El asalto y control absoluto
del Estado
Luego de haber
leído el extenso reportaje acerca de Los
hechos históricos y datos básicos del país (que) pasan desapercibidos (LA HORA, 3 de octubre de 2014), aunque nada
de fondo y sustancial opinen los expertos consultados, confirma la necesidad de
referirse, cuantas veces sea necesario, a nuestra historia reciente y a sus
causas, efectos y consecuencias. No importa que, al hacerlo, haya quienes
consideren que es “una pérdida de tiempo” o que “no es necesario” ocuparse de
ello.
Quienes así “piensan” parecen no tener
en cuenta o no entender que sólo conociendo nuestro pasado es como se puede
interpretar y explicar lo que está aconteciendo en el momento actual. No es una
cuestión meramente de lógica. Es una cuestión metodológica y es a los
historiadores y a los que nos ocupamos de entender y caracterizar el pasado,
estudiarlo y analizarlo a fin de que no nos sorprenda lo que suceda en el
corto, mediano o largo plazo.
En tal sentido, hay que insistir en que
los 28 años de nuestra historia reciente han sido funestos, como funesta es la
época que se inicia con la intervención norteamericana al país en junio de 1954
y que se prolonga y continúa hasta la llamada apertura democrática en 1986.
Ninguno de los gobernantes que han detentado o asumido el poder político ha
beneficiado a nuestro pueblo y a nuestro país. Lo frecuente es que a un mal
gobernante le suceda otro peor.
El momento por el que actualmente está
atravesando el país es de lo más grave y peligroso. Es resultado, efecto y
consecuencia de la acumulación de problemas económicos, sociales, políticos e
institucionales no resueltos, de las imprevisiones y contradicciones en el
texto constitucional vigente, del neoliberalismo a ultranza, de la abismal
desigualdad económica y social prevaleciente, de la discriminación y
criminalización del descontento e indignación social, de la ingobernabilidad y
prolongada crisis institucional.
A lo anterior hay que agregar el asalto
y control absoluto del Estado por la cúpula militar en el Gobierno, más de un
sector del empresariado organizado, las mal ideadas y peor integración de las
Comisiones de Postulación, los financistas del partido gobernante y los poderes
paralelos.
Es este un proceso ilegal e
inconstitucional. El partido en el gobierno y sus operadores políticos se han
encargado de irlo consumando. Arranca con la designación de la actual Fiscal
del Ministerio Público, MP, y prosigue con la integración del Tribunal Supremo
Electoral, TSE; la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
CSJ, y de las Salas de Apelaciones; la designación del Presidente del Banco de
Guatemala, BANGUAT, y de la Junta Monetaria, JM.
Todo indica y apunta que continúe con la
elección del Presidente de la CSJ y del Organismo Judicial, OJ; del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, CGC; del Director de la Defensoría Pública
Penal, DPP, y concluya con la elección de Magistrados de la Corte de
Constitucionalidad, CC.
En tales condiciones, que a nadie
extrañe que mediante las votaciones del año entrante, el Partido Patriota
fraudulentamente trate de continuar en el Gobierno y que, con su ahora inescrupuloso
aliado y oportunista enemigo de siempre, el partido LIDER, se proponga
“institucionalizar” un bipartidismo sui géneris y asegurar así la continuidad
de la corrupción e impunidad imperantes.
Tal es, en su conjunto, lo más
característico del momento actual y el peligro principal.
En tales condiciones, corresponde articular
y plantear un nuevo y superior ordenamiento constitucional, funcional,
participativo e incluyente y que, como punto de partida, sea el sustento de las
transformaciones de fondo que viabilicen la institucionalización de nuestra
real y verdadera emancipación nacional, social y popular, y de la otra
Guatemala posible y necesaria.
