (1 de julio de 1979 – 1 de julio de 1974). Le sucede, el también general Kjell Eugenio Laugerud García (1 de julio de 1974 – 1 de julio de 1978).

El 1 de julio de 1978 toma posesión del cargo el general Romeo Lucas García que, al ser depuesto el 23 de marzo de 1982 por el golpe militar de los jóvenes oficiales, pone término al período de tres sucesivos generales gobernantes, se instala en el poder una junta militar compuesta por otros dos generales, Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Schaad, y el coronel Francisco Luis Gordillo.

El general Ríos Montt hace a un lado a Maldonado Schaad y a Gordillo. Dura en su gestión hasta el 8 de agosto de 1983. Es derrocado por el general Oscar Mejía Víctores quien asume el cargo como jefe de Estado y que, al ser sustituido el 14 de enero de 1986 por un gobernante civil --luego de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1986--, se dice que concluyen los gobiernos militares de fuerza y se inicia la apertura democrática.

Los 23 años de esta segunda fase tienen en común la hegemonía y sucesión de camarillas militares conservadoras y reaccionarias a las que el poder económico y el imperialismo estadounidense encargan la gestión pública y el manejo de la crisis desde posiciones de fuerza.

Además, un fenómeno hasta entonces larvado sale a flote: el enriquecimiento de los Arana Osorio, los Lucas García, los Mejía Víctores y sus allegados y la concentración y acumulación de riqueza y privilegios a favor del capital tradicional y oligárquico.

Desde entonces, la gestión gubernamental queda atada aún más al interés y conveniencia del poder militar y empresarial y a los de la Casa Blanca y su seguridad nacional. A nuestro pueblo se le hace víctima de la represión y persecución gubernamental y del terror y la contrainsurgencia como políticas de Estado.

En esas condiciones, el 7 de febrero de 1982 la izquierda en armas publica la proclama de constitución de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) como parte y resultado del avance y profundización de la lucha popular y progresista.