A media semana

Antes, ahora y después
del 14 de abril


Meses antes de las votaciones de 2011me referí a que --independientemente de los resultados de la segunda vuelta-- el período presidencial a iniciarse el 14 de enero de 2012 sería el último eslabón de la cadena institucional de la llamada transición democrática iniciada en 1986.

Lo que ha estado aconteciendo a partir del 14 de abril confirma lo previsto en aquél entonces y es así a causa y consecuencia de la acumulación, desgaste, agotamiento y caducidad de la estructura económica y social, el sistema político, institucional y de gobierno y la errática gestión de seis gobernantes sucesivamente "electos" a partir de 1985.

En lo político, institucional y gubernamental a un presidente considerado como el peor que haya tenido el país le sucede otro mucho peor y esto es así como resultado de unas votaciones y un sistema de partidos excluyente y el asalto y secuestro del Estado por la corrupta y mezquina élite oligárquica, el empresariado organizado, sucesivas camarillas de militares en activo o en situación de retiro, advenedizos y corruptores financistas de campaña, ONGs y contratistas de obras, estructuras delincuenciales, redes de corrupción y el crimen organizado.

Puede decirse entonces que es por ello que el país ha ido cada vez más de mal en peor y que el modelo económico y social impuesto y el sistema institucional, político y gubernamental tienden, en general, a agotarse, caducar y colapsar. En consecuencia, puede decirse que:

Uno. No es sólo la sucesiva acumulación, prolongación y agravamiento de la crisis política, institucional y gubernamental lo predominante sino que, además, el sistema y modelo impuesto no da ya para más, tiende a agotarse y caducar, y no es por esa vía que se asegura y garantiza el desarrollo y progreso del país, en beneficio de la mayoría de la población.

Dos. El período gubernamental de Pérez Molina es la culminación del perverso proceso de acumulación de la corrupción y la impunidad desde el poder y, a la vez, del agotamiento, desgaste y colapso del sistema político, institucional y gubernamental y del modelo económico y financiero. La corrupción e impunidad es sólo la punta del iceberg.

Tres. Lo que sale a luz a raíz de lo develado por la CICIG y el MP al medio día de este viernes 21, marca el comienzo del fin del último eslabón de la cadena institucional de la transición democrática y el inminente derrumbe de la corrupta administración presidida por Pérez Molina.

Y, cuatro. Así como se avizora una esperanzadora luz al final del túnel, también hay que tener en cuenta y considerar los riesgos y peligros reales y potenciales. Tres, son los principales:

1) El que advierte Pedro Pablo Marroquín Pérez en su artículo sobre La propuesta ingenua de principios de la semana pasada (Diario La Hora, 17 de agosto de 2015); 2) validar las votaciones del 6 de septiembre optando, una vez más, por el menos peor; y, 3) no establecer e identificar a otros funcionarios o ex funcionarios y grandes empresarios comprometidos en actos de corrupción y deducir las responsabilidades penales que corresponden.

En consecuencia, es otro el camino a recorrer para empezar a abrirle paso a la institucionalización y legitimación de los cambios estructurales, de fondo, de raíz, que el país necesita... YA!

Y, lo principal: primero, impedir que el sistema "asegure" y "garantice" su continuidad y prolongación; segundo, salirle al paso y denunciar cualquier intento de golpe de Estado o autogolpe y, de consumarse, llamar a la desobediencia civil y la resistencia ciudadana, democrática y popular; tercero, no dejarse provocar e intimidar; cuarto, retirarle sin más demora la inmunidad al hasta hoy todavía presidente Pérez Molina; y, quinto, con base en el contenido sustantivo e integral de los Acuerdos de Paz, empezar a resolver a fondo, de raíz, la crisis estructural, política, institucional y gubernamental a que irresponsable, impune y corruptamente se ha ido orillando al país en estos 30 años.

A media semana

Antes, ahora y después
del 14 de abril


Meses antes de las votaciones de 2011me referí a que --independientemente de los resultados de la segunda vuelta-- el período presidencial a iniciarse el 14 de enero de 2012 sería el último eslabón de la cadena institucional de la llamada transición democrática iniciada en 1986.

Lo que ha estado aconteciendo a partir del 14 de abril confirma lo previsto en aquél entonces y es así a causa y consecuencia de la acumulación, desgaste, agotamiento y caducidad de la estructura económica y social, el sistema político, institucional y de gobierno y la errática gestión de seis gobernantes sucesivamente "electos" a partir de 1985.

En lo político, institucional y gubernamental a un presidente considerado como el peor que haya tenido el país le sucede otro mucho peor y esto es así como resultado de unas votaciones y un sistema de partidos excluyente y el asalto y secuestro del Estado por la corrupta y mezquina élite oligárquica, el empresariado organizado, sucesivas camarillas de militares en activo o en situación de retiro, advenedizos y corruptores financistas de campaña, ONGs y contratistas de obras, estructuras delincuenciales, redes de corrupción y el crimen organizado.

Puede decirse entonces que es por ello que el país ha ido cada vez más de mal en peor y que el modelo económico y social impuesto y el sistema institucional, político y gubernamental tienden, en general, a agotarse, caducar y colapsar. En consecuencia, puede decirse que:

Uno. No es sólo la sucesiva acumulación, prolongación y agravamiento de la crisis política, institucional y gubernamental lo predominante sino que, además, el sistema y modelo impuesto no da ya para más, tiende a agotarse y caducar, y no es por esa vía que se asegura y garantiza el desarrollo y progreso del país, en beneficio de la mayoría de la población.

Dos. El período gubernamental de Pérez Molina es la culminación del perverso proceso de acumulación de la corrupción y la impunidad desde el poder y, a la vez, del agotamiento, desgaste y colapso del sistema político, institucional y gubernamental y del modelo económico y financiero. La corrupción e impunidad es sólo la punta del iceberg.

Tres. Lo que sale a luz a raíz de lo develado por la CICIG y el MP al medio día de este viernes 21, marca el comienzo del fin del último eslabón de la cadena institucional de la transición democrática y el inminente derrumbe de la corrupta administración presidida por Pérez Molina.

Y, cuatro. Así como se avizora una esperanzadora luz al final del túnel, también hay que tener en cuenta y considerar los riesgos y peligros reales y potenciales. Tres, son los principales:

1) El que advierte Pedro Pablo Marroquín Pérez en su artículo sobre La propuesta ingenua de principios de la semana pasada (Diario La Hora, 17 de agosto de 2015);
2) validar las votaciones del 6 de septiembre optando, una vez más, por el menos peor; y, 3) no establecer e identificar a otros funcionarios o ex funcionarios y grandes empresarios comprometidos en actos de corrupción y deducir las responsabilidades penales que corresponden.

En consecuencia, es otro el camino a recorrer para empezar a abrirle paso a la institucionalización y legitimación de los cambios estructurales, de fondo, de raíz, que el país necesita... YA!

Y, lo principal: primero, impedir que el sistema "asegure" y "garantice" su continuidad y prolongación; segundo, salirle al paso y denunciar cualquier intento de golpe de Estado o autogolpe y, de consumarse, llamar a la desobediencia civil y la resistencia ciudadana, democrática y popular; tercero, no dejarse provocar e intimidar; cuarto, retirarle sin más demora la inmunidad al hasta hoy todavía presidente Pérez Molina; y, quinto, con base en el contenido sustantivo e integral de los Acuerdos de Paz, empezar a resolver a fondo, de raíz, la crisis estructural, política, institucional y gubernamental a que irresponsable, impune y corruptamente se ha ido orillando al país en estos 30 años.

A media semana

Algo más sobre el
ordenamiento constitucional

La Constitución de 1956 fue discutida, aprobada y emitida cuando el país estaba en manos del liberacionismo anticomunista encabezado por un gobernante que se valió de un plebiscito mediante el que obligó a los ciudadanos a que de viva voz expresaran si estaban o no de acuerdo con que pasara a asumir el cargo como presidente de la República. Castillo Armas, encabezó la intervención norteamericana y fue así como trató de legitimarse en el poder.

La de 1965 se emitió después del golpe de Estado militar de 1963. Los constituyentes que la discutieron y aprobaron fueron electos cuando el país estaba bajo la vigencia de un Estatuto Político y sin ninguna posibilidad ni condiciones para que el voto se ejerciera libremente. La de 1986, actualmente vigente, se promulgó cuatro años después del golpe de Estado de 1982.

En situaciones de facto las normativas constitucionales promulgadas devienen en preceptos en los que lo que prevalece es la defensa, tutela y salvaguarda de los intereses de quienes están en el poder, son vulnerados y pisoteados los más elementales derechos de la población y no se garantizan ni preservan los derechos de las mayorías. En tales condiciones, la libertad y la democracia así instituidas es para beneficio e interés de quienes gobiernan y de quienes los han impuesto.

Esos intereses y privilegios, en el caso de la de 1956, no son otros que los de los terratenientes semifeudales y los de la United Fruit Company. En la de 1965, son los ya entonces intereses y privilegios de los empresarios y potentados herederos de aquél agotado modelo explotador de los terratenientes semifeudales.

En el caso de la actualmente vigente, constitucional e institucionalmente lo que se defiende, tutela y salvaguarda son los intereses de los dueños del gran capital bancario y financiero en el que se fusionan los intereses y privilegios de la agro exportación monocultivista, la no desarrollada ni próspera industria, el comercio y los servicios, y las transnacionales dedicadas a la explotación minera, los hidrocarburos y la energía eléctrica.

Es decir, el régimen constitucional vigente tutela y salvaguarda los intereses y privilegios de un puñado de potentados que en realidad mandan y deciden lo que hay que hacer en el país. Corresponde a un modelo depredador, saqueador y diseñado para que a la gran mayoría de la población se le superexplote, sea víctima de la represión, persecución y criminalización, se expropie y desaloje de sus tierras a los campesinos y comunidades indígenas, se privaticen los recursos estratégicos de la Nación, prevalezca la libre empresa, el libre comercio, la economía de mercado y la propiedad privada.

El Estado deviene en un Estado subsidiario y las instituciones se administran gerencialmente. En otras palabras, en el régimen constitucional vigente, en lo económico, financiero y social, está el fundamento y legitimación del neoliberalismo y la globalización como política de Estado y que, como tal, es un modelo agotado, caduco y en descomposición.

Una institucionalidad así ideada, en consecuencia, no garantiza ni asegura el avance y desarrollo del país. Además, resulta vulnerable y violentada a causa de las contradicciones y disputas que se derivan del asalto y secuestro del Estado por el poder económico hegemónico y su empresariado organizado, la corrupción, la impunidad, las mafias, los poderes fácticos, los grupos paralelos y toda clase de corruptores y advenedizos financistas de campaña.

En estas condiciones, el objetivo fundamental en lo institucional, político, gubernamental, económico y social --si es que en verdad se aspira y lucha por cambiar a fondo el estado actual de cosas--, habrá que empezar a hacerlo por lo principal; es decir, restablecer un ordenamiento constitucional que asegure el progreso, el desarrollo y el avance del país, una democracia real, funcional y participativa, un régimen de amplias libertades, inclusión y no discriminación, una Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, y que permita construir la Paz Firme y Duradera convenida y suscrita el 29 de diciembre de 1996.

El ordenamiento constitucional y los cambios que el país necesita

La tan grave crisis política, institucional y gubernamental en que está el país, pone en cuestión y evidencia, a su vez, la crisis que afecta al orden constitucional vigente. Un poco de historia puede que sirva de algo. A partir de 1954 las Cartas Magnas emitidas (1956, 1965 y 1985), son expresión y resultado de la acumulada, continuada y no resuelta crisis del Estado, sus poderes e instituciones.

Su contenido, propósitos y objetivos corresponden a desfasadas y agotadas doctrinas y teorías jurídicas que ni por asomo resumen y desarrollan lo que debería ser el Derecho; es decir, el instrumento por excelencia ( y no el obstáculo) para institucionalizar, legitimar y viabilizar el desarrollo y el progreso del país.

El orden constitucional, después de la Primavera Democrática (1944- 1954), es, además de precario y vulnerable, el obstáculo principal para los cambios que el país necesita. Tanto la Constitución de 1956 como la de 1965 tienen una vigencia breve. La de 1956 es derogada a raíz del golpe militar encabezado por Peralta Azurdia (1963) y, la de 1965, por el golpe de Estado de los militares jóvenes en 1982.

En un valiosísimo ensayo del brillante doctor en Derecho, Adolfo Mijangos López, asesinado por el aranismo en el poder, se dice que la Constitución de 1965 podría correr la misma suerte que la de 1956 y que podría ser derogada por un golpe de Estado militar como en efecto sucedió 12 años después de su entrada en vigencia. No es nada diferente lo que ocurre con la Constitución Política vigente. Ocho años después de ser promulgada se le trata de violentar y suspender.

El intento de auto golpe de Estado de Serrano Elías saca a flote la precariedad de ese orden constitucional y marca el comienzo de la acumulada, prolongada y no resuelta crisis de la denominada transición democrática, transición democrática que en lo institucional no ha sido más que la sucesión de siete gobernantes formalmente electos y uno designado por el Congreso de la República.

En tales condiciones, para quienes son de la opinión que hay que mantener el orden constitucional a como dé lugar, no parecen haberse dado cuenta de que ya fue roto, vulnerado y deslegitimado como consecuencia y resultado del asalto y secuestro del Estado por las mafias, los poderes fácticos, el crimen organizado, el narcotráfico, un puñado de testaferros, empresarios y potentados corruptores, estructuras y bandas paralelas y organizadas.

Se está, además, ante un orden constitucional en el que los tres poderes del Estado, los partidos políticos y las votaciones de cada cuatro años, han sido perversa, corrupta e impunemente convertidos en instrumento de impunidad, para amasar fortunas mal habidas y saquear los bienes y recursos del Estado.

Se está, en consecuencia, ante una contradicción no resuelta y a dirimir entre quienes están comprometidos a mantener el statu quo a como dé lugar y prolongar la agonía de un sistema político e institucional agotado y caduco y quienes ven en el Derecho, en la Doctrina, en la Constitución de la República y en las leyes el instrumento llamado a institucionalizar y legitimar los cambios que el país necesita.

Los cambios que el país necesita no sólo arrancan y pasan por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, menos, como estaban hasta ayer en la más corrupta y cuestionada de las siete más recientes legislaturas. Tampoco pasan por las reformas a otras leyes y, menos, por las votaciones convocadas para el 6 de septiembre... si es que se realizan.

De lo que se trata es de legitimar un orden constitucional que institucional, política, gubernamental, económica y socialmente viabilicen y hagan posible que el país avance, progrese y se desarrolle. De lo contrario, las cosas seguirán como están o tenderán a empeorar aún más.

La crisis política,

institucional y gubernamental (y 4)

El miércoles pasado, luego de enviar mi colaboración semanal para su publicación, me enteré del escandaloso fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de la captura de los más altos directivos y varios empleados de la Institución y dos de los representantes de la Farmacéutica Pisa, S.A., así como de lo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el  Ministerio Público (MP) informaron a medio día y en detalle, en conferencia de prensa. 

El mismo miércoles por la mañana, cinco columnas de comunidades indígenas y de campesinos llegados del interior del país y organizadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), marcharon por las principales calles y avenidas de la capital hasta desembocar en la Plaza de la Constitución.

Frente al Palacio Nacional de la Cultura, exigieron la renuncia de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre, su derecho a acceder a los servicios públicos de salud y educación, llamaron a la unidad del pueblo para salvar al país, la libertad de presos políticos, el cese de la represión y persecución de líderes comunitarios y campesinos, la nacionalización de la energía eléctrica y la convocatoria a una Asamblea constituyente plurinacional e incluyente a fin de refundar políticamente el Estado. (La Hora, 20 de mayo de 2015).

En otros medios, sospechosamente se ninguneó esta pacífica y masiva demostración o no se destacó e ignoró la importancia de sus demandas, sus exigencias y pancartas. Lo que no se puede ningunear o ignorar es que con las exigencias y demandas planteadas, se cuenta con más elementos para empezar a responder a lo que, con razón, Ollantay Itzamná planteaba respecto a "¿por qué y para quién suenan las cornetas indignadas en las ciudades?" (Rebelión, 18/05/2015).

Entre tanto y al parecer, el Embajador Robinson opta porque Pérez Molina, por el momento, continúe en la Presidencia y, por su parte, la dirigencia del CACIF, apresuradamente, se encarama a lo que se "recomienda" desde la Casa de la Avenida de la Reforma con el deliberado propósito de que a algunos de sus agremiados no se les investigue y deduzcan las responsabilidades que pudieran tener en la defraudación aduanera en la SAT, de los que están siendo investigados y ligados a proceso por el escandaloso fraude en el IGSS y las de quienes resultaran implicados en lo que podría salir a luz en estos días.

Es mucho el significado y más la importancia que tiene la marcha de las comunidades indígenas y de campesinos del 20 de mayo en la ciudad capital y lo que, en perspectiva y proyección, incidirá en el contenido, carácter, avance, desarrollo y profundización de lo planteado y logrado por las clases medias y otros sectores de la población urbana.

Son los vientos reconfortantes de la oleada antigubernamental que conmociona al país y que une, moviliza y organiza la lucha social y popular en torno a: 1) el repudio a la corrupción y la impunidad; 2) la renuncia de Pérez Molina y de Maldonado Aguirre; 3) el cambio radical del sistema político e institucional, el modelo neoliberal y globalizador, egoísta y depredador; 4) contra las votaciones convocadas para el 6 de septiembre, los partidos electoreros tradicionales, las corruptas dirigencias y mafiosos financistas y sus candidatos nominados a dedo ; 5) la refundación política e institucional del Estado, sus organismos e instituciones; 6) la legitimación de la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe; 7) la convocatoria a una Asamblea Constituyente plurinacional e incluyente; y, 8) la instalación de un gobierno de transición, unidad multiétnica y pluricultural y concertación democrática, social y popular.

En estos ocho puntos se fundamenta y sustenta el legítimo, supremo y soberano derecho del pueblo a refundar y restaurar, institucionalmente, el orden constitucional.

La crisis política, institucional

y gubernamental actual (1)

 A manera de introducción a lo que ofrecí que empezaría a tratar el día de hoy, me parece necesario traer a cuenta algunas de las crisis políticas, institucionales y de gobierno que en el siglo pasado y en lo que va del actual han conmocionado al país.

 

La crisis institucional y de gobierno en las postrimerías de la prolongada dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), da paso al repudio y rechazo al tirano que --llegado el momento-- lo obliga a dimitir sin que con su caída nada cambie en el país, a no ser lo meramente formal.

No sucede lo mismo 24 años después.

En 1944, en 92 días (de1 de marzo al 1 de julio)--, culmina lo que hasta entonces parecía "imposible": la renuncia de Ubico después de 14 años de dictadura (1931-1944) y que se viera obligado a "confiar" la continuidad del régimen a un triunvirato de generales que, 112 días después, el 20 de octubre de 1944, sería depuesto por la gesta cívico militar que abre el camino a una década de trascendentales cambios en lo institucional, gubernamental, social, político y económico, sin precedentes.

En el caso de las crisis políticas, institucionales y de gobierno de 1963, 1982 y 1993 éstas se dan en condiciones muy concretas, tienen sus propias causas y su "diferenciado" desenlace.

La "solución" que los militares tratan de imponer con el derrocamiento de Ydígoras Fuentes (1963) y la que también se intenta con el de Lucas García (1982), tienen, en común, el golpe de Estado castrense.

Tampoco sucede lo mismo en 1993. La entente económica-militar, secundada por la sociedad civil, creyó "solventarla" con la defenestración de Serrano Elías y llamar a De León Carpio para que concluyera el período presidencial.

Lo hasta aquí resumido son los antecedentes que la historia registra y que muy bien pueden contribuir a entender, explicar e interpretar lo que está aconteciendo actualmente. La semana pasada decía que tres son las direcciones del posible desenvolvimiento de los acontecimientos y tres los probables desenlaces de la crisis. Lo predominante es la indignación social y popular que en forma tan acelerada y en un período tan corto (del jueves 16 de abril al día de hoy), agita y conmociona al país.

En ese marco, la manifestación de los trabajadores del primero de mayo es una demostración más del ya ahora generalizado rechazo a la corrupción gubernamental, a la impunidad y a la demanda de renuncia de Pérez Molina y Baldetti Elías.

Especial significación tiene, además, lo acontecido la mañana del lunes. En efecto, pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán y vecinos de Sololá bloquearon la Ruta Interamericana en la emblemática Cumbre de Alaska, en Santa Catarina Ixtahuacán, en Cuatro Caminos y en San Francisco El Alto. Simultáneamente, sus representantes acudieron al Congreso de la República a solicitar que se le retire la inmunidad a Pérez Molina y Baldetti Elías para que sean investigados por las denuncias de malos manejos de fondos públicos. (La Hora y elPeriódico, 4 y 5 de mayo de 2015, respectivamente).

En tales condiciones, los asesores del gobernante y la inteligencia civil y militar, no parecen saber qué hacer para administrar la crisis y, menos, para resolverla. Cada distractor y maniobra a que recurren, se les revierte. No otro significado tiene lo de la "comisión de notables" para "reformar la SAT" que anunció el mandatario. Tres de ellos, habían aceptado el encargo; uno, lo rechazó. Ahora resulta que ya no será conformada y que, por su lado, "los notables" definirán una propuesta.

En todo caso, se engañan y equivocan quienes piensan y quisieran que el tiempo estuviera a favor del gobierno, que el cansancio acabe por agotar a los manifestantes y que la indignación y repudio social y popular no pase de ser más que una llamarada de tuzas.

Ya se verá si esto resulta siendo así y qué es lo que pasará de aquí al 16 de mayo, del 16 de mayo al 6 de septiembre y... después del 6 de septiembre.

 

 La crisis política, institucional

y gubernamental actual (2)

La crisis actual es parte y continuación de la acumulada y prolongada crisis política, institucional y gubernamental de las tres décadas más recientes. En lo que va de este siglo, al igual que la de 2003 y de la de 2009, es de carácter político, institucional y gubernamental. Lo que la diferencia es que podría ser, como en reiteradas oportunidades lo he dicho, el último eslabón de "la transición a la democracia".

Lo que todavía no es posible prever es hasta dónde puede llegar, cuál puede ser el posible curso y desenvolvimiento de los acontecimientos y su probable desenlace. De lo que sí se puede estar seguro es que las cosas ya no podrán seguir siendo como estaban hasta antes del jueves 16 de abril. Esto, por un lado.

Por el otro, con la información y opiniones con que se cuenta y, sobre todo, lo que ocurre a partir del 16 de abril, es posible caracterizar lo que sucede y se decide en "las alturas" del miércoles pasado al día de hoy, lo que hay detrás y lo que se trata de conseguir.

Uno, el empresariado organizado, por encargo de la élite del poder (el G1+8+4 y la ultra castrense), el pasado miércoles 6, asegura "secundar" el rechazo a la corrupción y "exige" la renuncia de la vice presidenta; dos, ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia decide darle trámite a la solicitud de antejuicio contra la señora Baldetti Elías; tres, al día siguiente, el Congreso procede a integrar la comisión pesquisidora; cuatro, el viernes 8, en horas de la tarde, se da a conocer la renuncia de la vice presidenta; cinco, el sábado 9 el Congreso la acepta; y, seis, el día de ayer, el presidente Pérez Molina modifica la propuesta de terna que había enviado el lunes, para que el Congreso designe a quien habrá de ocupar la vicepresidencia.

¿Qué es lo que hay detrás de todo ello y qué es lo que se persigue?

Lo que está detrás y el gobierno trata de "conseguir" es primero, distraer la atención de lo principal a resolver; segundo, ganar tiempo; y, tercero, que nada cambie y todo siga igual, como en 1993. Es resultado, a la vez, de perversas  componendas urdidas con el deliberado propósito de que el descontento e indignación social y popular se aplaque, diluya y desvanezca. Corresponde, además, a lo que "se recomienda" desde la casa de la Avenida de la Reforma.

En tales condiciones, la renuncia de la vice presidenta le da un vuelco a la situación en general y al momento en particular, acelera y profundiza el debilitamiento, desprestigio, acorralamiento y desesperación del gobierno, las contradicciones en el gabinete y el desmoronamiento y debacle del partido oficial.

En efecto, a partir de la tarde del viernes 8, lo que comienza el 25 de abril en la Plaza de la Constitución como una demostración de indignación y repudio a la corrupción gubernamental, da un salto de calidad y contenido: pasa a ser un movimiento de lucha política, cívico-ciudadana, antigubernamental, contra la corrupción, el despilfarro de bienes y recursos del Estado, las mafias y grupos ilegales paralelos, el sistema político, económico, social, "electoral" y de partidos, las votaciones convocadas para el 6 de septiembre y por la depuración del Congreso de la República y el Organismo Judicial.

Lo que probablemente ya haya decidido el Congreso respecto a quién habrá de ocupar la vice presidencia, ni resuelve la crisis gubernamental e institucional ni garantiza el retorno a la estabilidad, la gobernabilidad y el llamado estado de derecho.

No son las componendas "en las alturas" lo que va a decidir el curso de los acontecimientos ni la solución de la crisis. Lo decisivo y determinante, es la voluntad, conciencia, disposición y decisión de lucha de los indignados en las calles, avenidas y carreteras del país.

La experiencia enseña que al fragor de la lucha el liderazgo se gesta, surge y le corresponde encabezar la hazaña de empezar a construir el otro país posible y garantizar al pueblo su derecho a una vida mejor, a vivir bien.

La crisis política, institucional

y gubernamental (3)

La semana pasada decía que a partir del viernes 8 de mayo, la situación en general y el momento en particular, dio un vuelco, que las cosas ya no podían estar como hasta el jueves 16 de abril y que lo que empezó como una manifestación de indignación y repudio a la corrupción gubernamental pasó a convertirse en demostraciones masivas de carácter y contenido anti gubernamental.

Es esta la tendencia que tiende a acentuarse. Lo confirma la impresionante Marcha del 16 de mayo en la Plaza de la Constitución y las que tuvieron lugar en doce de las cabeceras departamentales más importantes del país.

Se trata de movilizaciones espontáneas, masivas, pacíficas y, en su diversidad, unitarias, incluyentes. En ellas participan las clases medias, mujeres, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, sectores sociales y populares del campo y la ciudad, comunidades campesinas y pueblos indígenas que, unánimemente, exigen la renuncia de Pérez Molina y, como una sola voz, repudian al Organismo Legislativo y la corrupción en el Poder Judicial, rechazan a candidatos presidenciales, a los partidos electoreros y a las votaciones convocadas para septiembre.

Esta indignación social y popular es un movimiento inédito que tiende a ampliarse y la exigencia más sentida a centrarse en lo fundamental: el cambio profundo del sistema.

No resulta extraño ni sorprende que, en tales condiciones, mediante maniobras disfrazadas de propuestas haya quienes planteen la reforma de algunas leyes y aseguren que es así como se "garantiza" el retorno a la gobernabilidad y a la institucionalidad, la "depuración" de las instituciones y poderes del Estado y el restablecimiento y consolidación de "la democracia".

Para quienes así lo proponen, esto "permitiría" darle una salida "institucional" a la crisis y quienes los secunden no parecen darse cuenta que es, además de una propuesta inviable, tramposa.

Cómo no percatarse de su inviabilidad si las reformas de las leyes en cuestión quedarían en manos de una de las legislaturas más corruptas de estos 30 años. Figuradamente puede decirse que equivale a darle la llave al saqueador y encargarle que "legisle" en favor del manejo probo, honesto y solvente de los bienes del Estado y que un puñado de tránsfugas "reforme" la Ley Electoral y de Partidos. Precipitadamente y sin pensarlo dos veces, los de la bancada Lider, los de la del PP y los de la UNE, aseguran que cuentan con los votos suficientes para hacerlo.

Está de lo más claro y es de lo más evidente el deliberado y desfasado propósito de preservar, darle continuidad y oxigenar el colapsado sistema político, institucional y gubernamental y que lo así planteado es sólo una parte de la hoja de ruta trazada en la Casa de la Avenida de la Reforma para paliar la crisis.

Esta hoja de ruta arranca con la obligada renuncia de la vice presidente, continúa con la cuestionada designación de Alejandro Maldonado Aguirre como vice presidente, prosigue con lo informado por la encargada de prensa de la Embajada estadounidense acerca de la cancelación de visa a algunos funcionarios y ex funcionarios, da paso al tardío reconocimiento de Pérez Molina de que "es el sistema lo que está mal y que es lo que hay que cambiar", a su igualmente tardía "decisión" de rescindir algunos de los contratos lesivos para el país y que continuará con lo que el CACIF proponga como "suyo"... y aparecer así como los que están "decidiendo" el curso de los acontecimientos.

Entre tanto, la situación para el gobierno es insostenible, mayor su desprestigio, debilidad y aislamiento. Para el partido oficial, la Asamblea General del domingo, lo pone al borde del colapso, de su desaparición y ante la imposibilidad real de seguir gobernando.

Cuando los acontecimientos están en desarrollo, nada se puede dar por definitivo. En nuestro caso, los acontecimientos registrados hasta hoy y lo que ocurra de aquí en adelante, ayudará a definir --para decirlo con palabras de Raúl Zibechi--, lo que realmente está sucediendo "ante nuestros ojos" y si se está ante "una crisis mayor" o ante el colapso del sistema. (Continuará)