El ordenamiento constitucional vigente
y las reformas propuestas (2)
La Constitución de 1945 constituye un salto histórico y revolucionario para nuestro país. De las Constituciones de 1956, de 1965 y de la actual no se puede decir lo mismo. La de 1956, la de 1965 y la vigente --aunque no del todo--, doctrinariamente y en su interpretación y aplicación, por sus fundamentos y principios, contenido, objetivos y otros aspectos formales más, constituyen un retroceso violentamente precipitado y que se prolonga a lo largo de cinco décadas y media.
2.- Estructura y superestructura. Históricamente está demostrado que a una estructura económico-social determinada y a una etapa concreta de la sociedad, corresponde una superestructura igualmente determinada. El Ordenamiento Constitucional, la Doctrina, el Derecho, la Legislación, la Práctica Jurídica, la interpretación y aplicación de las Leyes, corresponden a una estructura económico-social determinada y a una etapa concreta de la sociedad; se asienta, a su vez, en lo que formalmente la legitima.
La moral, las costumbres y tradiciones, el comportamiento individual y social, las creencias religiosas y posiciones políticas e ideológicas corresponden, también, a una estructura económico-social determinada.
En un momento dado y en condiciones muy concretas, la estructura económico–social se agota, caduca y hay que cambiarla. En unos casos, el cambio se puede lograr mediante reformas y, en otros, por transformaciones de fondo. En el caso de nuestro país, ese cambio se intentó a partir del movimiento cívico militar del 20 de octubre de 1944.
En las condiciones prevalecientes, así como por el contexto, la realidad y situación nacional y el cambio de época en que se está, es posible presupuestar que los cambios estructurales se legitimen democrática e institucionalmente. Es una posibilidad a explorar, discutir y resolver. Y, si es el caso, emprender la realización de los cambios de fondo que el país necesita. No es ése el alcance de las propuestas de reforma ni sus propósitos y objetivos.
El agotamiento de la estructura económico-social trae como consecuencia que la superestructura entre en crisis y para resolver esa contradicción hay que proceder a cambiar la superestructura por la vía que las condiciones y circunstancias lo permitan y viabilicen.
También puede acontecer que la superestructura sea lo que ya se haya agotado, esté en tránsito de agotarse o que preceda y coincida o sea causa y resultado del agotamiento y caducidad de lo estructural. Esta contradicción no es fácil de resolver. Sin embargo, si lo institucional y la legislación es lo que se opta por cambiar o transformar, lo institucional y la legislación pasan a convertirse en legítimo instrumento del cambio y transformación de lo que está en la base, en la estructura.
Lo lógico es que a un cambio o transformación de las viejas y caducas estructuras corresponda un cambio o transformación en la superestructura y que los cambios en la superestructura institucionalicen y legitimen los cambios en lo estructural. La contradicción que se plantea entre lo estructural que hay que cambiar y lo superestructural que se resiste a que se cambie, resulta siendo el obstáculo principal para los cambios de carácter estructural a institucionalizar.
3.- El ordenamiento constitucional de los 64 años más recientes. En el caso de nuestro país, el ordenamiento constitucional a partir de 1956 constituye un retroceso con relación a lo plasmado en la Constitución de 1945. En cierta forma, sucede lo mismo en 1965 y, un tanto menos, veinte años después, en 1985.
La Constitución de 1956 viabiliza la configuración de un Estado represivo, ideológica y políticamente anticomunista. La de 1965, abre paso a la contrainsurgencia como política de Estado. La de 1985 --a través de otras formas y medios--, da continuidad al carácter represivo y excluyente del Estado.
Además, con las tres Constituciones emitidas a partir de 1956, se abre paso e institucionaliza un ordenamiento que sucesivamente reduce y adelgaza el papel del Estado. El Estado se institucionaliza como un Estado gerencial y subsidiario. Se absolutiza y magnifica lo individual. Lo individual prevalece sobre lo social. A partir de 1996 se privatizan los bienes y recursos de la Nación.
El eje del crecimiento económico (no del desarrollo) gira alrededor de la economía de mercado, el libre comercio, el neoliberalismo, la globalización, la propiedad privada y la fideicomización y discrecionalidad de la inversión pública y los gastos del Estado. Es en esa dirección a donde apuntan las propuestas de reforma en discusión. (Continuará).
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