En conclusión, 56 años
institucionalmente perdidos
Apenas si quedan dos días y medio para que termine el año. Después del asueto y los consumistas festejos de Noche Buena y Navidad, en los periódicos de la mañana y en este único vespertino que se publica en nuestra ciudad capital, han empezado a publicarse las tan esperadas noticias y fotos más destacadas del año, así como los suplementos, comentarios y balances de lo que aconteció en el país en el 2010 y en otras partes del mundo.
Ojalá que hubiera quienes se refirieran a las causas de lo que más se destaca, fijaran y definieran posición ante su naturaleza y carácter, no se quedaran en lo que son sus manifestaciones externas y la mera descripción cronológica y descontextualizada, plantearan propuestas realistas, objetivas, audaces y posibles y, sobre todo, que hablaran de sus antecedentes cercanos y lejanos
Entiendo que ello equivale a, como se dice, pedirle peras al olmo.
La realidad, la situación y condiciones imperantes no van a cambiar si se continúa magnificando el egoísmo y la codicia, la mezquindad y la avaricia. Nada va a cambiar, tampoco, si lo que se privilegia y absolutiza son los derechos del individuo sobre los de la colectividad; si la discriminación, el racismo y la exclusión social, se ponen por encima de la inclusión, la igualdad y la equidad.
Las cosas no van a cambiar, además, si lo malo que nos está pasando se limita a atribuirlo a la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el manejo abusivo y discrecional de los bienes y recursos del Estado, mientras se ignora o nada se dice de la responsabilidad de quienes acaparan los bienes y recursos de propiedad privada, y la de los verdaderos dueños del comercio, la industria, los servicios, la construcción, la agroexportación y el sector bancario y financiero, todo, en su conjunto, cada vez más en manos del capital transnacional y los monopolios extranjeros.
En una cuestión como ésta, es imposible ignorar que lo que predominen sean las posiciones y opiniones de quienes defienden el statu quo, de quienes dicen que hay que cambiar para que todo siga igual, y lo que sostienen los neo e independientes y bien portados libre pensadores y los centros privados de investigación, estudios y análisis.
Respecto a lo institucional, en mi artículo de la semana pasada me referí a que ni jurídicamente ni de hecho se puede hablar de un vacío institucional en el país. Lo que ahora agrego es que la interrupción violenta del proceso democrático y popular, social y progresista en junio de 1954, inviabiliza cualquier propósito por restablecer el orden constitucional a lo largo de estos 56 años más recientes.
Cabe agregar, además, que a partir de la transición a la democracia los gobernantes civiles (Vinicio Cerezo Arévalo, 1986 – 1990; Jorge Serrano Elías, 1990 – 1993; Ramiro De León Carpio, 1993 – 1996; Álvaro Arzú Irigoyen, 1996 – 2000; Alfonso Portillo Cabera, 2000 – 2004; Óscar Berger, 2004 – 2008, y el presidente actual), vienen a ser la continuidad de los gobiernos militares de antes y que, tampoco, han intentado romper el poder de dominación del capital oligárquico local y extranjero ni su sujeción y dependencia a las políticas del imperio más poderoso de la historia.
En consecuencia y a manera de conclusión, hay que decir que estos 24 años recientes más los 32 anteriores son, en lo institucional, 56 años perdidos y que la prolongada crisis afecta y abarca a los tres poderes del Estado, instituciones, dependencias y entidades autónomas y semiautónomas y, en general, a la estructura gubernamental y administrativa.
Empezando de allí, quizá sea más posible explicar e interpretar lo que pasa ahora en nuestro país y plantear el camino a seguir a fin de, institucional y legítimamente, refundar el Estado, la República, el País, y la Nación guatemalteca.
Y, en tanto que estamos a 14 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y a dos días y medio que comience la segunda década de este siglo y mi segundo hijo, Espartaco, cumpla un año más de provechosa y fructífera vida, lo que me propongo es trabajar y seguir luchando porque lo que pudo empezar el 29 de diciembre de 1996 se retome y concrete en profundos cambios estructurales e institucionales, para bien de nuestro pueblo y nuestro país.
Es ésta, en mi opinión, la única vía a transitar a fin de empezar a salir del atolladero en que se tiene a Guatemala desde el 27 de junio de 1954. De no ser así, realista y objetivamente hablando, lo que nos espera son unos años más institucionalmente perdidos, que todo siga igual o, quién sabe si no, peor.
jueves, 30 de diciembre de 2010
miércoles, 15 de diciembre de 2010
A media semana
La segunda fase de
la crisis
El conocimiento del pasado --en este caso, lo que acontece en lo institucional a partir de junio de 1954--, su interpretación y explicación, es la mejor herramienta de estudio de que se dispone a fin de sistematizar y darle seguimiento a lo que ocurre ahora y prever el probable desenvolvimiento y desarrollo de los acontecimientos. Hace posible, además, que el trabajo teórico y la práctica revolucionaria se enriquezcan y renoven, avancen y profundicen.
La historia no es la mera narración de hechos y fechas. Abstenerse de explicar e interpretar nuestro pasado más reciente, en su contexto y entorno, y no fijar y definir posición, no es metodológicamente el camino a seguir. Tampoco es serio ni lógico ver el pasado como se quisiera que hubiera sido y no como en realidad ocurrió ni el momento y condiciones entonces imperantes.
El Colectivo de Estudio de la Historia Manuel Galich es de la opinión que “se trata de ir más allá de los hechos y fechas puntuales… analizar los hechos que han dado origen a determinados contextos históricos…, adquirir un compromiso serio con el aprendizaje… y ser un agente de cambio en una sociedad…” y en la solución de “los problemas del diario acontecer”.
Es esto lo que he tratado de sistematizar en cinco de mis artículos más recientes y continúo con el actual aunque en el anterior apenas si me alcanzó el espacio para cubrir la primera de las tres fases de la crisis institucional continuada que se desencadena en junio de 1954, no tiene visos de paliarse y, menos, de resolverse.
Con el golpe militar del 30 de marzo de 1963 se rompe, una vez más, el orden constitucional que se intentó infructuosamente restaurar con la emisión el 1 de marzo de 1956 de la Constitución de la República. Bajo el régimen de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia se convocó a una Asamblea Constituyente y a votaciones generales. La Constituyente así electa emitió la Constitución del cinco de mayo de 1966.
En los comicios, resultó más votado el licenciado Julio César Méndez Montenegro, quien asumió el cargo el 1 de julio de 1966, luego de firmar un pacto con el que la cúpula militar gobernante garantizó el continuismo castrense con la fachada de un gobernante civil que, a su vez, marcó el tránsito a una sucesión de tres gobernantes militares fraudulentamente impuestos y el comienzo de la privatización de la enseñanza superior.
En aquellas condiciones, asume el cargo el general Carlos Manuel Arana Osorio (1 de julio de 1979 – 1 de julio de 1974). Le sucede, el también general Kjell Eugenio Laugerud García (1 de julio de 1974 – 1 de julio de 1978).
El 1 de julio de 1978 toma posesión del cargo el general Romeo Lucas García que, al ser depuesto el 23 de marzo de 1982 por el golpe militar de los jóvenes oficiales, pone término al período de tres sucesivos generales gobernantes, se instala en el poder una junta militar compuesta por otros dos generales, Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Schaad, y el coronel Francisco Luis Gordillo.
El general Ríos Montt hace a un lado a Maldonado Schaad y a Gordillo. Dura en su gestión hasta el 8 de agosto de 1983. Es derrocado por el general Oscar Mejía Víctores quien asume el cargo como jefe de Estado y que, al ser sustituido el 14 de enero de 1986 por un gobernante civil --luego de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1986--, se dice que concluyen los gobiernos militares de fuerza y se inicia la apertura democrática.
Los 23 años de esta segunda fase tienen en común la hegemonía y sucesión de camarillas militares conservadoras y reaccionarias a las que el poder económico y el imperialismo estadounidense encargan la gestión pública y el manejo de la crisis desde posiciones de fuerza.
Además, un fenómeno hasta entonces larvado sale a flote: el enriquecimiento de los Arana Osorio, los Lucas García, los Mejía Víctores y sus allegados y la concentración y acumulación de riqueza y privilegios a favor del capital tradicional y oligárquico.
Desde entonces, la gestión gubernamental queda atada aún más al interés y conveniencia del poder militar y empresarial y a los de la Casa Blanca y su seguridad nacional. A nuestro pueblo se le hace víctima de la represión y persecución gubernamental y del terror y la contrainsurgencia como políticas de Estado.
En esas condiciones, el 7 de febrero de 1982 la izquierda en armas publica la proclama de constitución de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) como parte y resultado del avance y profundización de la lucha popular y progresista.
sábado, 11 de diciembre de 2010
A media semana
Desencadenamiento de una
crisis institucional continuada
Poco o casi nada es lo que diferencia a la mayoría de los gobernantes que a lo largo de 56 años de nuestra historia institucional reciente han usurpado el ejercicio del poder político y a los que se dice que lo han hecho en forma legítima. Su naturaleza y carácter le son comunes y, por su origen, en cierta forma, también.
Doctrinariamente, hay quienes consideran que los gobiernos de facto son los que emanan de un acto de fuerza o de una elección fraudulenta. Mucho se discute acerca de la diferencia entre gobernantes que usurpan la gestión pública y quienes la detentan. En lo que se coincide es que usurpa quien gobierna mediante el uso de la fuerza y lo detenta quien lo hace en violación a la ley.
En consecuencia, es ilegítimo tanto el gobierno que usurpa el poder como quien lo detenta.
De acuerdo a lo que así se plantea, en nuestro caso, la gestión pública se caracteriza por la sucesión de gobernantes, en un primer momento, que son resultado de la intervención extranjera; y, después, por los golpes de Estado encabezados por militares o gobernantes castrenses impuestos mediante votaciones fraudulentas.
La llamada transición a la democracia, por su origen, naturaleza y carácter, es una ficción institucional.
A partir de la intervención norteamericana de 1954, el poder político en Guatemala, en un período de dos meses y once días (27 de junio - 8 de septiembre de 1954), fue usurpado por un gobernante en quien depositó el poder el Presidente Arbenz Guzmán a raíz de su renuncia y por cuatro sucesivas juntas militares resultado y consecuencia de contradicciones entre la camarilla de militares traidores de las fuerzas armadas y los cabecillas de las tropas mercenarias invasoras.
Por instrucciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la embajada estadounidense y, más concretamente el embajador, John E. Peurifoy, era el que decidía y ordenaba a quienes poner y a quienes sacar de esas sucesivas cuatro juntas militares de gobierno.
El coronel Carlos Enrique Díaz, en quien el Presidente Arbenz confió los destinos del país, duró en su gestión un solo día. El 28 de junio, por presiones del embajador Peurifoy, pasó a formar parte de la primera junta militar de gobierno integrada por otros dos coroneles (José Ángel Sánchez y Élfego H. Monzón). Dos días después, el 30 de junio de 1954, fue sustituida por una segunda junta castrense constituida, también, por tres coroneles (Élfego H. Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois). Usurpó el mando por cuatro días.
Del 3 al 7 de julio, detentó el poder una tercera junta militar de gobierno de la que pasaron a formar parte cinco coroneles (Carlos Castillo Armas, Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, Élfego H. Monzón y José Luis Cruz Salazar). Una cuarta junta de tres coroneles (Castillo Armas, que la presidió, Élfego H. Monzón y Enrique Trinidad Oliva) sustituyó a la anterior y detentó el gobierno del 7 de julio al 8 de septiembre de 1954.
A partir del 8 de septiembre de 1954 usurpó y detentó el poder político el coronel Carlos Castillo Armas, un gobernante impuesto mediante plebiscito a viva voz sancionado por la Asamblea Constituyente. El 26 de julio de 1957 fue asesinado en Casa Presidencial.
El 27 de julio de 1957 le sucedió en el cargo, en forma provisional, el licenciado Luis Arturo González López. En un intento por salir de la crisis institucional y de gobierno y a raíz de las fraudulentas elecciones mediante las que el oficialismo pretendió imponer a su candidato y como consecuencia de las movilizaciones conocidas como de las bicicletas, González López fue destituido el 24 de octubre de 1957 y se integró una junta militar de tres coroneles (Oscar Mendoza Azurdia, Roberto Lorenzana Salazar y Gonzalo Yurrita Nova).
A esta igualmente efímera junta (detentó el poder durante sólo tres días), se le obligó a entregar el gobierno al coronel Guillermo Flores Avendaño en su condición de designado a la presidencia. Flores Avendaño usurpó el cargo del 27 de octubre de 1954 al 2 de marzo de 1958. Convocó a elecciones en las que resultó electo el general Miguel Ydígoras Fuentes. Ydígoras Fuentes ejerció el cargo del 3 de marzo de 1958 al 30 de marzo de 1963. Fue depuesto por un golpe militar.
Inmediatamente después del golpe militar del 30 de marzo de 1963, se inicia el siguiente período de la crisis institucional continuada para, enseguida, el 14 de enero de 1986, dar paso al que se prolonga hasta hoy. A uno y a otro, me referiré el miércoles de la próxima semana.
crisis institucional continuada
Poco o casi nada es lo que diferencia a la mayoría de los gobernantes que a lo largo de 56 años de nuestra historia institucional reciente han usurpado el ejercicio del poder político y a los que se dice que lo han hecho en forma legítima. Su naturaleza y carácter le son comunes y, por su origen, en cierta forma, también.
Doctrinariamente, hay quienes consideran que los gobiernos de facto son los que emanan de un acto de fuerza o de una elección fraudulenta. Mucho se discute acerca de la diferencia entre gobernantes que usurpan la gestión pública y quienes la detentan. En lo que se coincide es que usurpa quien gobierna mediante el uso de la fuerza y lo detenta quien lo hace en violación a la ley.
En consecuencia, es ilegítimo tanto el gobierno que usurpa el poder como quien lo detenta.
De acuerdo a lo que así se plantea, en nuestro caso, la gestión pública se caracteriza por la sucesión de gobernantes, en un primer momento, que son resultado de la intervención extranjera; y, después, por los golpes de Estado encabezados por militares o gobernantes castrenses impuestos mediante votaciones fraudulentas.
La llamada transición a la democracia, por su origen, naturaleza y carácter, es una ficción institucional.
A partir de la intervención norteamericana de 1954, el poder político en Guatemala, en un período de dos meses y once días (27 de junio - 8 de septiembre de 1954), fue usurpado por un gobernante en quien depositó el poder el Presidente Arbenz Guzmán a raíz de su renuncia y por cuatro sucesivas juntas militares resultado y consecuencia de contradicciones entre la camarilla de militares traidores de las fuerzas armadas y los cabecillas de las tropas mercenarias invasoras.
Por instrucciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la embajada estadounidense y, más concretamente el embajador, John E. Peurifoy, era el que decidía y ordenaba a quienes poner y a quienes sacar de esas sucesivas cuatro juntas militares de gobierno.
El coronel Carlos Enrique Díaz, en quien el Presidente Arbenz confió los destinos del país, duró en su gestión un solo día. El 28 de junio, por presiones del embajador Peurifoy, pasó a formar parte de la primera junta militar de gobierno integrada por otros dos coroneles (José Ángel Sánchez y Élfego H. Monzón). Dos días después, el 30 de junio de 1954, fue sustituida por una segunda junta castrense constituida, también, por tres coroneles (Élfego H. Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois). Usurpó el mando por cuatro días.
Del 3 al 7 de julio, detentó el poder una tercera junta militar de gobierno de la que pasaron a formar parte cinco coroneles (Carlos Castillo Armas, Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, Élfego H. Monzón y José Luis Cruz Salazar). Una cuarta junta de tres coroneles (Castillo Armas, que la presidió, Élfego H. Monzón y Enrique Trinidad Oliva) sustituyó a la anterior y detentó el gobierno del 7 de julio al 8 de septiembre de 1954.
A partir del 8 de septiembre de 1954 usurpó y detentó el poder político el coronel Carlos Castillo Armas, un gobernante impuesto mediante plebiscito a viva voz sancionado por la Asamblea Constituyente. El 26 de julio de 1957 fue asesinado en Casa Presidencial.
El 27 de julio de 1957 le sucedió en el cargo, en forma provisional, el licenciado Luis Arturo González López. En un intento por salir de la crisis institucional y de gobierno y a raíz de las fraudulentas elecciones mediante las que el oficialismo pretendió imponer a su candidato y como consecuencia de las movilizaciones conocidas como de las bicicletas, González López fue destituido el 24 de octubre de 1957 y se integró una junta militar de tres coroneles (Oscar Mendoza Azurdia, Roberto Lorenzana Salazar y Gonzalo Yurrita Nova).
A esta igualmente efímera junta (detentó el poder durante sólo tres días), se le obligó a entregar el gobierno al coronel Guillermo Flores Avendaño en su condición de designado a la presidencia. Flores Avendaño usurpó el cargo del 27 de octubre de 1954 al 2 de marzo de 1958. Convocó a elecciones en las que resultó electo el general Miguel Ydígoras Fuentes. Ydígoras Fuentes ejerció el cargo del 3 de marzo de 1958 al 30 de marzo de 1963. Fue depuesto por un golpe militar.
Inmediatamente después del golpe militar del 30 de marzo de 1963, se inicia el siguiente período de la crisis institucional continuada para, enseguida, el 14 de enero de 1986, dar paso al que se prolonga hasta hoy. A uno y a otro, me referiré el miércoles de la próxima semana.
miércoles, 1 de diciembre de 2010
A media semana
Intervención extranjera
y usurpación del poder político
En esta oportunidad abordaré --como parte de lo ya expuesto en los tres artículos anteriores--, lo referente a la doctrina y estrategia concertada en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, me referiré al control, ejercicio y usurpación del poder político en nuestro país, así como, en ambos caos, a las tres etapas y los cinco eslabones de su institucionalización e implementación.
Al final, algo empezaré a decir respecto al estado y situación de la lucha social y popular, revolucionaria y progresista en nuestro país, así como a sus tareas en el momento actual.
A partir de la intervención norteamericana, tres son las etapas y cinco los eslabones de la institucionalización e implementación de la doctrina y estrategia en cuestión. La primera, se inicia en junio de 1954. Ésta da paso a la segunda que, a su vez, comienza, continúa y se prolonga de marzo de 1963 a enero de 1986. En enero de 1986 se inicia la tercera, como continuación de las que le anteceden, y se prolonga hasta hoy.
Sus cinco eslabones son: intervención extranjera, anticomunismo, terrorismo de Estado, contrainsurgencia y apertura política o, también llamada, transición democrática.
Las etapas y los eslabones son parte del engranaje que, en su desarrollo y desenvolvimiento, corresponden a la situación y condiciones imperantes en momentos muy concretos y a contradicciones y problemas no resueltos.
Las etapas están bien definidas y ubicadas en el tiempo. La primera, dura 9 años; la segunda, 24; y, la tercera, que se inicia en 1986, se prolonga hasta hoy. Los eslabones, por el contrario, se traslapan y entrecruzan o son la continuación de los que les anteceden y anticipo a los que les suceden.
El terrorismo de Estado y la contrainsurgencia (el tercero y cuarto eslabón) se empiezan a definir y convenir simultáneamente al predominio del anticomunismo y el intervencionismo estadounidense (el primero y segundo eslabón). Su institucionalización e implementación es, a su vez, prolongación del anticomunismo y la intervención extranjera.
La llamada apertura política (el quinto eslabón) viene a ser la continuidad, a través de otros medios y otras formas, del terrorismo de Estado, la contrainsurgencia y la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos.
El anticomunismo se desinstitucionalizó en 1985. Sin embargo, no deja de haber intolerancia y sectarismo, estigmatización y prejuicios ante cualquier forma de pensar y opinar, actuar y proceder de las fuerzas y movimientos populares y sociales, y personalidades, intelectuales y sectores progresistas.
Puede decirse, entonces, que lo que caracteriza y predomina durante las dos ya referidas primeras etapas (1954 – 1963, 1963 – 1986), son los golpes militares, las rupturas del orden constitucional, la tan sui géneris continuidad gubernamental, la violencia organizada, los escuadrones de la muerte, las patrullas de autodefensa civil y los comisionados militares, los secuestros y desapariciones forzadas, el genocidio y las aldeas arrasadas.
Durante la tercera etapa (1986 a la fecha), lo que predomina, como continuidad de las dos anteriores, son las estructuras clandestinas y grupos paralelos de represión y limpieza social, políticas de exterminio y ejecuciones extrajudiciales, ajustes de cuentas y sicariato, acciones encubiertas, exclusión social y segregación, racismo y discriminación, abusos y arbitrariedades, impunidad y corrupción, despotismo y tráfico de influencias.
En este marco, lo negativo y absurdo es que, después de la firma de la paz, la izquierda revolucionaria se dividió y que, como fuerza política, además de que se dispersó, pasó a ser, de la prestigiosa y respetada expresión de la unidad en armas, una fuerza marginal, orgánicamente desintegrada y políticamente desideologizada.
En todos caso, lo que sobresale es que, durante estos 56 años, la lucha social y popular, revolucionaria y progresista no sólo registra avances y retrocesos, rezagos y estancamientos, victorias y reveces, auge y reflujos, aciertos y limitaciones, sino además ha sabido poner a prueba su capacidad de reconocer errores y, oportunamente, corregirlos y rectificar.
En cuanto a sus tareas en el momento actual, es ésta la ruta a retomar y el camino a seguir a fin de restablecer la más amplia convergencia y unidad nacional y popular alrededor de una plataforma programática por la salvación nacional y social, la independencia y soberanía nacional, la solidaridad internacionalista, y una política de unidad y alianzas comúnmente convenida, abarcadora e integradora, política e ideológicamente incluyente.
y usurpación del poder político
En esta oportunidad abordaré --como parte de lo ya expuesto en los tres artículos anteriores--, lo referente a la doctrina y estrategia concertada en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, me referiré al control, ejercicio y usurpación del poder político en nuestro país, así como, en ambos caos, a las tres etapas y los cinco eslabones de su institucionalización e implementación.
Al final, algo empezaré a decir respecto al estado y situación de la lucha social y popular, revolucionaria y progresista en nuestro país, así como a sus tareas en el momento actual.
A partir de la intervención norteamericana, tres son las etapas y cinco los eslabones de la institucionalización e implementación de la doctrina y estrategia en cuestión. La primera, se inicia en junio de 1954. Ésta da paso a la segunda que, a su vez, comienza, continúa y se prolonga de marzo de 1963 a enero de 1986. En enero de 1986 se inicia la tercera, como continuación de las que le anteceden, y se prolonga hasta hoy.
Sus cinco eslabones son: intervención extranjera, anticomunismo, terrorismo de Estado, contrainsurgencia y apertura política o, también llamada, transición democrática.
Las etapas y los eslabones son parte del engranaje que, en su desarrollo y desenvolvimiento, corresponden a la situación y condiciones imperantes en momentos muy concretos y a contradicciones y problemas no resueltos.
Las etapas están bien definidas y ubicadas en el tiempo. La primera, dura 9 años; la segunda, 24; y, la tercera, que se inicia en 1986, se prolonga hasta hoy. Los eslabones, por el contrario, se traslapan y entrecruzan o son la continuación de los que les anteceden y anticipo a los que les suceden.
El terrorismo de Estado y la contrainsurgencia (el tercero y cuarto eslabón) se empiezan a definir y convenir simultáneamente al predominio del anticomunismo y el intervencionismo estadounidense (el primero y segundo eslabón). Su institucionalización e implementación es, a su vez, prolongación del anticomunismo y la intervención extranjera.
La llamada apertura política (el quinto eslabón) viene a ser la continuidad, a través de otros medios y otras formas, del terrorismo de Estado, la contrainsurgencia y la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos.
El anticomunismo se desinstitucionalizó en 1985. Sin embargo, no deja de haber intolerancia y sectarismo, estigmatización y prejuicios ante cualquier forma de pensar y opinar, actuar y proceder de las fuerzas y movimientos populares y sociales, y personalidades, intelectuales y sectores progresistas.
Puede decirse, entonces, que lo que caracteriza y predomina durante las dos ya referidas primeras etapas (1954 – 1963, 1963 – 1986), son los golpes militares, las rupturas del orden constitucional, la tan sui géneris continuidad gubernamental, la violencia organizada, los escuadrones de la muerte, las patrullas de autodefensa civil y los comisionados militares, los secuestros y desapariciones forzadas, el genocidio y las aldeas arrasadas.
Durante la tercera etapa (1986 a la fecha), lo que predomina, como continuidad de las dos anteriores, son las estructuras clandestinas y grupos paralelos de represión y limpieza social, políticas de exterminio y ejecuciones extrajudiciales, ajustes de cuentas y sicariato, acciones encubiertas, exclusión social y segregación, racismo y discriminación, abusos y arbitrariedades, impunidad y corrupción, despotismo y tráfico de influencias.
En este marco, lo negativo y absurdo es que, después de la firma de la paz, la izquierda revolucionaria se dividió y que, como fuerza política, además de que se dispersó, pasó a ser, de la prestigiosa y respetada expresión de la unidad en armas, una fuerza marginal, orgánicamente desintegrada y políticamente desideologizada.
En todos caso, lo que sobresale es que, durante estos 56 años, la lucha social y popular, revolucionaria y progresista no sólo registra avances y retrocesos, rezagos y estancamientos, victorias y reveces, auge y reflujos, aciertos y limitaciones, sino además ha sabido poner a prueba su capacidad de reconocer errores y, oportunamente, corregirlos y rectificar.
En cuanto a sus tareas en el momento actual, es ésta la ruta a retomar y el camino a seguir a fin de restablecer la más amplia convergencia y unidad nacional y popular alrededor de una plataforma programática por la salvación nacional y social, la independencia y soberanía nacional, la solidaridad internacionalista, y una política de unidad y alianzas comúnmente convenida, abarcadora e integradora, política e ideológicamente incluyente.
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