Nuestro país y su institucionalidad
en los 56 años recientes
La generación actual y buena parte de la que le antecede, quizá no alcance a comprender lo que significan los 56 años de nuestra historia más reciente. La publicidad, la propaganda, lo que se publica en los medios y buena parte de los libros que al respecto se han editado puede que deje en esos jóvenes una visión sesgada y parcial del pasado y les motive reacciones que pueden ir de estados de ánimo pesimistas y derrotistas a sentimientos de frustración e impotencia.
Lo peor es que se les miente y engaña, se les desinforma y aliena, se afecta y limita su conocimiento, se pretende anular su capacidad de pensar y a no estar en condiciones de tener una idea real de los problemas que se tienen ni de los que se han tenido en el pasado y no han sido resueltos.
En estos 56 años la situación del país se caracteriza por la acumulada y prolongada, continuada y cada vez más agravada inestabilidad institucional, política y gubernamental; y, además, por el igualmente acumulado y acrecentado atraso y prolongado estancamiento económico y social y la cada vez mayor dependencia del gran capital y las multinacionales, la globalización y el neoliberalismo.
Entre 1954 y 2010 la situación internacional tiende a agravarse. Se exacerba la tensión y tirantez. Las amenazas a la paz y la seguridad entre los pueblos están a la orden del día. La carrera armamentista se acreciente. La Guerra Fría se prolonga y continúa, por otros medios y por otras formas, luego de la desaparición del sistema socialista mundial y la disolución y desaparición de la URSS.
A partir de aquél momento, el mundo deja de ser un mundo bipolar para pasar a ser un mundo unipolar en que predomina la política aventurera y guerrerista de los gobernantes estadounidenses --republicanos y demócratas--, apoyados por sus incondicionales aliados y socios europeos.
En lo institucional, durante este período que se inicia en junio de 1954, en nuestro país han sido derogadas tres Constituciones y promulgado tres.
La Constitución de 1945 fue derogada como consecuencia de la intervención estadounidense de junio de 1954 y se le sustituyó por la emitida en 1956 durante el gobierno castilloarmista.
La de 1956, a su vez, se derogó a raíz del golpe militar de marzo de 1963 y fue sustituida por la aprobada durante el régimen de facto del coronel Peralta Azurdia en septiembre de 1965 y que entró en vigor en mayo de 1986. La Constitución de 1965 se derogó inmediatamente después del golpe militar de marzo de 1982. La actualmente vigente la emitió la Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 1985 y entró en vigor nueve meses después, en enero de 1986.
Tanto por la forma y situación y condiciones en que han sido promulgadas como por quienes las han aprobado y puesto en vigor, su origen y situación y condiciones en que han sido discutidas y emitidas, estas Constituciones no se pueden considerar como lo que los constitucionalistas denominan el “gran pacto social”.
Y no es así dado que un gobernante impuesto desde Washington deroga la de 1945 y, de igual manera, proceden dos gobernantes militares golpistas con la de 1956 y la de 1965, respectivamente. Pero, además, se abrogan la potestad de que sean discutidas, aprobadas, emitidas y promulgadas en situaciones y condiciones de facto.
Que yo sepa, en ningún caso, bajo un gobierno de facto, están dadas las condiciones ni garantizado y salvaguardado el derecho ciudadano a elegir libremente al constituyente indicado ni a los mandatarios que vayan a suceder a gobernantes golpistas. El poder de facto se atribuye la facultad de hacerlo y delega atribuciones carentes de validez y legitimidad.
Durante estos 56 años, además, nuestro país fue objeto de una intervención armada decidida por el departamento de Estado, la participación de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y un puñado de mercenarios más unos cuantos militares traidores.
Han ocurrido, también, tres golpes militares y la gestión gubernamental ha estado a cargo --no en orden de sucesión sino por la forma como han llegado a ejercerlo o a usurpar-- de seis juntas militares, dos gobernantes designados y uno nombrado por el Congreso.
Ha habido, además, un gobernante por plebiscito a viva voz; un mandatario interino; un jefe de Estado de facto; cinco presidentes “electos” en votaciones de dudosa legitimidad --tres de ellos, fraudulentamente impuestos--; y, los seis más recientes, corresponden a la llamada apertura democrática dizque iniciada en 1985.
A lo que queda por abordar sobre esta cuestión y las votaciones en nuestro país, dedicaré varias columnas más.
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