27 de junio de 1954 o el inicio
del desbarajuste institucional
Me suponía que este lunes encontraría en los medios del país alguna referencia a los 57 años de la renuncia a la Presidencia de la República del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Nada se publicó ni comentó. Este silencio es una manifestación más de la propensión a olvidar nuestro pasado. Se nos quiere orillar a que no nos asomemos a esa parte de la historia y renunciar a extraer las enseñanzas y experiencias a fin de enfrentar y superar exitosamente lo que nos está pasando ahora y no incurrir en los errores que se hayan cometido y, lo que es más importante, no volver a cometerlos.
Para quien buena parte de su adolescencia y los primeros años de su juventud los pasó y vivió al calor de las conquistas, logros y realizaciones de la Revolución de Octubre de 1944, un hecho así no podía pasar inadvertido. No me fue difícil rememorar los aspectos más importantes de aquella noche de tan aciago domingo, lo que le antecedió y lo que se vino después. Es mucho lo que se perdió a partir de entonces y mucho más lo que empezó a ocurrir en lo político e institucional y su funesta cauda de errores, imprevisión e incompetencia gubernamental acumulada y la desbarajustada institucionalidad que se prolonga hasta hoy.
Lo que al respecto llevo escrito y publicado respecto a la caducidad y agotamiento de la institucionalidad en nuestro país, no supone culpar a terceros de lo que ha estado sucediendo a partir del 27 de junio de 1954. No. Es una responsabilidad que nos corresponde a todos: unos, por el sistema que de facto se ha ido institucionalizando en tres momentos sucesivos (1956, 1965 y 1985) y, los demás, por haberlo permitido sea por omisión, complacencia o tolerancia, complicidad, dejadez o indolencia. Esto supone, a su vez, el agotamiento de la identidad ciudadana y nacional tanto como de la obligación y compromiso social y popular ante la Patria, la Nación, el País y la República y con nuestro Pueblo.
En la incesante búsqueda del camino a seguir para poder salir del desbarajuste institucional en que se está, de un tiempo a esta parte me he propuesto examinar las causas de lo que institucionalmente anda mal y las manifestaciones concretas de la generalizada y prolongada crisis. Después de lo ya dicho corresponde, una vez más, formular lo que me permito denominar como la propuesta ciudadana, social y popular a fin de resolver y superar la institucionalidad cuestionada. Es esto lo que entiendo como el ejercicio del legítimo derecho que le asiste a todo ciudadano de protestar y oponerse, cuestionar y desaprobar el sistema económico y social, político y de partidos, institucional y de votaciones vigente más no legítimo.
Se trata de darle un nuevo sentido y contenido al voto, al voto ciudadano, social y popular. No se trata de la inutilización del voto depositándolo a favor del menos peor o considerar que con el suyo está castigando el errático ejercicio de la gestión pública. Se estaría repitiendo así lo que ha sido la práctica común, en particular, a partir de 1985.
El voto efectivo no es aquél cuya papeleta se deposita en blanco. Además, no procede abstenerse de concurrir a las urnas. Ello equivaldría a dejar que los demás decidan por uno y, lo que es peor, avalar 57 años de oprobio y desvergüenza, de corrupción e impunidad, de imposición y pérdida de nuestra independencia y soberanía nacional.
A 57 años de la renuncia del Presidente Arbenz, vale la pena insistir y destacar que el proceso revolucionario iniciado el 20 de octubre de 1944 constituye el más importante y trascendental acontecimiento del siglo XX en nuestro país. Su interrupción violenta no invalida ni deslegitima sus conquistas, logros y realizaciones alcanzadas en diez trascendentales años de nuestra historia: mantienen su vigencia y legitimidad.
En las actuales condiciones, el restablecimiento y legitimación de la institucionalidad real, funcional y participativa, como expresión y concreción del ejercicio del poder político y la gestión pública en una democracia igualmente real, funcional y participativa, pasa por la vía del voto ciudadano, social y popular, voto ciudadano, social y popular que viene a ser la manifestación más alta y expresa de la protesta ciudadana, social y popular ante el estado actual de cosas y del legítimo cuestionamiento y desacuerdo con un sistema económico y social, político y de partidos, institucional y de votaciones impuesto luego de la invasión mercenaria de 1954 y los golpes militares de Estado de 1963, 1982 y 1983.
La alternativa al voto a favor del menos peor o al voto de castigo y a la abstención o a dejar la papeleta en blanco pasa, repito, por el ejercicio del voto ciudadano, social y popular en tanto camino a seguir a fin de empezar a recorrer la vía de los cambios de fondo que el país necesita y cuyo contenido sustantivo e integral, en general, está en los Acuerdos suscritos a fin de construir una paz firme y duradera en nuestro país.
miércoles, 29 de junio de 2011
jueves, 23 de junio de 2011
A media semana
De una primavera violenta
a un borrascoso verano
En el hemisferio norte el solsticio de verano comienza el 21 de junio y termina con el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. Ayer fue el día más largo del año. Según lo que a diario se informa en algunos medios, en Guatemala el sol salió a las 5:34 am y se puso a las 6:34 pm. De acuerdo a los pronósticos para el martes, las condiciones generales del país eran propias de un ambiente cálido y húmedo y, en horas de la tarde y de la noche, se dijo que habría lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Para el valle de la capital, se pronosticó niebla al amanecer, mucha nubosidad, lluvia y tormentas eléctricas durante la tarde y parte de la noche.
Por donde yo vivo, a eso de las 11:25 am se desató un fuerte aguacero que, sorpresivamente, empezó a escampar a partir de las 12:15 pm. Volvió a llover a media tarde. No sucedió lo mismo durante buena parte de la noche. Lo que no cesaron fueron los rayos y truenos lo cual me hizo suponer que en la costa sur estaría lloviendo torrencialmente así como en el altiplano occidental.
En un momento como en el que está nuestro país, resulta un contrasentido afirmar que después de la tormenta pueda venir la calma y que se perciba en el ambiente algo de tranquilidad.
Si las condiciones del país no estuvieran como están, el cambio climático, tal vez, no nos afectaría tanto. La imprevisión e improvisaciones propias de un sistema institucionalizado en interés y a conveniencia de unos cuantos potentados, hace que la diferencia abismal que existe entre quienes todo lo tienen y quienes están en el más completo desamparo y abandono, se acentúe y ponga al descubierto la injusticia social prevaleciente y la vulnerabilidad y riesgos a que se les tiene expuestos.
A partir de mañana estaremos a una semana de que termine la primera mitad del año. El balance de lo acontecido en lo que va del presente, es escalofriante, espeluznante. La violencia organizada, al igual que la común, se ha extendido a lo largo y ancho del país. En unos lugares, más que en otros, la incertidumbre y desesperación se generalizan y no se avizora que la seguridad ciudadana se garantice y, menos, que se le ponga un hasta aquí a la escalada delincuencial que abate al país.
Lo que nos está aconteciendo no es sólo a causa o como consecuencia de la disputa por los votos a depositarse en las urnas el 11 de septiembre. No. Hay algo más de fondo. Para decirlo en pocas palabras, es a causa y consecuencia del agotamiento y caducidad de un sistema económico y social injustamente jerarquizado y la institucionalidad que le sirve de sustento.
En 1985 el constituyente y el gobierno militar de facto de entonces, no estuvieron en capacidad ni alcanzaron a prever la situación a la que se iría orillando al país a raíz de la institucionalidad por ellos legitimada. Los gobernantes que desde entonces se han ocupado de la gestión pública, el organismo legislativo y el poder judicial, a su vez, tampoco han sido capaces de enfrentar y superar exitosamente aquella imprevisión y los desafíos propios de los últimos 26 años.
En nuestro caso, la historia más reciente enseña y la experiencia acumulada lo confirma. Tal como se interpreta y utiliza el derecho y el funcionamiento y quienes han estado y están a cargo de las instituciones no permiten que el país avance, progrese, se desarrolle. Al contrario, es la retranca de la que echan mano las élites oligárquicas tradicionales locales y los denominados poderes fácticos para atajar cualquier intento de avance, progreso y desarrollo.
En lo internacional, la situación es esperanzadora, infunde ánimo, entusiasmo y confianza. Las rebeliones y el descontento social y popular están a la orden del día en África del norte y en el Medio Oriente, una oleada de indignación y protestas recorre y sacude a Europa y a otras regiones del mundo, las transformaciones de fondo que están teniendo lugar en América del Sur, caracterizan el cambio de época en el siglo XXI.
La situación en el país, ciertamente, es agobiante y tiende a empeorar cada vez más. En ese marco, las condiciones que se están creando corresponden a los signos de nuestro tiempo y que, en su momento, habrán de desembocar en los esfuerzos y propósitos de unidad y convergencia como motor e instrumento de la lucha por los cambios profundos a institucionalizar en el país. Lo que no hay que ignorar ni subestimar es que, tal y como están las cosas, a una primavera de violencia desenfrenada le suceda un borrascoso e incontrolado verano, y que lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir, vaya a pasar y que en lugar de avanzar se diera otro paso más hacia atrás. Es lo que inicialmente presupuesto que podría estar detrás de lo que se ha empezado a desencadenar en San José Pinula.
a un borrascoso verano
En el hemisferio norte el solsticio de verano comienza el 21 de junio y termina con el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. Ayer fue el día más largo del año. Según lo que a diario se informa en algunos medios, en Guatemala el sol salió a las 5:34 am y se puso a las 6:34 pm. De acuerdo a los pronósticos para el martes, las condiciones generales del país eran propias de un ambiente cálido y húmedo y, en horas de la tarde y de la noche, se dijo que habría lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Para el valle de la capital, se pronosticó niebla al amanecer, mucha nubosidad, lluvia y tormentas eléctricas durante la tarde y parte de la noche.
Por donde yo vivo, a eso de las 11:25 am se desató un fuerte aguacero que, sorpresivamente, empezó a escampar a partir de las 12:15 pm. Volvió a llover a media tarde. No sucedió lo mismo durante buena parte de la noche. Lo que no cesaron fueron los rayos y truenos lo cual me hizo suponer que en la costa sur estaría lloviendo torrencialmente así como en el altiplano occidental.
En un momento como en el que está nuestro país, resulta un contrasentido afirmar que después de la tormenta pueda venir la calma y que se perciba en el ambiente algo de tranquilidad.
Si las condiciones del país no estuvieran como están, el cambio climático, tal vez, no nos afectaría tanto. La imprevisión e improvisaciones propias de un sistema institucionalizado en interés y a conveniencia de unos cuantos potentados, hace que la diferencia abismal que existe entre quienes todo lo tienen y quienes están en el más completo desamparo y abandono, se acentúe y ponga al descubierto la injusticia social prevaleciente y la vulnerabilidad y riesgos a que se les tiene expuestos.
A partir de mañana estaremos a una semana de que termine la primera mitad del año. El balance de lo acontecido en lo que va del presente, es escalofriante, espeluznante. La violencia organizada, al igual que la común, se ha extendido a lo largo y ancho del país. En unos lugares, más que en otros, la incertidumbre y desesperación se generalizan y no se avizora que la seguridad ciudadana se garantice y, menos, que se le ponga un hasta aquí a la escalada delincuencial que abate al país.
Lo que nos está aconteciendo no es sólo a causa o como consecuencia de la disputa por los votos a depositarse en las urnas el 11 de septiembre. No. Hay algo más de fondo. Para decirlo en pocas palabras, es a causa y consecuencia del agotamiento y caducidad de un sistema económico y social injustamente jerarquizado y la institucionalidad que le sirve de sustento.
En 1985 el constituyente y el gobierno militar de facto de entonces, no estuvieron en capacidad ni alcanzaron a prever la situación a la que se iría orillando al país a raíz de la institucionalidad por ellos legitimada. Los gobernantes que desde entonces se han ocupado de la gestión pública, el organismo legislativo y el poder judicial, a su vez, tampoco han sido capaces de enfrentar y superar exitosamente aquella imprevisión y los desafíos propios de los últimos 26 años.
En nuestro caso, la historia más reciente enseña y la experiencia acumulada lo confirma. Tal como se interpreta y utiliza el derecho y el funcionamiento y quienes han estado y están a cargo de las instituciones no permiten que el país avance, progrese, se desarrolle. Al contrario, es la retranca de la que echan mano las élites oligárquicas tradicionales locales y los denominados poderes fácticos para atajar cualquier intento de avance, progreso y desarrollo.
En lo internacional, la situación es esperanzadora, infunde ánimo, entusiasmo y confianza. Las rebeliones y el descontento social y popular están a la orden del día en África del norte y en el Medio Oriente, una oleada de indignación y protestas recorre y sacude a Europa y a otras regiones del mundo, las transformaciones de fondo que están teniendo lugar en América del Sur, caracterizan el cambio de época en el siglo XXI.
La situación en el país, ciertamente, es agobiante y tiende a empeorar cada vez más. En ese marco, las condiciones que se están creando corresponden a los signos de nuestro tiempo y que, en su momento, habrán de desembocar en los esfuerzos y propósitos de unidad y convergencia como motor e instrumento de la lucha por los cambios profundos a institucionalizar en el país. Lo que no hay que ignorar ni subestimar es que, tal y como están las cosas, a una primavera de violencia desenfrenada le suceda un borrascoso e incontrolado verano, y que lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir, vaya a pasar y que en lugar de avanzar se diera otro paso más hacia atrás. Es lo que inicialmente presupuesto que podría estar detrás de lo que se ha empezado a desencadenar en San José Pinula.
miércoles, 8 de junio de 2011
A media semana
Lo repito e insisto: por eso
es que estamos como estamos
De resultas de lo que expresé en mi columna de la semana pasada, más de uno de quienes leen lo que semanalmente publico aquí, en La Hora, me decían que les parece exagerado decir que desde 1954 nada ha cambiado en nuestro país, que en lugar de avanzar se ha ido para atrás y todo tienda empeorar.
En cierta forma considero que tienen algo de razón y tienen algo de razón si lo que se analiza o examina es lo meramente formal. Mi opinión --y en eso coincido con quienes así lo ven y me lo han dicho-- es que en lo formal algo es lo que ha cambiado pero esos cambios nada tienen que ver con lo de fondo que, en general, permanece intacto.
De 1986 a la fecha quienes nos han gobernado, formalmente, no son los mismos que lo hicieron de 1954 a 1963 y los gobiernos militares y contrainsurgentes que usurparon por la fuerza el poder durante los 22 años siguientes, son la continuación del entreguismo liberacionista, la corrupción del ydigorismo y la política de represión y terror gubernamental contra el pueblo.
La represión y el terror gubernamental como forma de gobierno (1954 – 1963) dio paso a la institucionalización de la contrainsurgencia y el terrorismo como política de Estado (1963 – 1986) y que, estrictamente hablando, no se desmontó después. Se ha seguido aplicando a través de otras formas y por otros medios.
Dicho en otros términos, a partir de la intervención estadounidense se ha institucionalizado una sucesión gubernamental que corresponde, en general, a los mismos intereses de clase de las élites oligárquicas y patronales locales y del imperialismo estadounidense.
En tales condiciones, nuestra lucha social y popular, progresista y revolucionaria, se libra en las más duras condiciones de clandestinidad a partir del momento mismo en que se consuma la intervención estadounidense, da un salto de calidad con el desencadenamiento en 1960 de la lucha armada popular y revolucionaria y alcanza su punto más alto de auge, avance y desarrollo, ampliación y profundidad, unidad y representatividad con la constitución de URNG en febrero de 1982 y la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996.
Los monopolios estadounidenses que con la reacción conservadora local fraguaron los más de 30 complots contra el presidente Arévalo y montaron, patrocinaron y llevaron a cabo la intervención extranjera al país, son los mismos que impusieron, después, a gobernantes militares de fuerza, contrainsurgentes.
Los monopolios estadounidenses de entonces pasan a ser las grandes transnacionales de la época del neoliberalismo y la globalización y las élites oligárquicas y patronales locales de ahora, en el fondo, en nada se diferencian de la reacción conservadora de aquellos años.
Transnacionales y élites oligárquicas y patronales locales vienen a ser y son la continuación de la dependencia y dominación imperial y el conservadurismo reaccionario de antes, a través del libre mercado, la competitividad y el consumismo, la integración regional neocolonizadora y el asimétrico tratado de libre comercio.
Sin ir muy lejos, la democracia actual es, al igual que la que se dijo institucionalizar en 1956 y 1965, una democracia representativa, formal y de 1986 a nuestros días, el sistema gobernante y político, de partidos y votaciones reproduce el deterioro a que se llegó en los 32 años anteriores, acentuando y agravando la crisis institucional y de gobierno. En lo institucional y gubernamental, en el fondo, nada ha cambiado.
Y si de los partidos algo se quisiera decir bastaría referir lo cuestionado que están y su manifiesta incapacidad en el ejercicio y práctica del qué hacer político, oportunismo, corrupción y transfuguismo e instrumento de la derechización del país.
En consecuencia y en lo positivo que pudiera ocurrir, todo indica que sean los resultados que sean y sea quien sea el que asuma la más alta magistratura el 14 de enero, las votaciones del 11 de septiembre, podrían ser el último eslabón de la cadena de dominación reaccionaria y conservadora local y la dependencia imperial.Ello depende del voto ciudadano, social y popular que, al cuestionar en las urnas la caduca y agotada institucionalidad vigente y lo estructural y de fondo, pasaría a ser la más legítima manifestación de la toma de conciencia de que es por eso que estamos como estamos a la vez que haría posible pasar a una etapa superior de lucha por los cambios de fondo que nuestro país necesita y no de los de forma que para lo único que han servido es para que todo siga igual o tienda a empeorar aún más.
es que estamos como estamos
De resultas de lo que expresé en mi columna de la semana pasada, más de uno de quienes leen lo que semanalmente publico aquí, en La Hora, me decían que les parece exagerado decir que desde 1954 nada ha cambiado en nuestro país, que en lugar de avanzar se ha ido para atrás y todo tienda empeorar.
En cierta forma considero que tienen algo de razón y tienen algo de razón si lo que se analiza o examina es lo meramente formal. Mi opinión --y en eso coincido con quienes así lo ven y me lo han dicho-- es que en lo formal algo es lo que ha cambiado pero esos cambios nada tienen que ver con lo de fondo que, en general, permanece intacto.
De 1986 a la fecha quienes nos han gobernado, formalmente, no son los mismos que lo hicieron de 1954 a 1963 y los gobiernos militares y contrainsurgentes que usurparon por la fuerza el poder durante los 22 años siguientes, son la continuación del entreguismo liberacionista, la corrupción del ydigorismo y la política de represión y terror gubernamental contra el pueblo.
La represión y el terror gubernamental como forma de gobierno (1954 – 1963) dio paso a la institucionalización de la contrainsurgencia y el terrorismo como política de Estado (1963 – 1986) y que, estrictamente hablando, no se desmontó después. Se ha seguido aplicando a través de otras formas y por otros medios.
Dicho en otros términos, a partir de la intervención estadounidense se ha institucionalizado una sucesión gubernamental que corresponde, en general, a los mismos intereses de clase de las élites oligárquicas y patronales locales y del imperialismo estadounidense.
En tales condiciones, nuestra lucha social y popular, progresista y revolucionaria, se libra en las más duras condiciones de clandestinidad a partir del momento mismo en que se consuma la intervención estadounidense, da un salto de calidad con el desencadenamiento en 1960 de la lucha armada popular y revolucionaria y alcanza su punto más alto de auge, avance y desarrollo, ampliación y profundidad, unidad y representatividad con la constitución de URNG en febrero de 1982 y la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996.
Los monopolios estadounidenses que con la reacción conservadora local fraguaron los más de 30 complots contra el presidente Arévalo y montaron, patrocinaron y llevaron a cabo la intervención extranjera al país, son los mismos que impusieron, después, a gobernantes militares de fuerza, contrainsurgentes.
Los monopolios estadounidenses de entonces pasan a ser las grandes transnacionales de la época del neoliberalismo y la globalización y las élites oligárquicas y patronales locales de ahora, en el fondo, en nada se diferencian de la reacción conservadora de aquellos años.
Transnacionales y élites oligárquicas y patronales locales vienen a ser y son la continuación de la dependencia y dominación imperial y el conservadurismo reaccionario de antes, a través del libre mercado, la competitividad y el consumismo, la integración regional neocolonizadora y el asimétrico tratado de libre comercio.
Sin ir muy lejos, la democracia actual es, al igual que la que se dijo institucionalizar en 1956 y 1965, una democracia representativa, formal y de 1986 a nuestros días, el sistema gobernante y político, de partidos y votaciones reproduce el deterioro a que se llegó en los 32 años anteriores, acentuando y agravando la crisis institucional y de gobierno. En lo institucional y gubernamental, en el fondo, nada ha cambiado.
Y si de los partidos algo se quisiera decir bastaría referir lo cuestionado que están y su manifiesta incapacidad en el ejercicio y práctica del qué hacer político, oportunismo, corrupción y transfuguismo e instrumento de la derechización del país.
En consecuencia y en lo positivo que pudiera ocurrir, todo indica que sean los resultados que sean y sea quien sea el que asuma la más alta magistratura el 14 de enero, las votaciones del 11 de septiembre, podrían ser el último eslabón de la cadena de dominación reaccionaria y conservadora local y la dependencia imperial.Ello depende del voto ciudadano, social y popular que, al cuestionar en las urnas la caduca y agotada institucionalidad vigente y lo estructural y de fondo, pasaría a ser la más legítima manifestación de la toma de conciencia de que es por eso que estamos como estamos a la vez que haría posible pasar a una etapa superior de lucha por los cambios de fondo que nuestro país necesita y no de los de forma que para lo único que han servido es para que todo siga igual o tienda a empeorar aún más.
jueves, 2 de junio de 2011
A media semana
Algo más acerca de el porqué
estamos como estamos
Si nuestra historia institucional se pudiera representar gráficamente mediante una línea que abarcara los 80 años más recientes y principiara a partir del primer período de gobierno del dictador Jorge Ubico (febrero de 1931) y continuara con sus reelecciones siguientes --la última de las cuales concluyó con su renuncia (1 de julio de 1944)--, lo que mostraría sería una tendencia hacia abajo cada vez más pronunciada y que vuelve a repetirse diez años después dando comienzo al prolongado período que se prolonga hasta hoy.
La excepción lo constituye la década democrática, revolucionaria y progresista durante la que destaca el significativo ascenso, avance y consistencia que en lo institucional se inaugura con la gestión de la Junta cívico militar (20 de Octubre de 1944 – 1 de marzo de 1945), continúa durante el gobierno democrático del doctor Juan José Arévalo (1 de marzo de 1945 – 1 de marzo de 1951) y se profundiza y avanza en el curso del gobierno revolucionario, popular y progresista del coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1 de marzo de 1951 – 27 de junio de 1954) interrumpido violentamente --como todo el mundo lo sabe o debería saber-- a raíz de la intervención norteamericana a nuestro país.
De 1954 a la fecha, la institucionalidad en Guatemala se caracteriza por sucesivos períodos gubernamentales fáciles de identificar por lo que negativamente han significado para el país y nuestro pueblo y lo que tienen en común e identifica. En lo formal, es posible encontrar alguna diferencia. En el fondo, no la hay. Los seis sucesivos períodos (1954 - 1958, 1958 - 1963, 1963 - 1966, 1966 - 1982, 1982 - 1985 y 1985 a la fecha), como se dice, están cortados con la misma tijera y según un mismo molde.
Esto significa un retroceso y deterioro institucional, su debilitamiento, agotamiento y caducidad que se acentúa, agrava y profundiza con cada período que sucede al anterior. La tendencia que aquella línea imaginaria reflejaría sería de un continuado y pronunciado descenso que, para entenderlo y explicar, hay que tener en cuenta el origen, naturaleza y carácter de las tres Constituciones emitidas, el momento en que fueron decretadas, sancionadas y promulgadas y la derogatoria de dos de ellas a raíz de los golpes militares de 1963 y 1982.
En efecto, a lo largo de estos 57 años, es en tres sucesivas normativas constitucionales que se ha institucionalizado un sistema social excluyente y discriminatorio, el modelo económico neoliberal y globalizador y el régimen gobernante y de partidos vigente. En lo económico y social tanto como en lo político, electoral y gubernamental, el país ha retrocedido y todo ha ido cada vez más para peor.
Sus antecedentes, explicación y razón de ser, no son difíciles de ubicar. Qué otra explicación puede tener que esas tres Constituciones hayan sido decretadas, sancionadas y promulgadas por constituyentes designados o “electos” en situaciones de hecho, bajo gobernantes de facto al servicio y conveniencia de los poderes económicos y sus élites privilegiadas dominantes cuyos intereses de clase corresponden a los del cada vez reducido número de potentadas familias que son las que detentan y ejercen el poder real, están por encima de las instituciones y en su conservadorismo a ultranza deciden lo que no hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer.
Tal es el escenario en que tendrán lugar las votaciones generales del 11 de septiembre y en las que lo que en realidad está en disputa son los intereses en pugna de los potentados locales de siempre, los poderes paralelos ya configurados y los emergentes, el crimen organizado y el narcotráfico. Los resultados, sean los que sean, en nada cambiarán el estado actual de cosas. Al contrario, tenderán a agravar y profundizar nuestra ya tan precaria y debilitada institucionalidad, el modelo económico también ya agotado y en crisis y el sistema político, de votaciones y partidos que ya no da para más.
En tales condiciones, lo que crítica y autocríticamente cabe preguntarse es por qué, desde la izquierda, se ha perdido tanto tiempo y dificultado más de la cuenta sentar las bases organizativas y políticas a fin de unitariamente construir la alternativa real de poder capaz de convocar, movilizar y organizar la lucha de todo el pueblo a favor de la refundación del país, la nación, la República y el Estado. A mí me parece, entonces, que ha llegado el momento de definir cómo ejercer el voto ciudadano y popular y, a partir de ahí, trabajar y luchar para alcanzar el objetivo estratégico que, para la etapa actual, pasa a ser la cuestión principal.
estamos como estamos
Si nuestra historia institucional se pudiera representar gráficamente mediante una línea que abarcara los 80 años más recientes y principiara a partir del primer período de gobierno del dictador Jorge Ubico (febrero de 1931) y continuara con sus reelecciones siguientes --la última de las cuales concluyó con su renuncia (1 de julio de 1944)--, lo que mostraría sería una tendencia hacia abajo cada vez más pronunciada y que vuelve a repetirse diez años después dando comienzo al prolongado período que se prolonga hasta hoy.
La excepción lo constituye la década democrática, revolucionaria y progresista durante la que destaca el significativo ascenso, avance y consistencia que en lo institucional se inaugura con la gestión de la Junta cívico militar (20 de Octubre de 1944 – 1 de marzo de 1945), continúa durante el gobierno democrático del doctor Juan José Arévalo (1 de marzo de 1945 – 1 de marzo de 1951) y se profundiza y avanza en el curso del gobierno revolucionario, popular y progresista del coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1 de marzo de 1951 – 27 de junio de 1954) interrumpido violentamente --como todo el mundo lo sabe o debería saber-- a raíz de la intervención norteamericana a nuestro país.
De 1954 a la fecha, la institucionalidad en Guatemala se caracteriza por sucesivos períodos gubernamentales fáciles de identificar por lo que negativamente han significado para el país y nuestro pueblo y lo que tienen en común e identifica. En lo formal, es posible encontrar alguna diferencia. En el fondo, no la hay. Los seis sucesivos períodos (1954 - 1958, 1958 - 1963, 1963 - 1966, 1966 - 1982, 1982 - 1985 y 1985 a la fecha), como se dice, están cortados con la misma tijera y según un mismo molde.
Esto significa un retroceso y deterioro institucional, su debilitamiento, agotamiento y caducidad que se acentúa, agrava y profundiza con cada período que sucede al anterior. La tendencia que aquella línea imaginaria reflejaría sería de un continuado y pronunciado descenso que, para entenderlo y explicar, hay que tener en cuenta el origen, naturaleza y carácter de las tres Constituciones emitidas, el momento en que fueron decretadas, sancionadas y promulgadas y la derogatoria de dos de ellas a raíz de los golpes militares de 1963 y 1982.
En efecto, a lo largo de estos 57 años, es en tres sucesivas normativas constitucionales que se ha institucionalizado un sistema social excluyente y discriminatorio, el modelo económico neoliberal y globalizador y el régimen gobernante y de partidos vigente. En lo económico y social tanto como en lo político, electoral y gubernamental, el país ha retrocedido y todo ha ido cada vez más para peor.
Sus antecedentes, explicación y razón de ser, no son difíciles de ubicar. Qué otra explicación puede tener que esas tres Constituciones hayan sido decretadas, sancionadas y promulgadas por constituyentes designados o “electos” en situaciones de hecho, bajo gobernantes de facto al servicio y conveniencia de los poderes económicos y sus élites privilegiadas dominantes cuyos intereses de clase corresponden a los del cada vez reducido número de potentadas familias que son las que detentan y ejercen el poder real, están por encima de las instituciones y en su conservadorismo a ultranza deciden lo que no hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer.
Tal es el escenario en que tendrán lugar las votaciones generales del 11 de septiembre y en las que lo que en realidad está en disputa son los intereses en pugna de los potentados locales de siempre, los poderes paralelos ya configurados y los emergentes, el crimen organizado y el narcotráfico. Los resultados, sean los que sean, en nada cambiarán el estado actual de cosas. Al contrario, tenderán a agravar y profundizar nuestra ya tan precaria y debilitada institucionalidad, el modelo económico también ya agotado y en crisis y el sistema político, de votaciones y partidos que ya no da para más.
En tales condiciones, lo que crítica y autocríticamente cabe preguntarse es por qué, desde la izquierda, se ha perdido tanto tiempo y dificultado más de la cuenta sentar las bases organizativas y políticas a fin de unitariamente construir la alternativa real de poder capaz de convocar, movilizar y organizar la lucha de todo el pueblo a favor de la refundación del país, la nación, la República y el Estado. A mí me parece, entonces, que ha llegado el momento de definir cómo ejercer el voto ciudadano y popular y, a partir de ahí, trabajar y luchar para alcanzar el objetivo estratégico que, para la etapa actual, pasa a ser la cuestión principal.
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