A media semana

La normativa constitucional vigente
y las reformas propuestas (3)

Desde 1954, y en los años más recientes, los recursos naturales no renovables se han ofertado irresponsablemente, a sabiendas de los graves daños y perjuicio que su explotación le ocasiona al medio ambiente, a los poblados y a la salud de sus habitantes, así como por lo lesivo de las condiciones convenidas para el país y el Estado.

Lo de las regalías es sólo un ejemplo de la asimetría así convenida y lo lesivo que es para el Estado como hasta ahora se ha hecho. Las consultas a la población, al dejar de ser vinculantes, se desvirtúan y pasan a constituirse en una mera formalidad que, a pesar de ello, constituyen el vivo testimonio de la generalizada y abierta oposición de la población al entreguismo gubernamental.

Lo anterior es sólo una parte de un problema mayor y que consiste en la precariedad de nuestro ordenamiento constitucional. A ello se refirió el doctor en Derecho Adolfo Mijangos López, asesinado el 13 de enero de 1971.

El doctor Mijangos López dijo que una característica de las tres Constituciones que tuvo el país de 1945 a 1965 es que la de 1945 y la de 1956 fueron derogadas después de 10 años de vigencia. La de 1965, 17 años después, a raíz del golpe de Estado de marzo de 1983.

La Constitución Política vigente se reformó luego del intento de autogolpe de Estado de mayo de 1993. A ocho años de su emisión, se constató la necesidad de actualizar algunas de sus normas y formalmente se le introdujeron varias enmiendas. Cuatro años después, en 1997, se intentó una reforma a fondo a través de la consulta popular convenida durante las negociaciones para la búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado interno.

Al no prosperar la reforma convenida entre las partes, se perdió la primera gran oportunidad que se ha tenido, después de la suscripción de la Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996, de fortalecer nuestro ordenamiento constitucional y sentar, institucionalmente, las bases de los compromisos sustantivos e integrales contenidos en los Acuerdos de Paz y, lo más importante, hacer de la Carta Magna el instrumento legítimo, idóneo e institucional de los cambios estructurales que Guatemala necesita.

En todo caso, lo más importante es aproximarse al examen, interpretación y explicación de las causas, efectos y consecuencias de la precariedad del ordenamiento constitucional guatemalteco. La precariedad de nuestro ordenamiento constitucional se inicia y tiende a ahondarse como consecuencia de la derogatoria --a raíz de la intervención extranjera de 1954--, de la Constitución de 1945.

Es a partir de la intervención estadounidense al país que se trata, a través de la violencia organizada y el anticomunismo, de resolver las contradicciones antagónicas existentes entre quienes favorecían el desarrollo independiente y el progreso del país, la justicia social y la equidad, y quienes se oponían y siguen oponiéndose a lo que el presidente Jacobo Arbenz definió como los grandes objetivos de la Revolución de Octubre de 1944.

Al respecto, el presidente Arbenz, en entrevista concedida en septiembre de 1956 en México al entonces periodista de la Revista cubana Bohemia, Raúl Roa, quien después del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 llegó a ser Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Revolucionario de Cuba, dijo:

En lo nacional, la Revolución de Octubre de 1944 se propuso “abolir la servidumbre…, elevar las condiciones de vida, crear un amplio mercado interno con vistas al desarrollo industrial, rescatar el suelo, el subsuelo y los servicios públicos, democratizar efectiva-mente la estructura del Estado, codificar las relaciones entre el capital y el trabajo, velar por la salud pública, extirpar el analfabetismo, difundir la cultura y transformar la mentalidad popular en consonancia con las necesidades, intereses y responsabilidades de la Nueva Guatemala…”

En el orden internacional resumidamente consideró que se trató de “mantener incólume la soberanía nacional y respetar los derechos de los demás pueblos a fin de ser respetados por ellos”.

En suma, lo que prevaleció detrás de la conspiración interna y extranjera contra el presidente Arbenz fue el sectarismo e intransigencia ideológica y política y, sobre todo, los intereses de clase de los sectores conservadores y reaccionarios tradicionales locales y estadounidenses. Es decir, de quienes urdieron y consumaron la intervención extranjera y abolieron las conquistas institucionalizadas por la Revolución de Octubre de 1944. (Continuará).