lunes, 7 de abril de 2014

A media semana



Elecciones y votaciones,
en nuestro país (1)

Ricardo Rosales Román
\ Carlos Gonzáles  \

Cuando ya había terminado de redactar la columna de hoy, fui informado del fallecimiento, la tarde de ayer, del doctor Carlos González Orellana. Nuestro país pierde a un valioso y ejemplar ciudadano, íntegro, honesto y que, con su ejemplo, supo enseñar a ser leal y consecuente con lo que se hace, lo que se piensa y lo que se dice.
Entrando en materia, puedo comenzar diciendo que en los 70 años más recientes, cuatro son las etapas durante las que han tenido lugar procesos comiciales. En una primera (en la que sí se puede hablar de elecciones en tanto constituyen la expresión de la voluntad libre y soberana del pueblo), tienen lugar dos elecciones generales. Ambas, se celebran durante la Primavera Democrática (1944-1954).

Una segunda etapa se inicia después de la intervención norteamericana a Guatemala (junio de 1954). La tercera, comienza con el golpe militar de 1963. Y, la cuarta etapa, se "inaugura" en 1985 con lo que se ha dado en denominar la transición democrática.

Durante la segunda etapa (1954-1963), el sistema de votaciones se caracteriza porque sus resultados, estrictamente hablando, no son expresión de la voluntad libre y soberana del pueblo. Tiene lugar un plebiscito mediante el que el votante debía de expresar de viva voz si estaba o no de acuerdo con que el cabecilla de la invasión mercenaria encabezara el gobierno. Los resultados, consumaron una imposición. El país estaba en Estado de Sitio y gobernado con base en un Estatuto de Gobierno, de facto.
En esta etapa, se anularon las votaciones de 1957. Fueron fraudulentas. Al repetirse, por mayoría de votos, asume el poder un general del Ejército que es depuesto por su ministro de la Defensa en 1963. A partir de aquél momento, se inicia la tercera etapa y tienen lugar cuatro votaciones generales. En la primera, se "elige" a un gobernante civil. Los militares le condicionan la toma del poder mediante un pacto en el que, al suscribirlo, se obliga a gobernar como lo hizo su antecesor, el coronel golpista.

En esta etapa, mediante las otras tres votaciones, se imponen. fraudulentamente. a tres generales que gobiernan durante sucesivos períodos de cuatro años. El tercero de ellos, es derrocado en 1982 por un movimiento de militares jóvenes que le encargan el gobierno de facto a una Junta Militar integrada por tres oficiales de alta graduación. Además, se anulan los comicios mediante los que el gobernante depuesto pretendió imponer a su sucesor que, por supuesto, era, también, un general.

A raíz del golpe militar del 8 de agosto de 1983, asume el poder otro general a quien se le atribuye la "institucionalización" de la "apertura democrática" y que en 1985 da inicio a la que corresponde denominar como la cuarta etapa. En estos 29 años, han tenido lugar siete votaciones y gobernado seis mandatarios civiles y un militar.  En 1993, un presidente civil fue designado por el Congreso de la República. El actual presidente, un general en retiro, obtuvo la mayoría de sufragios en la segunda vuelta de las votaciones del 2011.

Lo meramente descriptivo, no es suficiente: es lo inicial. Habrá que ahondar más respecto al significado que en lo institucional y para el país, tienen estas cuatro etapas. (Continuará).

viernes, 14 de marzo de 2014

A media semana




La alternativa política,
institucional
 



Dejo para otra oportunidad el tratamiento de la situación internacional actual. Tengo pendiente, además, retomar lo que para América Latina y el Caribe y otros países significa la II Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana a finales de enero.

Por ahora, paso a ocuparme del desafío político e institucional a asumir, a plantear y, previo a ello, abordar algo referente al Derecho, la institucionalidad, la democracia y las votaciones en el país.

El Derecho como obstáculo al cambio social (así tituló uno de sus libros el jurista chileno Eduardo Novoa Monreal), los constitucionalistas, legisladores y gobernantes del país, en mi opinión, lo instrumentan, además, en interés del statu quo.

La excepción --como no podía ser de otra manera--, confirma la regla. Es lo que aconteció a partir del triunfo de la Revolución del 20 de Octubre de 1954.

En la situación y condiciones que se crean a partir de aquél momento, las disposiciones de la Junta Revolucionaria y lo que aprueban y emiten los constitucionalistas y legisladores y cumplen y ejecutan los Presidentes Arévalo (1945 - 1951) y Arbenz Guzmán (1951 - 1954) confirma que el Derecho puede ser, a su vez, fundamento de transformaciones económicas y sociales, políticas e institucionales.

Es la valiosa experiencia --por cierto, olvidada y nunca tenida en cuenta después--, y legado histórico de la Década de la Primavera Democrática.

En la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente (14 de marzo de 1945), leyes y reglamentos que de ella emanan, se fundamentan los cambios que era necesario institucionalizar para sacar al país de la situación en que estaba hasta el derrocamiento de la dictadura de los 14 años.

No obstante, a partir de 1954, la institucionalidad en Guatemala se sustenta en tres Constituciones sucesivas (1956, 1965 y 1985), leyes constitucionales y ordinarias y reglamentos que inviabilizan los cambios, legitiman la democracia formal y lo que prevalece --valga la redundancia--, es la formalidad doctrinaria y jurídica. No se garantiza la plena participación ciudadana, política y social y, menos, los cambios que las condiciones y tendencia de los acontecimientos plantean.

En una institucionalidad impuesta y una democracia formal, las votaciones pasan a ser un trámite más mediante el que, en unos casos, se da la alternabilidad, igualmente formal, más nunca el cambio real de fuerzas que, al asumir el poder, institucionalicen transformaciones estructurales, de fondo.

En nuestro caso, dado el atraso, dependencia, injusticia e inequidad a que se ha orillado al país en estos 60 años, es impostergable la emisión de una nueva normativa constitucional que institucionalice la democracia real, funcional y participativa y la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, así como disposiciones que cambien a fondo el sistema electoral y de partidos.

Refundar el país, la Republica, el Estado y la Nación, es la alternativa política e institucional, no electorera ni oportunista, real y posible, a la institucionalidad impuesta, la democracia formal y unas votaciones carentes de legitimidad y representatividad.

viernes, 28 de febrero de 2014

A media semana




Antes y después de la Cumbre de La Habana 



La celebración en La Habana de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 28 y 29 de enero, marca un antes y un después para los pueblos y gobernantes de América Latina y el Caribe, para los gobernantes y pueblos de Estados Unidos y Canadá y, a su vez, para la tan maltrecha, obsoleta y desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo a una de las fuentes consultadas, a la Cumbre de La Habana asistieron 33 Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe. Fue presidida por el Presidente de Cuba, General de Ejército, Raúl Castro Ruz. A la Cumbre, la antecedieron la VIII Reunión de Coordinadores Nacionales (25 y 26 de enero) y la de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, celebrada el 26 y 27 de enero.

Una representación del Movimiento Independentista de Puerto Rico, asistió como invitada. Estuvieron presentes, además, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señor Ban Ki-Moon; el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; y, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señora Alicia Bárcena. (CubRed, 26 de febrero de 2014).

Conforme al Programa aprobado, los temas objeto de tratamiento fueron los siguientes: "el apoyo a la lucha de Argentina por la devolución de las Islas Malvinas; la lucha contra el dominio de las transnacionales; la explotación de los recursos naturales; el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, y las políticas culturales y el terrorismo.

Se abogó, además, "por la independencia de Puerto Rico y su inclusión a la Comunidad como país perteneciente a la región y la devolución a Cuba por parte de Estados Unidos del territorio que ocupa en la zona oriental de la Isla". (Fuente citada).

Los 33 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron y suscribieron "La declaración de la región como zona de paz y libre de armas nucleares"  y la "Declaración de La Habana". Los textos completos de estos importantísimos y trascendentales documentos, fueron publicados en la edición de Granma del 29 de enero.

La CELAC reúne a 33 países y naciones de América Latina y el Caribe. Cabe destacar que "América Latina y el Caribe es la región con la mayor cantidad de materias primas estratégicas del mundo. Es el espacio más diverso del planeta, con 40 por ciento de las especies animales y vegetales. Posee el área mayor de bosques que protegen la biodiversidad del mundo y cerca del 50 por ciento de los bosques primarios del mundo. En la región se concentra un tercio del agua dulce del planeta y cuenta con cuatro ríos de lo más caudalosos.

"Tiene, además, un gran potencial energético, por sus recursos petroleros, gasíferos y capacidades en áreas hidroeléctricas. Abarca una superficie de 21 mil, 437 kilómetros cuadrados; su población asciende a 596 millones, 937 mil habitantes; dispone de costas en el Atlántico y en el Pacífico; abarca los dos hemisferios (el Norte y el Sur); está ubicada frente al continente africano, y conecta con Europa por el océano Atlántico y con Asia por el Pacífico" (CubRed, fecha citada).

Es este inmenso y valioso potencial lo que en el pasado, actualmente y en perspectiva, define y configura la importancia geoestratégica, económica y social de la región. Lo político e institucional, por su parte, marca, nítidamente, el antes y  después de la II Cumbre de La Habana. A ello me referiré la semana entrante.