Estado, poder público
y fiscalización social y popular
Los organismos de Estado, sus instituciones y el poder público pueden estar instituidos con la mejor de las intenciones. En el caso de Guatemala, no ha sido así. Los 27 años de historia más reciente, son ilustrativos. Es lo que se puede decir, a su vez, si es que se quisiera ir más atrás y remontarse a los 32 años que le anteceden; es decir, de 1954 a 1985.
Por su origen, naturaleza y carácter, los organismos de Estado, sus instituciones y el poder público corresponden a los intereses de clase de las élites oligárquicas y patronales tradicionales, han sido instituidos a su conveniencia e interés y están a su servicio. Es lo que les hace corruptibles.
Pero no es sólo por ello que son corruptibles. Las personas a cargo de su gestión no sólo lo permiten y hacen posible sino además, les convierten en instrumentos para el tráfico de influencias, el nepotismo, la impunidad y los abusos de poder, los sobornos, el chantaje y la extorsión. Es lo que explica la ya tan prolongada y no resuelta crisis institucional y de gobernabilidad a que se ha orillado al país en estos 58 años.
Muchos de quienes se han estado ocupando de esta cuestión y la mayoría de medios de comunicación, suelen centrar su atención en las manifestaciones y no en las causas de la corrupción. De lo que se trata, entonces, es de ir a sus raíces. Sólo así es como se puede resolver a fondo lo que en un momento dado esté mal.
En mi opinión, la causa principal de la corrupción que afecta a los organismos e instituciones del Estado y el ejercicio del poder público, está en los intereses de clase del poder económico tradicional, conservador y reaccionario que la normativa constitucional y las leyes salvaguardan, protegen y tutelan.
Estrictamente hablando, el poder público y las instituciones del Estado no están instituidos en función del interés social como tampoco lo están en función del buen manejo, eficacia, eficiencia, transparencia, honestidad y probidad administrativa y gubernamental.
La práctica y la experiencia muestran que no es así como se dirigen, coordinan y administran las instituciones y organismos del Estado y se ejerce el poder público. Lo que constitucionalmente está instituido y legalmente normado, está al servicio de las élites oligárquicas y patronales, los grupos económicos de poder y los poderes fácticos y paralelos.
La corrupción ha llegado a tal extremo que sería suficiente con preguntarse si en la actual legislatura sus integrantes proceden y se conducen como representantes del pueblo y dignatarios de la Nación y si no incurren o han incurrido en más de una irresponsabilidad en el desempeño de su mandato.
La interpelación es un derecho constitucional que le asiste a todo diputado y podría ser el más eficaz e idóneo instrumento a fin de asegurar y garantizar la competencia y solvencia de la administración pública y el buen gobierno.
Sin embargo, tan irresponsable es quien desde “la oposición” abusa de este recurso como del oficialismo y “sus aliados” que para impedir que a uno o a más de uno de sus funcionarios se les interpele o continúe interpelándosele, deciden no asistir al hemiciclo, entrampan la labor legislativa e invalidan así el “chantaje” y “extorsión” que les sindican y atribuyen a los interpelantes. Con ese proceder, unos y otros, desprestigian aún más la ya de por sí tan venida a menos labor legislativa.
Lo que cada vez está más claro que el agua es el deliberado propósito de los oficialistas de que no salgan a luz asuntos que deberían estar siendo manejados con transparencia e idoneidad, competencia y solvencia. Esto, por un lado y, por el otro, que pese a la incompetencia de “la oposición”, sus limitaciones, improvisaciones e inexperiencia política y parlamentaria, el gobierno está ante el riesgo real de que la anunciada renuncia el día de ayer del ministro de Finanzas desencadene una crisis de gabinete que no presagia nada bueno para el Partido Patriota (PP) a sólo nueve semanas de estar en el gobierno.
Tanto el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) como la recién constituida “Plataforma Legislativa”, más los llamados “independientes” y de “oposición”, no están en condiciones y capacidad de hacer de la labor legislativa el instrumento para los cambios de fondo y las transformaciones estructurales que el país necesita.
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