El desgaste gubernamental
Desde que el 14 de enero de 2012 el Partido Patriota
(PP) sucedió en el gobierno a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la
situación del país, en general, sigue igual si no es que se ha agravado. Nada
permite prever que las cosas se vayan a arreglar. En 16 meses, la gestión
gubernamental del partido oficial se ha desgastado en forma acelerada.
Viendo las cosas lo más objetivamente posible, puede
decirse que el país está ante un cada vez más agravado desgaste institucional,
y que el desgaste institucional es consecuencia de la composición e integración
del equipo de gobierno y sus limitaciones en el desempeño de sus atribuciones
administrativas y de gobierno.
La integración y composición del equipo de gobierno
--para decirlo comedidamente--, deja mucho qué desear. La mayoría de
funcionarios no se caracteriza por su capacidad y competencia; se pone en duda
su solvencia, idoneidad y transparencia.
Es de lo más frecuente que se insista y hable de la
corrupción y tráfico de influencias, el enriquecimiento de funcionarios y
financistas de campaña, los contratos, negocios y compras carentes de
transparencia, de las concesiones o usufructos lesivos para el país.
Sería extraño que se dejara de señalar la tendencia gubernamental
a reprimir la protesta social, la militarización del país y el autoritarismo,
la desatención a las necesidades de la
población más necesitada, a la educación pública y a la salud y la
ineficacia y clientelismo de los programas sociales.
En lo económico y social, la debilidad principal del
gobierno consiste en el errático manejo de la economía y las finanzas, su
incierto comportamiento, una reforma tributaria aprobada a toda prisa, la
pésimamente convenida composición y distribución del presupuesto, el desmedido
endeudamiento, la imposibilidad de concretar una política integral de combate a
la pobreza y la pobreza extrema, la no solución de la inequitativa distribución
y explotación de la tierra, la entrega de los recursos no renovables a empresas
extranjeras, el desempleo y los bajos salarios.
En lo administrativo, su debilidad principal está en
la corrupción e impunidad, la toma de decisiones e iniciativas improvisadas y
precipitadas, la destitución forzada de funcionarios sindicados de corrupción o
incompetencia y su sustitución por quienes se duda de su idoneidad y
competencia.
En lo político e institucional, se está ante el
acelerado desgaste del partido gobernante, sus contradicciones no resueltas, la
incapacidad y falta de voluntad para resolver los conflictos sociales. El
narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común, es una piedra más
en el zapato de quienes gobiernan.
En su conjunto, estos componentes debilitan y limitan
el poder político y gubernamental. A sus causas y consecuencias, no me refiero
por ahora. En todo caso, lo descrito permite tener una idea aproximada de la
gravedad de la situación. Ningún distractor político, publicitario o mediático,
invisibiliza la situación en que se está.
La implantación del Estado de Sitio en dos municipios
de Jalapa y dos de Santa Rosa el 2 de mayo, resultó ser una disposición
gubernamental de facto, en el vacío. Con su sustitución (ocho
días después), por el Estado de Prevención, se continúa protegiendo a la mina
San Rafael, acosando a los líderes comunitarios y amedrentando a la población.
Cabe preguntarse,
entonces, si es así como hay que manejar las crisis y como hay que gobernar al
país.
