A media semana

El ordenamiento constitucional vigente
y las reformas propuestas (7)


No son los intereses personales, partidistas o de grupo, empresariales o comerciales, bancarios o financieros, sectoriales o corporativos, los que deben prevalecer. En un cambio de época como en el que nos encontramos actualmente a escala mundial, jurídica e institucionalmente, el interés nacional, social y popular debe prevalecer y estar por encima de todo lo demás.

Constitucionalmente está establecido que la emisión de las leyes corre a cargo del Organismo Legislativo. Las leyes que se emiten pueden ser de rango constitucional o de carácter ordinario. En ambos casos, lo que debería presupuestarse es que las leyes constituyan y se conviertan en instrumentos legítimos que desarrollen, enriquezcan y concreten los avances y cambios que las condiciones y circunstancias nacionales e internacionales determinan. No ignoro ni desconozco la precariedad de nuestro ordenamiento constitucional y, a sabiendas de ello, es el agotado y caduco ordenamiento vigente lo que hay que cambiar a partir de la institucionalización y legitimación de los avances y cambios que la realidad y condiciones actuales exigen y demandan.

La función legislativa es incompatible y contraria a toda regulación de carácter casuístico o que beneficie y proteja a un sector de poder o grupos de poder y de presión. Menos aún debe servir a aparatos paralelos. Lo que debe prevalecer es el interés social. Según el párrafo segundo del artículo 44 constitucional, el interés social prevalece sobre el interés particular. El contrasentido es que al momento de legislar no se interpreta ni se cumple y aplica así. Al contrario, queda librado a la discrecionalidad del legislador, discrecionalidad que en reiterados casos supone retrocesos en relación a la normativa constitucional misma así como que por su contenido y espíritu y por la forma como la normativa queda redactada, se aprueba e interpreta, determina incongruencias e imprecisiones a las que el juzgador ha de enfrentarse al momento de su aplicación y cumplimiento.

5.- Las reformas propuestas: camino a seguir. No es por la intención o propósitos que anima a proReforma y a la bancada Lider que se discrepa de ellas y se cuestionan sino, en lo fundamental y además, por lo que representan para el ordenamiento constitucional guatemalteco, la institucionalidad, estabilidad y gobernabilidad, el desarrollo, el progreso y futuro del país, la nación, el Estado y la República.

En lo sustantivo y formal, las propuestas acentúan la globalización neoliberal; reproducen y perpetúan la institucionalidad liberal, individualista, neodependiente, discriminadora y excluyente. Lo que se propone no fortalece la institucionalidad ni la estructura y funciones de los tres Poderes del Estado y el Estado en su conjunto, sus instituciones y dependencias, ni legitima el ejercicio del poder político, ciudadano, social y popular.

Las propuestas no van al fondo de lo que hay que reformar y, menos, de lo que hay que cambiar. De ahí que sean más sus limitaciones que su proyección, así como lo que se puede avanzar y modernizar con aprobarlas. Constituyen, además, un retroceso que viene a sumarse al que ya de por si padece el agotado, caduco y precario ordenamiento constitucional. Esto, por una parte.

Por la otra, el ordenamiento constitucional vigente y las reformas que se proponen no corresponden a la época actual ni resuelven los problemas de fondo, propios de este siglo ni del punto de inflexión en el que se está en lo nacional y a nivel mundial.

Lo que hasta aquí llevo planteado, es un intento de aproximación al análisis del ordenamiento constitucional guatemalteco de los últimos 55 años y una opinión, también de carácter general, sobre las reformas propuestas. En una elaboración posterior --luego de lo que el Pleno del Congreso de la República acuerde sobre la opinión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Organismo Legislativo respecto a la cuestión--, me ocuparé, en detalle, de las principales propuestas hechas por proReforma y la bancada Líder. Por ahora, esbozo lo que en mi opinión debería ser el camino a seguir.

De lo que se trata, en mi opinión, es de institucionalizar y legitimar el carácter real, funcional, democrático y participativo del Estado, la Nación, la República y el País, así como del ejercicio pleno y protagónico del gobierno y el poder político, ciudadano, social y popular.