domingo, 13 de octubre de 2013



En el mes del Aniversario
de la Revolución

En mi columna de hoy, con ocasión de estar en el mes del 69 Aniversario de la Revolución de Octubre, abordaré lo referente a la desaparición forzada como política de Estado. En la del 25 de septiembre, me referí a la captura el 26 de septiembre de 1972 y posterior ejecución extrajudicial y desaparición de los compañeros de la CP del CC del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT.

La de la semana entrante y las dos subsiguientes, las dedicaré a abordar algunos de los aspectos concernientes al carácter, importancia, objetivos, logros y conquistas de la Revolución del 44, las causas y consecuencias del derrocamiento del régimen democrático, la vigencia, continuidad, actualización y desarrollo de sus postulados, en las condiciones actuales en que está nuestro país.

A partir de 1954, el anticomunismo y la reacción gubernamental, (1954–1963), los militares golpistas(1963, 1982 y 1983), al igual que los reaccionarios y anticomunistas gobernantes castrenses fraudulentamente impuestos (1970, 1974, 1978), los terratenientes latifundistas, el partido de la violencia organizada y demás partidos anticomunistas y reaccionarios, la oligarquía tradicional y su empresariado organizado, con el apoyo, ayuda y cooperación de la Embajada de Estados Unidos, se propusieron liquidar al destacamento organizado de la clase obrera, acabar con toda manifestación de oposición gubernamental y derrotar a las fuerzas revolucionarias alzadas en armas, sin conseguirlo.

Respecto a la desaparición forzada, según la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, se consideran como personas desaparecidas o dadas por desaparecidas, todas aquellas de quienes sus familiares o parientes no tienen noticias o que han sido dadas por desaparecidas con base en información confiable.

Según lo refiere la Fundación, para el Comité Internacional de la Cruz Roja, “una persona puede ser dada por desaparecida en muchas circunstancias, como sucede durante el desplazamiento ya sea interno o hacia el extranjero como refugiados, …la muerte en acción durante un conflicto armado o la desaparición forzada o involuntaria” (Véase: www.fafg.org/paginas/desaparición.htm).

En el caso de la desaparición forzada en Guatemala, corresponde a una política de Estado encaminada a eliminar a ciudadanos considerados desafectos, peligrosos u opositores a los gobiernos de turno. La desaparición forzada en nuestro caso, se consuma posteriormente a la captura y ejecución extrajudicial de los desafectos al régimen.

En el Diario Militar está registrada la captura, ejecución extrajudicial y posterior desaparición de los cadáveres de alrededor de 107 militantes, simpatizantes y amigos del Partido de entre los 182 casos ilustrativos publicados (La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional, Secretaría de la Paz, Presidencia de la República, Dirección de los Archivos de la Paz, Guatemala, mayo de 2009).

Todavía no están registrados dos casos emblemáticos: el primero, la captura, ejecución extrajudicial y posterior desaparición de 28 compañeros en enero de 1967; y, el segundo, la captura, ejecución extrajudicial y posterior desaparición de los compañeros Bernardo Alvarado Monzón, Mario Silva Jonama, Carlos Alvarado Jerez, René Valle y Valle, Hugo Barrios Klée, Carlos Alvarado Jerez y Miguel Ángel Hernández y Hernández, así como de la compañera Fantina Rodríguez viuda de De León y de Natividad Franco Santos.

El caso de los 28, marca el comienzo de la desaparición forzada como política de Estado en nuestro país. Junto a la desaparición forzada de la CP del CC del PGT, es una más de las atrocidades y crímenes cometidos por los gobernantes de turno contra nuestro pueblo (1954-1985) y parte de la historia a registrar y documentar como crímenes de Estado.

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